Ángel Pérez Pérez, presidente de Ceofa.

Redacción. Sevilla
La Confederación Empresarial de Oficina de Farmacia de Andalucía (Ceofa) ha asegurado que utilizará “todos los instrumentos legales a su alcance” para exigir el cumplimiento de la ley, del sistema de reparto de competencias constitucional y la defensa de los derechos de los profesionales farmacéuticos a los que representa, en relación con el proyecto en el que está trabajando el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para adjudicar mediante concurso público el suministro de los principios activos a los laboratorios fabricantes que ofrezcan el precio más barato, conocido comúnmente como “subasta de fármacos”.

En una nota, Ceofa lamenta que por parte de la Consejería de Salud “se insiste en reducir las prestaciones del sistema sanitario público de Andalucía, respecto del estatal, con limitación de los medicamentos disponibles en nuestro territorio”.

Ha criticado que “ante las dificultades para implantar por la vía normativa sus pretensiones, la Consejería de Salud acude a la coacción, intentando imponer dichas medidas a través del convenio con las farmacias”.

Para la Confederación, el planteamiento de la Consejería de Salud, tal y como se desprende del documento remitido por el SAS, “consiste en la alteración del catálogo de medicamentos que puede quedar a disposición de los pacientes, reduciendo la posibilidad de obtener los mismos a una sola marca de entre todas las autorizadas por la Agencia Española del Medicamento, que son muchas y de precios iguales o muy similares”.

Ha asegurado que “del mismo modo ofrece la Consejería de Salud en el documento facilitar el cumplimiento de sentencias firmes, en vez de garantizar su cumplimiento; estudiar el impacto económico del concurso de farmacias, que aumentará una demanda en medicamentos que no podrá asumir; acordar en pactos excepciones a la ley; evitar que las recetas de otras comunidades autónomas se dispensen sin presentación de documento que acredite al paciente su condición de transeúnte; y otras circunstancias añadidas que prueban una vez más el erróneo rumbo que se marca para Andalucía desde la Consejería”.