Vuelta a las 35 horas: entre el derecho del trabajador y el Constitucional

El regreso a las 35 horas es la exigencia de muchas Comunidades Autonómicas en España. Algunas como Castilla y la Mancha o País Vasco ya lo intentaron en el pasado, sin éxito. Ahora, Andalucía ha vuelto a enfrentarse al Gobierno y ha impuesto a sus funcionarios la jornada reducida. Los sindicatos ven esta medida una forma de ejercer presión para que los profesionales sanitarios vuelvan a recuperar un derecho que se les retiró en 2012. Aunque, es la justicia la que tiene la última palabra. El Tribunal Constitucional ya ha sentenciado que tomar esa decisión por cuenta propia, como ha hecho Andalucía, es completamente inconstitucional. El reloj sigue corriendo para Mariano Rajoy que tiene como plazo máximo tres meses para recurrir la decisión de Susana Díaz. 

¿Es el momento de devolver a los funcionarios las 35 horas tras los sacrificios realizados tras la crisis? 

Mar Rocha, adjunta a la secretaría general de acción sindical Satse: Desde el ámbito político se nos dice que hemos salido de la crisis. Ya es hora de pagar ese esfuerzo que han hecho los estatutarios en cada una de las Comunidades Autónomas en materia de sanidad. Es urgente volver a la jornada de las 35 horas y con ello contratar a más personal. Esto supondrá más calidad para el sistema y para los usuarios que reciben esta atención.

Gabriel del Pozo, vicesecretario general de la Confederación Estatal del Sindicato Médico: No es una reducción de la jornada laboral, es nuestra jornada. Lo que nos hicieron fue una ampliación de las horas y realmente todos queremos ser andaluces en este momento. No quiero que a Andalucía le quiten lo que ha conseguido sus 35 horas, sino que el resto tengamos esta misma Ley. Es verdad que era por un problema económico, teóricamente. Si ya estamos en franca mejoría, como se nos está vendiendo, no hay ninguna excusa para que recuperemos la jornada anterior. La aplicación de las 37,5 horas ha producido pérdidas de puestos de trabajo, que tenemos que recuperar.

A eso quería ir, el recorte del salario de los profesionales sanitarios. ¿La vuelta a la aplicación de las 35 horas también debería de conllevar una mejora del salario después de esa pérdida de poder adquisitivo que se ha dado durante estos últimos cinco años?

Gabriel del Pozo: Muchas CC AA, sobre todo a nivel de profesionales médicos, la forma de aplicar las dos horas y media más ha provocado un descenso de su salario. La Administración no ha permitido que se hiciera más trabajo en la mayor parte de las Comunidades, lo que ha hecho ha sido invertir y reducir los salarios de los profesionales.
Mar Rocha: Ahí está el problema de la aplicación que tuvo el decreto de las 37’5 horas. Al final ha sido un agravio comparativo dependiendo de cada CCAA y dentro de un mismo Servicio de Salud, también por categoría la aplicación ha sido muy dispar.

Aida Fonseca, legalmente ¿hasta qué punto existe el límite entre las competencias entre el Estado y las Comunidades para aplicar esta normativa?

Mar Rocha reflexiona sobre gasto en sanidad que realiza cada CCAA

Aida Fonseca, abogada y profesora de la Universidad Europea de Madrid: Aquí hay que valorar la cuestión de legalidad, de constitucionalidad, y de reparto de competencias. El Tribunal Constitucional lo que hizo fue rechazar la propuesta de Castilla y la Mancha. En el caso de Andalucía, ya veremos, porque todavía están en tiempo y forma para presentar el recurso. Ahora mismo están en negociación en comisión bilateral. El Estado es el único que tiene competencia exclusiva en legislación laboral, aunque con matices. El reparto de competencias está en el artículo 149, dentro de su complejidad, y en este caso las CCAA y Andalucía también, están vulnerando el principio de exclusividad que tiene el Estado en el marco de esas competencias.

Gabriel del Pozo: De todas formas nosotros no cuestionamos que no haya ilegalidad. Lo que cuestionamos y lo que pedimos es que al igual que el Gobierno puso por decreto por una cuestión de crisis económica una jornada, que ahora por decreto volvamos a la jornada que realmente teníamos. No pedimos que las CCAA tengan que utilizar el recurso del artículo 33 para saltarse la ley. Lo que exigimos al Gobierno, a Hacienda, es que recupere lo que había antes y ahí no habrá problemas de legalidad del territorio.

