Los salubristas califican de “discriminatorias” las medidas del Gobierno en salud pública

Redacción. Madrid 
Tras los primeros seis meses desde la  publicación por el Ministerio de Sanidad de un documento que define las situaciones que han de ser atendidas por interés de la salud pública, la Sociedad Española de  Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) y la organización humanitaria  Médicos del Mundo, con el apoyo de Farmamundi y la Federación de  Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), dudan de la eficacia de esta iniciativa en la prevención de este tipo de enfermedades.

Ildefonso Hernández, presidente de Sespas.

En el posicionamiento conjunto que han dado a conocer, las organizaciones firmantes  valoran el texto como un “mero parche para paliar el descontrol creado por la reforma sanitaria, que además es jurídicamente discutible y fue elaborado con un enfoque antiguo de la salud pública y claramente discriminatorio”.

El documento del ministerio establece qué hacer cuando se detecte que hay personas con enfermedades que supongan un riesgo para el resto de la población y éstas no tengan derecho reconocido a la asistencia sanitaria. Aunque sin nombrarlo explícitamente, se está refiriendo de modo principal “al colectivo de los inmigrantes sin autorización legal de residencia en España, que ha sido excluido del sistema público sanitario en virtud del Real Decreto Ley 16/2012, conocido como "reforma sanitaria".

En estas situaciones, el documento contempla lo que llama “prestación sanitaria”, que se ofrecerá preferiblemente en atención primaria mediante acciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de control del problema en curso. Posibilita también el acceso al segundo nivel asistencial y a la medicación que sea necesaria en caso de carecer de recursos económicos, aunque esa prestación exigirá necesariamente la identificación de la persona a través de la tarjeta sanitaria individual.

Sespas y Médicos del Mundo, con el apoyo de Farmamundi y Fadsp, advierten de que las situaciones contempladas por el ministerio describen un marco de desigualdad para los inmigrantes y de notable inseguridad jurídica. Aunque las medidas definidas “pueden servir como pretexto para incluir a muchas personas en la atención sanitaria y tiene su vertiente positiva, por otra subrayan lo incongruente que es la exclusión masiva de grupos de personas del derecho a la protección de su salud”.