Las reformas de la Ley de Dependencia estarán listas en dos semanas

Enrique Pita. Madrid
Como viene siendo habitual en los meses de Gobierno de Mariano Rajoy, el Congreso de los Diputados ha sido el último en tener noticia de las intenciones del Ejecutivo acerca de la reforma de la Ley de Dependencia. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado en sede parlamentaria que en dos semanas “probablemente” se puedan presentar en el Consejo Territorial las líneas generales que el Ministerio prepara para reformar la norma y que van por la senda que la ministra ha ido deslizando los últimos días: mejorar la eficiencia de la aplicación de la norma buscando la sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia a través de revisar la valoración y sus baremos, conseguir una financiación equilibrada, establecer una cartera de servicios comunes y equitativos en todas las autonomías y avanzar en la coordinación sociosanitaria.

Carles Campuzano, de CiU, en el Congreso de los Diputados.

Con todo esto, la intención de Ana Mato, y con ella del Gobierno, es alcanzar un gran Pacto Sociosanitario que incluya no solo a las autonomías, gobernadas mayoritariamente por su propio partido, sino al resto de fuerzas con presencia parlamentaria, de forma que se alcancen “acuerdos mayoritarios en beneficio de todos” para, de este modo, lograr “dejar fuera del debate partidista la sanidad y la atención a las personas en situación de dependencia”. Así, el primer paso de este acuerdo, de este Pacto, será plantearlo en el próximo Consejo Territorial.

Sin embargo, alcanzar este gran Pacto requerirá de un esfuerzo por parte del Gobierno. El diputado de CIU Carles Campuzano ha recriminado a la ministra que se estén tomando medidas “que suponen problemas para las comunidades autónomas” como la supresión del nivel acordado. Así, Campuzano ha asegurado que en este año 2012 la Generalitat de Cataluña tendrá que hacer frente “al 80 por ciento de los costes de la dependencia” mientras que es el Estado el que recauda los beneficios fiscales que se derivan de esta atención, como la aportación de los trabajadores a la Seguridad Social.

Así, Campuzano ha advertido a Mato que “creer que una mayor centralización resolverá los problemas de aplicación autonómica de la Ley es imposible, a no ser que el Gobierno central convierta la atención a la dependencia en una prestación de la Seguridad Social”. Por tanto, ha reclamado al Gobierno que “no reglamente para homogeneizar recursos”, sino que aporte “recursos para poner en práctica” de manera adecuada la Ley de forma que se oriente a la creación de empleo y riqueza.

En respuesta, Mato ha señalado que la intención del Gobierno “no es en ningún caso que las autonomías tengan más gasto, sino que prioricen en dependencia”. Así, ha destacado que el Pacto “está sobre la mesa” y que se han alcanzado acuerdos con las autonomías para “ahorrar y mantener la calidad”. Mato no ha dejado pasar tampoco la ocasión para recordar la herencia recibida: “la aplicación de la Ley fue caótica desde el comienzo, no es culpa nuestra que así haya sido”, pero ha afirmado que la labor del Gobierno es “solventar las situaciones que afectan a la equidad de modo que todos los españoles tengan derecho a las mismas prestaciones en todo el país”, algo para lo que se dialogará con los gobiernos autonómicos “respetando sus competencias”.