Aida Fonseca: En ese sentido sabemos que el Decreto Ley es la forma jurídica que utiliza el Gobierno para regular las relaciones laborales. Y ahora mismo lo ha hecho Andalucía también.

Mar Rocha: Y por eso mismo queremos que el Estado tome nota del toque de atención que le están dando las CC AA. Que teniendo las materias de sanidad transferidas no puedan ejercer esa jornada laboral de 35 horas que quieren para sus trabajadores, por una cuestión de Estado.

¿Cuál es el plazo que tiene el Gobierno para reclamar la normativa andaluza?

Aida Fonseca: El plazo es de tres meses para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Lo único que se puede ampliar a nueve meses es en el caso de que Andalucía se reúna con el Gobierno en una comisión bilateral. Todavía podría estar a tiempo y no sabemos cómo transcurrirán esa serie de negociaciones. En el caso de que otras comunidades aplicaran esta normativa, no sabemos cuál sería la posición del Gobierno. A lo mejor actuarían como hicieron con la comunidad de Castilla y la Mancha, a la que le presentaron un recurso directamente. La sentencia del Constitucional tiene tres votos particulares, con lo cual incluso podría haber división a la hora de considerar la aplicación de esas competencias establecidas en el 149 de la Constitución.

Cada Comunidad tiene un presupuesto diferente. Como decís, las competencias en materia de sanidad están trasmitidas, pero ¿están preparadas todas las comunidades autónomas para volver a las 35 horas?

Mar Rocha: Tiene que haber un en la contratación de personas. Pero ya hay unas diferencias en cuanto al gasto sanitario que emplea cada CC AA. Tenemos Andalucía que sería el extremo en el que menos se invierte en Sanidad frente a Navarra. Hay una diferencia en el gasto y en el esfuerzo que hace cada CC AA. Aplicar esa jornada supondría una agravio económico, pero hay que conseguir un pacto de Estado y se apueste por la sanidad.

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Andalucía ha actuado con el mismo mecanismo jurídico que utilizó el Estado

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Gabriel del Pozo: Lo que no puede haber es un PIB tan diferente en sanidad de unas comunidades a otras. De alguna forma tiene que estar regulado. No puede ser que unas comunidades tengan un presupuesto en sanidad muy alto, comparado con otros que lo tienen realmente bajo y que sigan manteniendo el sistema sanitario en competitividad y presumiendo del sistema sanitario español como uno del os mejores europeos, pero acosta de los profesionales y en detrimento del empeoramiento del sistema por la no inversión en el sistema por parte de los políticos. Esto provoca el empeoramiento de la salud de nuestra población. Y evidentemente otra de las cosas que deberían de tener en cuenta es que como ha comentado mar los presupuestos en la sanidad deben de ser finalista. Es más se están planteando una serie de impuestos a una serie de alimentos, bebidas, que vienen generados porque eso genera unos problemas sanitarios, me parece perfecto. Ya lo hacen en otros países europeos. Si existen y se impone por sanidad que menos que eso se reinvierta en sanidad, y no los utilicemos para tapar agujeros de otras cosas que nos creamos.

Mar Rocha: Efectivamente, hay que mirar con perceptiva otras partidas presupuestarias que hay en este país. Y apostar por este pilar básico que es la sanidad, y también hay que fijarse en otros modelos que tenemos en Europa y cuánto dinero se destina a sanidad y cuál va a ser nuestro modelo.

Haces mención a Europa. El ministro de Hacienda justifica esas 37’5 horas en el marco de la media europea. Digamos que actualmente solo Francia, Portugal, Países bajos, Italia y  Dinamarca son los únicos países que tienen una jornada laboral por debajo de las 37 horas. Alemania, por ejemplo, estaría en las 41 horas. ¿Es válido el argumento del ministro Montoro remitiéndose a Europa para no reducir la jornada laboral en España?

Mar Rocha: Yo le preguntaría al señor ministro; ¿En qué marco nos queremos mirar? Nos queremos parecer en gasto sanitario al de Bulgaria, Hungría, Estonia o nos queremos parecer a Dinamarca, Francia, Alemania. Ahí está la pregunta sobre la mesa, ¿a quién nos queremos parecer? ¿Cuánto dinero se puede invertir en sanidad para incrementar la calidad de la población española?

