Habrá que esperar a la cuenta de resultados del primer trimestre para hacer una primera valoración



01 feb 2015. 16.00H
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Redacción. Madrid
Un mes después de la entrada en vigor de la subida del IVA sanitario, que ha conllevado un incremento en la tributación de gran número de productos, pasando del 10 al 21 por ciento, las consecuencias para el sector de la tecnología sanitaria, en el que se incluyen fabricantes y distribuidores de productos sanitarios, son una incógnita. Fuentes del sector consultadas por este periódico explican que es pronto para saber cómo está afectando este incremento y que habrá que esperar unos meses antes de poder hacer un análisis detallado al respecto. Además, las mismas fuentes explican que hay dudas pendientes de resolver por parte de la Administración, que debe concretar aún algunos matices puestos sobre la mesa por las compañías en relación con algunos productos que no ha quedado muy claro en qué grupo deben incluirse.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

A final de 2014 se apreció un cierto incremento en los pedidos de determinados productos de fácil almacenaje, pero no fue especialmente significativo. Así, fuentes del sector han explicado a este periódico que las dificultades económicas que atraviesan algunos hospitales privados complica la posibilidad de hacer acopio de productos. Por su parte, en el sector público tampoco se ha apreciado que esto haya sucedido de forma generalizada. Además, y aunque la medida también encarece el precio de productos de alta tecnología, lo cierto es que un hospital “no compra una resonancia magnética si no la necesita”, puntualizan desde el sector.

Esta medida, en un contexto de crisis e impagos no viene sino a profundizar en las complicaciones que sufre el sector, y probablemente no será hasta el segundo trimestre, en el momento en que las compañías ofrezcan los resultados económicos del primero, cuando empiecen a poder cuantificarse las consecuencias de la entrada en vigor de esta medida que deriva de una sentencia europea, que en 2013 condenaba a España por aplicar un tipo de IVA “ilegal” a un gran número de productos sanitarios.

A lo largo de dos años, la patronal del sector, Fenin, junto con agentes de la sanidad privada y el Gobierno español ha trabajado para intentar reducir el impacto de la medida y lograr que quedaran fuera del incremento el mayor número de productos. Así, la intención española ha sido, desde el principio, continuar aplicando el tipo reducido a aquellos que se puedan considerar de primera necesidad, es decir, aquellos que salvan vidas, corrigen discapacidades o solventan una minusvalía, algo que se ha logrado en cierta medida y productos como las gafas y lentillas, prótesis, implantes quirúrgicos, sillas de ruedas, absorbentes de incontinencia, dispositivos de tratamiento de diálisis domiciliaria o tratamientos respiratorios seguirán tributando al 10 por ciento.

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