Jorge Huertas, presidente de Fenin.
La
tecnología sanitaria vive un momento decisivo para reforzar su futuro industrial y estratégico en España. Bien lo sabe
Jorge Huertas, presidente de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que celebra los
avances alcanzados con el Gobierno para dotar de un marco normativo para la tecnología y los productos sanitarios y poner en marcha el denominado 'Plan Protech', una iniciativa que considera un paso adelante hacia la
industrialización del sector.
"Las intenciones del Gobierno de desarrollar un '
Plan Protech' es otro positivo paso para favorecer esta industrialización y reconocer a las compañías que apuestan por la innovación", señala Huertas en una entrevista con
Redacción Medica. No obstante, sin olvidar que la principal vía para
reforzar la producción nacional y reducir la dependencia de terceros países pasa por apostar, de forma decidida y prioritaria, por la Autonomía Estratégica Abierta en este sector.
El presidente de Fenin subraya que la industria aporta ya un valor añadido directo de
5.100 millones de euros a la economía española y genera más de 54.000 empleos de calidad, el 96 por ciento de ellos indefinidos. Sin embargo, advierte del impacto que pueden tener las
políticas arancelarias en Estados Unidos, que podrían suponer un
sobrecoste de hasta el 12 por ciento para las compañías del sector.
Huertas reclama, además, avanzar en medidas estructurales como la
indexación de los contratos públicos, que considera “la vía más directa y eficaz” para corregir la inviabilidad económica de muchas empresas, especialmente pymes y micropymes, afectadas por
la inflación y los nuevos costes regulatorios.
El sector de Tecnología Sanitaria aporta ya un valor añadido directo de 5.100 millones de euros a la economía española y genera más de 54.000 empleos de calidad, el 96 por ciento indefinidos. ¿Qué lectura hace de estas cifras? ¿Qué factores explican este dinamismo pese al contexto económico global?
Son cifras que nos enorgullecen y que arrojan una visión completa de la relevancia que tienen nuestra industria no solo para el
sistema sanitario y la mejor salud de los ciudadanos, sino para el avance del país y la sociedad.
El factor que lo explica no es otro sino que nuestras compañías mantienen un
compromiso inamovible con la inversión, con más de 450 millones anuales, y la empleabilidad, a pesar de este complicado contexto. No hay que olvidar que el 21 por ciento por ciento de las empresas del sector presentaron resultados económicos negativos en 2023, sin que haya repercutido, todo lo contrario, en este compromiso.
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"El sector necesita más apoyo institucional para explotar todo su potencial y asegurar la viabilidad de las compañías"
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Fenin ha destacado que cada euro invertido por la industria genera 1,27 euros adicionales al país. ¿Cree que la Administración está reconociendo suficientemente el papel del sector como motor de progreso económico y social?
Sabemos que todas las administraciones reconocen el papel esencial y estratégico de nuestro sector, y que son conscientes de que generamos
un impacto cada vez más positivo. Pero necesitamos
más apoyo institucional para explotar todo nuestro potencial y asegurar la viabilidad de nuestras compañías.
Un apoyo que, por ejemplo, se traduzca en
cambios normativos que atiendan las peculiaridades de la tecnología sanitaria y fomente la incorporación de innovación al sistema, junto a inversiones y estrategias que consoliden nuestro tejido productivo y la competitividad, como la indexación de los contratos públicos o la
compra basada en valor.
También han alertado desde el sector sobre los efectos de las políticas arancelarias y la guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cómo pueden afectar estas tensiones a la competitividad y al acceso a tecnologías sanitarias en España?
Efectivamente, hay un
riesgo directo en el acceso de profesionales y pacientes a tecnologías sanitarias que son imprescindibles para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Por supuesto, también amenaza la viabilidad y competitividad de esta industria que, en su mayoría, está conformada por
pymes y micropymes que ya presentan pérdidas. Las instituciones deben ser sensibles a esta cuestión.
Es pronto para un análisis certero, pero estimamos que los aranceles pueden suponer un
sobrecoste de hasta el 12 por ciento para nuestras compañías. El mercado estadounidense es estratégico: se trata del segundo destino de nuestras exportaciones, solo por detrás de Europa, por un valor de 781 millones de euros en 2024 (15,7 por ciento del total), con un crecimiento del 42 por ciento respecto a 2023.
