Varias comunidades han levantado la voz para urgir al Gobierno un debate nacional con todas las CCAA

El planteamiento de Aragonès de que Cataluña gestione sus impuestos dejaría al SNS "sin recursos", según vislumbran varias comunidades autónomas
Varias comunidades autónomas estallan contra la propuesta de ERC para gestionar todos sus impuestos.


22 mar. 2024 14:00H
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A raíz de la propuesta del president catalán en funciones y candidato a la reelección de ERC, Pere Aragonès, de trazar un sistema financiero particular para Cataluña, varias de las comunidades autónomas del Estado han levantado su voz para clamar contra el planteamiento. Y es que, a ojos de los territorios, la medida acarrearía un nuevo problema para los sistemas sanitarios públicos autonómicos, porque detrás de todo el entramado financiero de las comunidades del régimen común “está la financiación de los servicios sociales como es la sanidad pública”, han incidido desde la Comunidad de Madrid. Es por ello que las regiones han reclamado un diálogo “multilateral” para abordar la financiación, pues si Cataluña sale de la ecuación de la fiscalidad comunitaria, la sanidad española quedaría “sin recursos” porque sería “el fin” de la caja común, tal y como han señalado desde la Junta de Extremadura a Redacción Médica.

La propuesta del candidato de Esquerra Republicana de Catalunya a las elecciones autonómicas del 12 de mayo es que sea la propia Generalitat quien recaude y gestione todos sus impuestos, al estilo de los territorios de régimen foral. “El planteamiento que ha hecho la Generalitat, en periodo electoral, con un president que se someterá a las elecciones, tiene la respuesta del Gobierno de España, que está trabajando en una propuesta para aquellos territorios de régimen fiscal común. Afectará a todas las comunidades excepto a Euskadi y a nosotros”, ha valorado este miércoles Félix Taberna, vicepresidente primero y consejero de Presidencia del Gobierno de Navarra, tras el Consejo de Gobierno.

Pero, a pesar de tildar de electoralista la medida, bien es cierto que el Gobierno central lleva varios cursos planeando sobre una reforma fiscal en todo el Estado. Se trata de una actualización de la financiación de los territorios que bien afectará de manera directa a sus respectivos sistemas sanitarios. Si bien desde la Comunidad Foral han defendido la postura del Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez, no todas las regiones gobernadas por el Partido Socialista se han adherido a esa línea. Asturias, por ejemplo, se ha sumado al numeroso grupo de las CCAA gobernadas por el Partido Popular para rechazar cualquier tipo de concesión fiscal a Cataluña. “Rechazamos de forma clara, nítida y rotunda la propuesta”, ha valorado esta semana el presidente asturiano, Adrián Barbón, en el parlamento autonómico.

“Rompe la solidaridad entre españoles”, ha incidido un Barbón que no habitúa a salir de la ‘línea oficial’ marcada por Ferraz. “Lo que pide Cataluña es inconstitucional. El concierto económico del País Vasco y Navarra no es generalizable al resto de comunidades”, han añadido fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura a este diario. Es por ello que consideran el planteamiento de Aragonès como “algo que rompería el sistema”. “Sería el fin de la Hacienda Estatal, que perdería todos sus recursos”, han denunciado. En esa misma línea se han manifestado también desde Castilla y León, pues Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo, ha subrayado la “insolidaridad fiscal” que supondría el cambio del modelo financiero de la región catalana si deja atrás el régimen común.


Reunión multilateral Gobierno-CCAA


Ante este escenario, varias voces autonómicas han urgido al Gobierno central en general, pero al presidente Pedro Sánchez en particular una reunión entre comunidades y Ejecutivo para abordar la cuestión de manera conjunta. Si bien desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid han señalado la necesidad de “negociar de manera multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera”, desde Castilla y León han apuntado hacia la Conferencia de Presidentes para abordar una financiación “sin privilegios” que respete la “igualdad” y la “cohesión” territorial. “Madrid es la que más aporta a la caja común con la que se financian los servicios públicos de aquí y de otras comunidades autónomas. Pedimos un sistema de financiación justo, y que se aborde de manera multilateral, sin someternos a chantajes de los independentistas”, han añadido desde el Gobierno madrileño.

Las reivindicaciones autonómicas cogen peso también en los territorios que más han presionado en los últimos años para llevar a cabo una reforma del sistema fiscal en España. Andalucía, por ejemplo, ha vuelto a incidir en que está “infrafinanciada”, según ha incidido a Redacción Médica. “Nos parece una auténtica barbaridad, un disparate, rompe el principio de cohesión, de solidaridad territorial, el pedir el cien por cien de los impuestos cuando el resto de las comunidades autónomas solo recibimos el 50 por ciento”, ha denunciado Carolina España, consejera de Economía de la Junta de Andalucía.

No obstante, Navarra, que ha salido en defensa de la Moncloa, ha reiterado que “a nosotros este debate no nos afecta”. “Navarra tiene una peculiaridad histórica, que muchas veces es necesario reiterar, de que nuestras relaciones son de bilateralidad en función de nuestra federalidad”, ha argumentado Taberna, haciendo un llamamiento al resto de las regiones del Estado para que calmen las aguas: “Es una propuesta hecha en periodo electoral, a la que el Gobierno de España ya ha dicho que la tendrá en cuenta y que la valorará”, pero desde una perspectiva general tomando como referencia a todo el sistema de financiación de las comunidades “en su conjunto”.
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