Gabriel del Pozo: "Empujamos hacia el mismo lado para recuperar las 35 horas"

Gabriel del Pozo: Además, deberíamos de preguntarle al señor Montoro si esa opinión es la de hoy o la que nos va a contar pasado mañana, porque va teniendo unos vaivenes en muchas situaciones, como es en el problema de la tasa de reposición. No me puedo creer que en la reunión de presidentes autonómicos diga una cosa, y ahora de buenas a primera se pública otra.

Aida Fonseca: En este sentido sí que hay que criticar un poco la labor del Gobierno porque nos comparamos siempre con Europa al hablar de situaciones laborales porque no nos interesa llegar al tope de las 41 horas como hacen en Alemania, pero no nos comparamos en cuestiones salariales. El salario medio en España es de 26.000 euros en un principio y en Alemania está cerca de los 47 mil euros. O las vacaciones que en Austria llegan a alcanzar las cinco semanas. Pues si vamos a debatir cuestiones laborales vamos a hablar de otros contextos y otras raciones laborales.

Aida, quería preguntarle ¿se ha precipitado Andalucía aprobando este Decreto Ley?

Aida Fonseca: Ha actuado como actuó el Gobierno con la reforma laboral, con la aprobación de un Real Decreto Ley. En este caso, Andalucía ha actuado con el mismo mecanismo jurídico. Ha hecho lo que le corresponde dentro de la legalidad. Ahora bien, sabe que hay un recurso de inconstitucionalidad vigente y que hay una sentencia del Tribunal Constitucional y en cualquier caso si llega a instancia del Constitucional la respuesta sabemos cuál va a ser.

La aplicación de la jornada reducida puede derivar en más contrataciones pero esas plazas suelen ser temporales. ¿La reducción de jornada es un amigo o un enemigo?

Mar Rocha: El enemigo ya lo tenemos en casa, ahora mismo la temporalidad que hay en sanidad es brutal. Que se achaca a la crisis pero viene de muchísimo antes. Se tomó como costumbre. Va a suponer que 20.000 enfermeras que no vieron renovado su contrato o fueron despedidas, y que van a retornar al mundo laboral. Partiendo de que tenemos unas plantillas deficitarias previa. La ratio de enfermería era tan baja casi como ahora. Hacen falta 140.000 enfermeras para equipararnos a Europa.

Gabriel del Pozo: La temporalidad no viene de la época de crisis, puede haber aumentado pero en época de vacas gordas había temporalidad. Hay Comunidades con una temporalidad como Canarias cercana al 60 por ciento. Las que mejor están son por encima del 20 por ciento. Tenemos que recuperar esos puestos de trabajo y volver a las 35 horas. Que quieren negociar otras cosas, las negociamos, pero hay que recuperar todos los derechos perdidos y esos puestos de trabajo.

Aida Fonseca: No voy a discrepar pero tengo que matizar. Sí es cierto que el Gobierno siempre ha hecho un abuso del artículo 9 del Estatuto Marco. Se abusa de la contratación del personal estatutario eventual, fundamentalmente. La discusión de volver la jornada anterior puede generar contratos, pero el objetivo es conseguir empleo estable. Se debe apostar por una tasa de reposición adecuada, no un empleo precario de seguir llamando interinos. Por ello puede que no sea un aliado es discutible. Lo que se debe perseguir es la reposición, generar nuevas plazas, como persigue Aragón.

Aragón modificó su Ley de Salud para ello. ¿Tendría argumentos jurídicos para revocarla si fuera impugnada?

Aida Fonseca: Sí podría, lo que pasa es que la finalidad de esa reforma es mejorar la tasa de reposición y los argumentos jurídicos son completamente distintos. La Constitución tiene una enorme complejidad en este sentido porque si bien al Estado le corresponde desarrollar la legislación laboral básica y desarrollar en virtud del artículo 149.1/13 todos los derechos y obligaciones de los funcionarios públicos con el carácter de preservar ese bien común, también es discutible que las comunidades no puedan hacerlo. El letrado de Castilla- La Mancha exponía que esa supuesta contención del gasto público no estaba justificada porque en la ley no se hablaba de ese ahorro.

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La vuelta a las 35 horas aliviaría la mala distribución de la jornada laboral en España

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Gabriel del Pozo: En ese tema, aclarar que los sindicatos profesionales no estamos diciendo que sea un aliado que se contrate. Los dos que estamos aquí ahora queremos un empleo estable y de calidad. Las propuestas comunes en el ámbito queremos que se repongan esas vacantes que se habían generado, para todo el territorio español. Que la precariedad se resuelva con OPE coordinadas con las CCAA, con principios comunes. Empleo estable, de calidad y no precario.

