Ángel Luis Ortiz González

El Tribunal Supremo ha dictaminado que es la administración penitenciaria, y no la sanitaria, la que debe hacer frente a los costes de la prestación sanitaria en los hospitales públicos a internos en centros penitenciarios aun estando inscritos en la Seguridad Social. De esta manera, se da la razón a autonomías como Aragón, que reclamaron el pago de estos servicios. Además, esta sentencia se conoce el mismo día en el que el sindicato de Enfermería Satse haya denunciado la falta de profesionales en la sanidad penitenciaria, precisamente que "solo hay una profesional por cada 100 presos en España".