Por eso reclamamos que cualquier política comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, o las negociaciones entre ambas partes,
exima de aplicar nuevos impuestos a la salud y, en concreto, a la fabricación y distribución de tecnologías y productos sanitarios, que son bienes esenciales.
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"Reclamamos que cualquier política comercial entre EEUU-Europa exima de aplicar nuevos impuestos a la salud"
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Fenin ha defendido en el Parlamento Europeo una política de 'Cero por Cero' para eliminar los aranceles a las tecnologías sanitarias. ¿Qué respuesta han recibido por parte de los eurodiputados y qué pasos esperan de la Comisión Europea?
Estamos manteniendo una intensa actividad institucional tanto en Europa, junto a
MedTech Europe, como España, como es el caso de estos encuentros con
Juan Ignacio Zoido, del Grupo del Partido Popular Europeo, y con
Nicolás González Casares, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Les hemos transmitido nuestra preocupación por los efectos de las políticas arancelarias y la importancia de apostar por una política de negociación de 'Cero por Cero' que
elimine por completo los aranceles para el sector de la tecnología sanitaria en ambos mercados.
Cualquier contramedida que pudiera poner en marcha la UE acarrearía un perjuicio añadido al sector y a nuestro sistema sanitario del que ya supone las medidas de la administración norteamericana. El 23,4 por ciento de las importaciones de nuestro sector
provienen de Estados Unidos, en especial materias primas y componentes para fabricar tecnología en España, por un valor de 2.500 millones de euros.
Estamos a tiempo de evitar potenciales
problemas de acceso a tecnología y productos sanitarios generados por la rotura de las cadenas de producción, incrementos de costes o la desaparición de proveedores.
¿Qué papel juega la 'Autonomía Estratégica Abierta' en el futuro del sector y qué medidas concretas reclaman al Gobierno dentro del Plan Nacional de Industrialización de la Tecnología Sanitaria?
La apuesta por la
Autonomía Estratégica Abierta ya era prioritaria en un sector esencial como el nuestro, para tener un mercado autosuficiente y reducir la dependencia de terceros países. Ante el actual contexto geopolítico, esta urgencia es mayor. Nuestra industria es referente en innovación, pero también
debe serlo en producción; hay que alinear innovación y producción local. La balanza comercial en España es negativa: importamos muchas más tecnologías de las que exportamos.
Todas estas cuestiones deberían atenderse en un
Plan de Industrialización para nuestro sector, con el que reforzar las capacidades productivas, crear mejores condiciones para invertir en plantas y centros de I+D, y retener talento. Hemos acordado con el
Ministerio de Industria la creación de un grupo de trabajo para avanzar en ello. También las intenciones del Gobierno de desarrollar un
'Plan Protech’ es otro positivo paso para favorecer esta industrialización y reconocer a las compañías que apuestan por la innovación.
¿Qué impacto tendría la indexación de los contratos públicos en la estabilidad de las empresas, especialmente de las pymes que representan gran parte del sector?
La indexación es, sin duda, la medida más directa y eficaz para corregir la inviabilidad económica de muchos contratos públicos de tecnología sanitaria, a causa del periodo inflacionista en el que opera la industria, y, ahora, los efectos de los aranceles. Las compañías mantienen y mantendrán las prestaciones por compromiso con los pacientes, para asegurar su acceso a tecnologías sanitarias esenciales para ellos. Pero la realidad es que
muchos contratos no son viables y, por supuesto, tiene mayor impacto en las pymes y micropymes, con balances económicos más ajustados.
Esta situación no solo afecta a contratos en vigor, sino también a la concurrencia a nuevos concursos. El sistema no se puede permitir que una empresa no se presente a un concurso o incluso quede desierto, porque sea manifiestamente
inviable desde el origen.
La
indexación ofrecería seguridad y certidumbre desde el inicio del procedimiento. La modificación que se hizo en la
Ley de Contratos en 2023 no ha permitido resolver esta necesidad y por eso reclamamos que se vuelva al modelo vigente hasta 2015, que vincule la indexación de los contratos a la evolución del IPC.