Mar Rocha: La temporalidad es enemigo de la calidad y la temporalidad. Ni con 37,5, ni con 35 se puede admitir la tasa de temporalidad que tenemos ahora mismo.

En el sector hay particularidades en función de la categoría profesional. ¿Eso puede suponer un problema a la hora de aplicar la jornada anterior?

Mar Rocha: El problema ha sido la aplicación de la jornada de 37,5 horas, que en cada sitio se ha aplicado de una manera. Hay diferencias también por categorías profesionales y dentro de los propios servicios. La vuelta aliviaría esa mala distribución de la jornada laboral.

Gabriel del Pozo: Esto no va a ser una lucha por categorías porque empujamos hacia el mismo lado. Si nos comparamos con funcionarios de otro lado, ¿por qué en otros sitios se aplica solo media hora más de jornada y a nosotros no nos dejan por el hecho de ser sanitarios? Déjeme trabajar más, no me descuente más, pero no sobrecarguemos a los profesionales.

Mar Rocha: Ahora se trabaja con una carga que no es viable.

Nos gustaría conocer un poco más esos votos particulares de la sentencia del Constitucional respecto a Castilla-La Mancha, así como la sentencia en su conjunto. ¿Qué argumentó para echar atrás esta Ley?

Aida Fonseca: El Gobierno presentó este recurso por considerar vulneradas las competencias establecidas en la Constitución. Hablamos de un triple reparto entre competencias, sin ánimo de entrar de lleno en eso, lo que pedía el abogado del Estado eran tres cosas. Considerar vulnerado el 149.1/7, que es el que habla de que las relaciones laborales son para el Estado. También que el 149.1/18, que dice que la planificación económica en carácter básico le corresponde al Estado. Así como el 149, que indica que los derechos y deberes de los funcionarios le corresponden al Estado. Castilla-La Mancha consideró que no se vulneraban esos derechos porque al Estado le corresponde la legislación básica pero todo lo demás le corresponde a las comunidades autónomas. De hecho así se ha hecho siempre y el Gobierno ha cambiado la tradición normativa. En la norma de 2012, la finalidad de la ley no entraba de lleno en la ley cuantificando gastos en ingresos. El Constitucional sí consideró vulneradas esas competencias y de ahí el fallo. Los 3 votos particulares vienen a decir es que esa norma de 2012 no se puede considerar norma básica para entrar a desarrollar cuestiones específicas como la jornada de los funcionarios. A mi juicio, Aragón a través de esta modificación lo está haciendo bien de otra forma porque intenta salvar esta calidad de  los servicios sanitarios por otro lado. Andalucía y otras están tomando un pulso al Gobierno y desde el punto de vista legal son inconstitucionales y podrían ser  rechazadas. La aplicación ahora se está llevando a cabo con matices. Jugar a este empleo de los instrumentos jurídicos cuando me convienen, como jurista, los tengo que criticar. Porque no podemos estar cuestionando cosas tan importantes como la Sanidad o la Educación y hay que ser consecuentes, respetar lo que dice el Tribunal Constitucional, y buscar otras formas que garanticen los servicios sanitarios.

Aída Fonseca argumenta los motivos que han llevado al Constitucional a rechazar las 35 horas

Si el Constitucional lo deniega, ¿puede haber alguna sanción a Andalucía por la aplicación de las 35 horas desde el punto de vista del marco legal?

Aida Fonseca: El recurso de inconstitucionalidad únicamente lleva aparejado la retirada inmediata de la ley. La sanción ya viene en la propia gestión del presupuesto, en que se puedan hacer cargo o no de ese gasto.

Mar, Gabriel, vosotros como líderes sindicales tendréis contacto con todas las comunidades. ¿Aparte de las que ya he mencionado, como Castilla y León, que ha propuesto menos horas para sus funcionarios, os consta que haya otras que lo tengan entre sus objetivos?

Mar Rocha: El clamor popular, por así decirlo, en el ámbito sanitario, es evidente. Los ejemplos de comunidades autónomas que has puesto anteriormente han sido los primeros ‘valientes’, pero indudablemente va pasando el tiempo y se van sumando cada vez más. Algunos todavía no se han atrevido a poner el tema encima de la mesa. Euskadi ya lo intentó y fue rechazada.

