Los médicos presionan al TSJ para que apoye que los insultos sean delito

El Consejo Andaluz de Colegios Médicos (CACM) se ha reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río Fernández, para intentar conseguir su apoyo en la idea de modificar el Código Penal a nivel Estatal, y proteger áun más la integridad de los profesionales médicos.

El objetivo de los médicos andaluces es que se vuelva a penalizar con delito leve de atentado las actitudes de insultos, vejaciones y amenazas leves, tal y como sucedía antes de la derogación de la ley de faltas de 2015. Al ser preguntados por Redacción Médica, fuentes oficiales del Colegio subrayaron la necesidad de que esta propuesta trascienda a nivel nacional para conseguir así "una mayor protección para el médico".

En este sentido, el presidente del CACM, Emilio Manuel García de la Torre, destacó la importancia del documento emitido en 2012, con el que se consiguió unificar criterios antes los Tribunales en cuanto a que las agresiones médicas, para que estas constituyeran un delito de atentado a la autoridad.

De igual forma, solicitó el apoyo del TSJA para la modificación del Código Penal, con el objetivo de que vuelvan a penalizarse (delito leve de atentado) las actitudes de insultos, vejaciones y amenazas leves, algo que dejó de catalogarse así tras la derogación de la ley de 2015 referida a las faltas y la creación de los delitos leves.

Protección para el médico de la privada

Además, el CACM también manifestó su interés en que el delito de atentado se extienda igualmente en la Medicina privada al igual que en la pública, pues “no existe diferencia en la verdadera naturaleza del delito, debiendo considerar el bien jurídico protegido el acto sanitario, con independencia de donde se realice”.

Por último, los médicos andaluces denunciaron ante el presidente del TSJA que “existen asuntos médicos que se llevan por la vía penal, a pesar de no existir un error grosero, que es uno de los principales requisitos que establece nuestra jurisprudencia, para poder usar esta vía, sin que a nuestro modo ver existan indicios de criminalidad. Esto provoca investigaciones en los juzgados de instrucción que se alargan en el tiempo, en lugar de reconducirse por la vía civil o patrimonial, que es la prevista legalmente”.

Según el CACM, “los profesionales quedan muy afectados, desmotivados con su propia vocación, aunque ordinariamente salgan absueltos, por verse injustamente criminalizados. El daño que causan estos procesos penales al profesional que pone toda su vocación al servicio del paciente, existiendo otras vías más equilibradas en caso de discrepancia”.