Nula aplicación en sanidad de los "buenos propósitos" de la Ley de Familias

Hace poco más de un año que llegó al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Familias que pretende actualizar la normativa vigente, ampliando el concepto de familia a unidades de convivencia distintas de las tradicionales y regulando las ayudas públicas destinadas a las mismas. Sin embargo, el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señala que en sanidad apenas son perceptibles estos cambios. 

Concretamente, tal y como explica su autor Ángel de la Fuente, el director ejecutivo de Fedea, en el proyecto hay "un largo catálogo  de buenos propósitos con casi nulas repercusiones prácticas" en ámbitos como la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios sociales, la igualdad de trato o la conciliación profesional y familiar, entre otros. "En bastantes casos carecen de contenido o resultan redundantes por tratarse de derechos ya garantizados en otras normas vigentes", apunta De la Fuente.

De hecho, pone como ejemplo el fragmento del artículo 20.2 del PL: "… las personas con problemas de salud mental gozarán del derecho a recibir atención a la salud mental, sin perjuicio de otro tipo de atención terapéutica, para proteger su salud y bienestar general y siempre según lo previsto en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud", ya que resulta "doblemente redundante" puesto que el artículo 18 del PL ya garantiza el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, derechos ambos también reconocidos en la legislación sanitaria y en particular en el artículo 1 de la Ley General de Sanidad.

Efectos prácticos bastante reducidos

En esta misma línea, Miguel Ángel García Díaz ya comentó que el anteproyecto de Ley de Familias tenía "un buen encaje" por la ampliación del concepto de familia, pero que sus efectos prácticos bastante reducidos. "En muchos casos se limita a identificar una serie de situaciones familiares que se consideran merecedoras de un apoyo especial y a instar a las administraciones públicas a establecer las medidas pertinentes de acuerdo con las necesidades de cada tipo de familia", argumenta.

Entre las principales disposiciones con efectos prácticos que incluye la norma están: la creación de un registro estatal de parejas de hecho; la extensión de algunas de las preferencias tradicionalmente otorgadas a familias numerosas (en materia de educación, vivienda y transporte público, entre otras) a las familias monoparentales y a las familias con menores consideradas vulnerables; así como la garantía a los hijos de familias monoparentales de acceso gratuito a centros de educación infantil durante, al menos, dieciseis semanas dentro de los veinticuatro meses a contar desde su nacimiento o adopción y la garantía de acceso a suministros básicos para familias en situación  de vulnerabilidad. También se incluye aquí la extensión de ciertas prestaciones de la Seguridad Social y derechos laborales a nuevos grupos de beneficiarios, mejorando en particular el tratamiento de las parejas de hecho.

No es la primera vez que desde Fedea subrayan esta falta de concreción de la norma y, en este sentido, otro de los puntos del proyecto de ley que señalan es el que tiene relación con las Administraciones Públicas en materia sanitaria que también se queda en el aire. "De conformidad con lo previsto en la legislación sanitaria vigente, orientarán sus actuaciones a la garantía del acceso universal a la salud, promoverán acciones dirigidas a incrementar los conocimientos y capacidades de las familias, así como a modificar las condiciones sociales, laborales, ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y colectiva, deberán garantizar la orientación y planificación familiar y el apoyo en materia de salud sexual y reproductiva, avanzarán hacia la armonización en el conjunto del Estado del programa de vacunas y prestaciones socio-sanitarias infantiles", indica el proyecto.