Gabriel del Pozo: Por parte de nuestros representados y de nuestros representantes en todas las comunidades, el tema está encima de la mesa sectorial de todas las autonomías. La idea es recuperar todo lo que teníamos antes de este decreto, y entre eso están las 35 horas. Por nuestra parte no hay ninguna duda. Otra cosa es que nos hemos encontrado con la ‘pared’ del Gobierno central, que prohíbe esto y aquí no se puede hacer nada. En los únicos sitios que se ha intentado ha sido porque los gobiernos autonómicos han dado ese paso, no porque nosotros no lo quisiéramos dar. Si por nosotros fuera, lo habríamos dado ya.

Os ha abierto la puerta el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para acordar la vuelta a la jornada laboral anterior a la crisis o bien para justificar los motivos por los que no se puede aplicar

Mar Rocha: Directamente con el ministro Montoro no, pero sus declaraciones son claras: no a la tasa de reposición, no a la vuelta de las 35 horas y no a todo lo que suponga dinero. Pero el ahorro de dinero no lleva aparejada la calidad, y estamos hablando de un pilar básico de esta sociedad. Falta poner dinero encima de la mesa para aumentar la calidad y el bienestar de los ciudadanos. Eso es clave.

Gabriel del Pozo: Nosotros no hemos mantenido ninguna reunión con el Ministerio de Hacienda. Lo único que tenemos es la aplicación que nos hace en cualquier otra referencia, dado que parece que el Gobierno de la nación es en realidad el Ministerio de Hacienda. Si abre las arcas todo el mundo gobierna, y si no nadie hace nada. El interlocutor que estamos teniendo a nivel nacional es el ministerio de Sanidad, y la vía que estábamos teniendo era el Ámbito de Negociación. En el grupo de trabajo lo que se estaba negociando era esta solución de la precariedad y todo estaba en base a lo que todo el mundo compartía, que era la tasa de reposición, y ahora nos hemos sorprendido con las declaraciones de Cristóbal Montoro. Las relaciones y la comunicación con él es complicada y dura. Lo que nos llega de él es la respuesta “esto es así porque Hacienda nos lo dice”.

En la pasada Conferencia de Presidentes se acordó una reunión con expertos de Hacienda para abordar este tema. ¿Tenéis alguna esperanza puesta en que esa reunión finalmente derive en un paso hacia su aprobación final?

Gabriel del Pozo: Si me meto en el campo de la ‘política-ficción’, puedo interpretar que las declaraciones del Ministro de Hacienda puedan venir vinculadas a esos Presupuestos Generales del Estado que hay que negociar y que sea un arma de negociación a cambio de ceder en la tasa de reposición.

Mar Rocha: Solo podemos pedir que las comunidades autónomas sean valientes y lo más firmes posible a la hora de ver beneficiados a sus profesionales y a los ciudadanos sobre los que están gobernando. Para hacer esa presión al Gobierno para ese retorno a la calidad del sistema sanitario.

Gabriel del Pozo: Los partidos que están en la oposición, y dado que ahora mismo no hay nadie que tenga el poder ejecutivo por mayoría, tienen que ser capaces de presionar en la negociación y conseguir llegar a esta situación.
Mar Rocha: Es el momento de llegar, precisamente, al Pacto por la Sanidad que este país necesita.

Por lo tanto, Aida, escuchando a ambos se llega a la conclusión de que la única salida es la vuelta a esas 35 horas, pero que eso solo depende de la decisión del Gobierno. ¿Hay algún resquicio legal para poder esquivarlo?

Aida Fonseca: La decisión sobre legislación laboral es competencia exclusiva del Estado. Si hay reforma del Gobierno central, el resultado se podría extrapolar al resto de comunidades autónomas. Que eso lo lleve a cabo lo dudo, sinceramente. Ojalá se llegue a ese pacto no solo en sanidad, sino en todo lo que tiene que ver con el sector público.

Mar Rocha: Hoy por hoy lo veo complejo. Es la decisión del Gobierno. Insisto, creo que el bien común es el de los administrados, y hay que preservar ese principio de legalidad. Sabemos que durante muchos años las comunidades autónomas no han presupuestado correctamente. Han hecho un uso ilegítimo de sus presupuestos. Si la comunidad autónoma, en este caso Andalucía, que es la que ha apostado por retomar esta jornada de 35 horas, considera que puede contener ese déficit y que lo tiene presupuestado, pues fenomenal. Siendo así, que negocie con el Gobierno y que así sea con el presupuesto del resto de comunidades autónomas. Hay que entender el principio de legalidad y aplicar lo que dice el recurso.

