Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
La equidad sanitaria territorial, en riesgo: la financiación provincial varía hasta 3 veces entre CCAA
Un análisis de Fedea muestra que las competencias sanitarias esenciales siguen dependiendo de criterios históricos y no responden a la carga asistencial actual
La financiación de servicios públicos esenciales en España presenta desequilibrios tan marcados que comprometen la equidad territorial y la calidad de la atención en ámbitos directamente relacionados con la salud, el bienestar y la cohesión social. Esta es la principal conclusión del documento Sobre la financiación de las competencias singulares, elaborado por Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que examina con detalle cómo el actual sistema de financiación autonómica asigna recursos a competencias que solo ciertas comunidades han asumido. Aunque el informe aborda un conjunto amplio de servicios, algunas de sus implicaciones se concentran en el ámbito sanitario, donde las diferencias de financiación por habitante alcanzan niveles que califica como "muy difícilmente justificables".
El sistema vigente se basa en el coste histórico del servicio en el momento del traspaso, un criterio que, según el análisis, genera valoraciones incoherentes y desiguales. De la Fuente advierte que este método "tiende a generar valoraciones muy diferentes para una misma competencia en distintos territorios", una situación que además permanece "prácticamente invisible" por la falta de publicación regular de datos detallados.
En total, las competencias singulares sumaron 8.319 millones de euros en 2023, pero su distribución territorial dista mucho de responder a criterios de necesidad sanitaria, demográfica o epidemiológica.
¿Qué competencias sanitarias están en juego y cuánto cuestan?
Así, el informe identifica varias competencias con impacto directo en la salud pública y la atención sanitaria. Entre ellas destacan los hospitales provinciales, cuya financiación asciende a 606 millones de euros, y que en muchas provincias representan la columna vertebral de la atención hospitalaria, especialmente en zonas rurales o con menor densidad de población.
También ocupa un lugar central el Instituto Social de la Marina (ISM), responsable de servicios sanitarios y sociales en territorios costeros, con una financiación de 221 millones. A ello se suman competencias relacionadas con la gestión del agua, como las obras hidráulicas y las confederaciones hidrográficas, que en conjunto superan los 539 millones y resultan esenciales para garantizar la calidad del suministro, la prevención de riesgos sanitarios y la gestión de recursos hídricos en un contexto de creciente cambio climático.
En este escenario, el informe subraya que el papel del ISM es especialmente sensible en términos sanitarios, ya que presta Atención Primaria, Servicios de Urgencia y programas de prevención dirigidos a trabajadores del mar y sus familias, un colectivo con riesgos laborales específicos y necesidades asistenciales diferenciadas. En comunidades como Galicia, Andalucía o Canarias, donde la actividad marítima es intensa, estos servicios constituyen una parte esencial de la red sanitaria pública. Sin embargo, la financiación asignada a esta competencia depende del gasto histórico del Estado y no de la población atendida ni de la carga asistencial actual, lo que genera diferencias que pueden traducirse en desigualdades en la disponibilidad de recursos, personal y programas de salud laboral.
Desigualdades territoriales en financiación
El análisis territorial revela que la financiación por habitante varía de forma extrema entre comunidades. Cataluña, que ha asumido más competencias singulares que ninguna otra, recibe 450 euros por habitante, más del doble de la media estatal, situada en 185 euros. Cantabria y La Rioja también destacan con cifras superiores a los 318 euros por habitante.
En el extremo opuesto, regiones como Castilla-La Mancha apenas alcanzan los 8 euros por habitante, mientras Murcia se queda en 17 euros. Estas diferencias no responden a criterios de necesidad sanitaria, demográfica o social, sino a la historia administrativa de cada territorio. El resultado es un mapa financiero que no guarda relación con la carga real de trabajo, la población o los estándares de calidad que deberían garantizarse en todo el país.
La financiación provincial es otro de los ámbitos donde las desigualdades se hacen más visibles y donde las implicaciones sanitarias son más directas: Extremadura recibe 367 euros por habitante, Castilla y León 360 euros, Asturias 293 euros, mientras Madrid apenas alcanza 136 euros. La dispersión supera los cien puntos de índice, una brecha que, según el autor, "resulta muy superior a lo razonable" y que debería ser revisada tanto en el sistema autonómico como en el local.
Propuestas para una reforma que garantice equidad y calidad
Ante este panorama, el documento plantea una reforma profunda del sistema de financiación de competencias singulares. Entre las propuestas destacan la integración gradual en el sistema general de aquellas competencias que previsiblemente asumirán todas las comunidades, como los hospitales provinciales o los servicios sanitarios del ISM, y homogeneizar la financiación mediante una media ponderada entre el coste histórico y la población usuaria real.
También recomienda publicar anualmente la financiación detallada por competencia, incluyendo convenios, subvenciones y cesiones de IVA, con el objetivo de mejorar la transparencia y el control público.
El informe concluye que la reforma del sistema de financiación autonómica es una oportunidad para corregir desigualdades históricas que afectan directamente a la calidad de los servicios sanitarios. La financiación de competencias singulares, tal como está diseñada, no garantiza igualdad en la prestación de servicios esenciales y requiere una revisión profunda para asegurar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, reciban una atención sanitaria de calidad equivalente.
