Tambores de guerra en pos de jubilación parcial y 35h en la sanidad pública

Los sindicatos UGT y CCOO saldrán a la calle el próximo 8 de julio, martes, para reclamar ante el Ministerio de Hacienda los compromisos del Gobierno para con los trabajadores públicos, incluidos los de la sanidad, que aún no se han cumplido, especialmente tres: la jubilación parcial con contrato de relevo, la jornada laboral de 35 horas semanales y la culminación de los procesos de estabilización para frenar la “lacra” de la temporalidad en el sector público.

Son, entre otras, medidas recogidas en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI que ambos sindicatos firmaron en 2022 con el área gubernamental de Función Pública -entonces integrada en el Ministerio de Hacienda-. El pacto expiró con el adiós a 2024, y lo hizo con cuestiones pendientes. Precisamente esta semana el Consejo de Ministros aprobó la última de las revalorizaciones salariales recogidas en el documento, un 0,5 por ciento ligado a la acumulación de la inflación anual del trienio 2022-2024. “La medida es tardía y claramente insuficiente”, denuncian el Área Pública de CCOO y UGT Servicios Públicos en un comunicado. De ahí que hayan decidido elevar nuevamente el tono para reclamar el resto de compromisos incumplidos por el Ejecutivo.

Jubilación parcial: Ley de Función Pública y Estatuto Marco

En el caso de la jubilación parcial, las dos fuerzas sindicales llegaron a un acuerdo en diciembre con Función Pública para recuperar esa modalidad de retiro profesional anticipado para el personal estatutario de la sanidad. El pacto consiste, básicamente, en asegurar que los contratos de relevo de los estatutarios que se acojan a la jubilación parcial sean a tiempo completo y de naturaleza estatutaria fija para, así, evitar abusos de temporalidad. Ello implica una triple modificación legislativa que afecta al Estatuto Básico del Empleado Público, a la Ley General de la Seguridad Social y a la Ley de Clases Pasivas del Estado.

Sin embargo, medio año después, “ni se ha producido ningún avance normativo si se han proporcionado las directrices necesarias a las comunidades autónomas para poner en marcha este mecanismo”, según denuncia en declaraciones a Redacción Médica Jesús Jordán, responsable de Políticas Públicas, Empleo e Ingesa de la FSS-CCOO. Jordán señala que ese incumplimiento no viene sólo de diciembre, sino que es “sostenido en el tiempo” y “arrastra años de retraso”, desde la firma del Acuerdo Marco. “Este modelo no sólo beneficia a quienes se acercan al final de su vida laboral, sino que permite el rejuvenecimiento de plantillas, la mejora de la calidad asistencial y el refuerzo del empleo público estable, especialmente en sanidad, donde la falta de profesionales es crítica”, indica.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, recuerda a este periódico que el PSOE movió ficha al respecto a primeros de año: de las 37 enmiendas que el Grupo Socialista registró en febrero al Proyecto de Ley de Función Pública, una plantea la creación de la figura del relevista como funcionario de carrera -o estatutario fijo, en el caso de la sanidad-. “Son los grupos parlamentarios los que ahora tienen en su mano conseguirlo. Nosotros somos responsables de la firma del acuerdo, los tiempos de las Cortes no podemos manejarlos”, dice la responsable sindical, que acoge con cierta resignación la inestabilidad parlamentaria: “No tendría sentido que los grupos no aprobaran esta ley, esperamos que se haga lo antes posible”.

Para Jordán, sin embargo, no hay que fiarlo todo a la Ley de Función Pública, y apunta que la FSS-CCOO sigue reclamando al Ministerio de Sanidad que incluya un modelo sobre jubilación parcial en el Estatuto Marco cuya reforma se sigue negociando: “Entendemos también que el Estatuto, que no sería una ley menor, tiene la capacidad de desarrollar la jubilación parcial para las profesionales del Sistema Nacional de Salud, instando a las modificaciones necesarias en seguridad social”. No obstante, la ministra Mónica García ya ha dejado claro en varias ocasiones que la regulación de la jubilación no tiene cabida en el Estatuto Marco porque es competencia de Seguridad Social.

El problema del personal laboral de la sanidad

Sea como fuere, los cambios normativos para recuperar la jubilación parcial en la sanidad pública urgen, sobre todo, para solucionar la situación del personal laboral. El 1 de abril entraron en vigor las nuevas medidas sobre jubilación acordadas entre el Gobierno, los sindicatos y las patronales para el sector privado, pero que afectan también al personal laboral de la sanidad pública, a pesar de que aún no hay posibilidad de que sean sustituidos por relevistas fijos en caso de que se acojan esta clase de retiro anticipado. Función Pública aprobó en abril un ‘parche’ creando una tasa adicional para relevistas fijos, pero está sujeta a la convocatoria de nuevas OPE. Teniendo en cuenta que los procesos selectivos son largos, esa decisión, según los sindicatos, está retrasando “de facto” la jubilación parcial del personal laboral, algo que recuerda Araque a Redacción Médica.

Al margen de la jubilación parcial y la jornada de 35 horas, UGT y CCOO también reclamarán en su concentración del 8 de julio la plena implantación del modelo de clasificación profesional conforme al actual Marco Español de Cualificaciones Profesionales, que se negocien las “necesarias modificaciones normativas para el pleno establecimiento y desarrollo de los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo”, que se garantice la  atención presencial de los servicios públicos y “un plan específico de digitalización para las zonas de menor población o en riesgo de exclusión”, que se cree “empleo neto” en las administraciones públicas y se rejuvenezcan las plantillas, y que impulsar “la digitalización, captación y retención del talento, promoción interna, formación y carrera profesional”.