Aida Fonseca, Mar Rocha, Jesús Arroyo y Gabriel del Pozo.

¿Puede ser que la Unión Europea esté detrás de la negativa del Gobierno?

Gabriel del Pozo: Pues no lo sabemos, la verdad. Lo que está claro es que si aquí se nos vende que estamos en franca mejoría, no se pueda recuperar lo que por el empeoramiento que teníamos se nos recortó. A lo mejor tenemos que hacer también unas votaciones para la elección de presidente en Alemania, y así participamos todos.

Mar Rocha: Habría que fijar qué otras partidas presupuestarias no tienen la importancia o no son tan básicas como puede ser la sanidad en nuestro país. Habría que revisar en qué nos estamos gastando el dinero. Estamos perdiendo muchísimo capital humano que se forma con un nivel altísimo de calidad y que están emigrando a Europa. Es hora de revertir toda esa inversión en formación para que recaiga directamente sobre nuestro sistema sanitario.
Gabriel del Pozo: Además, es que en muchas comunidades hay un problema de sustitución de profesionales en una horquilla de tiempo muy corta porque la jubilación de una gran parte de los profesionales la tenemos en un margen de 10 años.

¿Cuáles son las áreas donde hay más necesidad de cubrir de cara a las jubilaciones del futuro?

Mar Rocha: No sé si en el caso de médicos hay alguna especialidad más deficitaria, pero sí es cierto que en el caso de los enfermeros hay miles y miles que están emigrando y otros tantos los que se van a jubilar. Toda la juventud recién formada se está yendo fuera. El día que se jubilen los profesionales que están ahora mismo, ¿quién los va a sustituir?

Gabriel del Pozo: Con respecto al sector médico, el déficit va a ser generalizado. Solo hay algún colectivo, el de los odontólogos, que por una mala planificación ofrece posibilidades de cara al relevo. El resto, estaban para cubrir lo que teníamos pero ante una falta de trabajo y empleos precarios se ha producido esta situación. El problema de la mayoría de los sanitarios es que no aparecemos en las listas del paro porque no acudimos al INEM. Somos unos parados un poco especiales.

Mar Rocha: No aparecemos en las cifras del SEPE con las que se llenan la boca. Nunca esperas que te vayan a llamar desde la contratación pública, sino desde tus propias bolsas.

Aida Fonseca: Creo que en el sector sanitario público ha habido un abuso de los instrumentos que les permite el estatuto marco y desde luego que ha habido un abuso en el llamamiento de personal estatutario eventual. Hay que abogar por unas oposiciones en igualdad de mérito, que es lo que contempla la Constitución.

CONCLUSIONES

Conclusiones

Mar Rocha: Ya es hora de volver a la jornada anterior. Es el primer derecho, el más acuciante que tenemos sobre la mesa junto con la temporalidad. Es hora de recuperar todo lo que hemos perdido durante la crisis, incluido el poder adquisitivo que han perdido los profesionales sanitarios. Indudablemente, y ya lo han dicho las sentencias europeas, es hora de acabar con la temporalidad en el empleo sanitario. Y eso pasa por eliminar la tasa de reposición y esa oposición general que se pide para todas las comunidades.

Gabriel del Pozo: Tenemos que recuperar las 35 horas y los derechos perdidos junto con ellas. Tenemos que recuperar el empleo estable y de calidad en todo el territorio español. Que se modifiquen todas las cuestiones legales que haya que modificar para que no haya un estado de presión por la temporalidad. No sirven de nada las medidas excepcionales para modificar una situación si no somos capaces de evitar que se vuelva a repetir. El mal uso de la ley es lo que da lugar a la problemática. Hay que obligar a una periodicidad en la celebración de OPEs.

Aida Fonseca: La problemática de fondo es la precariedad laboral de todos los trabajadores. Desde Europa, y sus directivas, tienen como objetivo preservar unos derechos mínimos. El estado debe garantizar que las condiciones laborales se den conforme a un mínimo de calidad para garantizar esos servicios. Hay abuso por parte del Decreto Ley y este tipo de instrumentos, pero hay mecanismos para garantizar. No hay que ser demagógicos y ver realmente, porque no se puede decir  que la economía está mejorando y a la vez menoscabar las relaciones laborales. Como abogada laboralista que soy, evidentemente creo que el ordenamiento jurídico es adecuado y lo que hacer es garantizar su desarrollo. Que el Gobierno lo esté haciendo bien o mal, es otra cuestión.

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