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"La indexación de contratos ofrece seguridad y certidumbre"
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Fenin ha insistido en la necesidad de un marco normativo propio, estable y predecible. ¿Qué carencias detectan hoy en la legislación y qué avances esperan con el anteproyecto de la nueva Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios?
Nuestro sector se rige por un marco normativo que no siempre atiende las peculiaridades de las tecnologías y productos sanitarios, o bien no se actualiza a la misma velocidad con la que este sector desarrolla innovación y beneficios para el sistema sanitario. Necesitamos un
marco normativo diferenciado y con certidumbre.
Respecto al anteproyecto, agradecemos al Ministerio de Sanidad su sensibilidad al querer otorgar un
espacio diferenciado en el texto al producto sanitario respecto al medicamento. Y que también se atiendan históricas reivindicaciones del sector como la puesta en marcha de un Plan Protech para nuestra industria, o apostar por una mayor ponderación de los criterios de valor en la
compra pública de tecnología sanitaria.
No obstante, hay otros aspectos que creemos se deben trabajar o modificar en este texto para asegurar la incorporación de innovación al catálogo de productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica (lo cual no viene siendo posible desde hace casi 20 años),
no realizar agrupaciones homogéneas de productos sanitarios (ya que, aunque dos productos tengan un mismo uso pueden diferir sustancialmente en sus costes y características), y
no regular los márgenes de distribución y dispensación.
El texto prevé limitar el peso del precio al 20 por ciento en los concursos públicos de tecnología sanitaria. ¿Lo considera un paso real hacia la compra pública basada en valor y calidad frente al precio?
Es una apuesta muy relevante y demuestra sensibilidad del Ministerio por un cambio de enfoque en los modelos de compra pública, dando mayor importancia a criterios ligados al
valor, calidad y sostenibilidad que aporta la innovación, en detrimento del factor precio. No es solo una reivindicación del sector.
También las gerencias y los propios responsables de compras y equipos de contratación de las comunidades autónomas apuestan por modelos basados en valor, como se recoge en nuestra
Guía de Compra Pública Eficiente de Tecnología Sanitaria. Si se aprueba esta modificación tendremos asegurado que llegará la mejor tecnología al paciente.
¿Qué oportunidades abre para el sistema la aplicación de la Inteligencia Artificial y cuáles son los principales retos éticos, regulatorios y de seguridad?
La IA tiene un enorme potencial para transformar la sanidad, tanto para optimizar la gestión en hospitales y centros de salud como para mejorar la práctica asistencial. Son ya muchas las tecnologías sanitarias desarrolladas por nuestra industria que incorporan IA, con especial protagonismo en
imagen médica, robótica y anatomía patológica.
Pero nos preocupa que el apetito por implantar la IA pueda comprometer la seguridad de los pacientes. Es imprescindible que se incorpore con todas las garantías y para ello debe cumplirse la regulación sanitaria.
El marcado CE de producto sanitario es fundamental para todos aquellos softwares, algoritmos o dispositivos médicos que incorporen IA empleados en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades o que ayuden en la toma de decisiones clínicas. El marcado CE de producto sanitario acredita que el fabricante ha evaluado el producto y cumple los requisitos de
seguridad, calidad y eficacia exigidos en la legislación sanitaria.
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"La IA tiene un enorme potencial para transformar la sanidad, pero no debe comprometer la seguridad de los pacientes"
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Fenin cuenta con certificaciones en calidad, compliance penal y antisoborno, y está en proceso de certificación en libre competencia. ¿Cómo se traduce esta apuesta por la gestión responsable y la transparencia en la práctica diaria de la Federación?
Esta apuesta por un modelo de gestión responsable y comprometido nos lleva a poner el foco en el día a día en aspectos como la orientación al cliente, la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Nuestra Federación está certificada con el sistema de
gestión de calidad ISO 9001:2015; el sistema de gestión antisoborno ISO 37001:2016 y el sistema de gestión de compliance penal UNE 19601:2017.
Y, efectivamente, nos encontramos en proceso de certificación del sistema de gestión de compliance en materia de libre competencia UNE 19603:2023. Apostar por un modelo de gestión así también contribuye al
fortalecimiento del sector de la Tecnología Sanitaria y a la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas.
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.
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