Redacción Médica
16 de julio de 2018 | Actualizado: Lunes a las 18:20
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Las CCAA que rompan el techo de gasto perderán competencias en sanidad

La medida se pondrá en marcha para las regiones que quieran acceder al FLA durante el segundo trimestre de 2016

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
Las CCAA que rompan el techo de gasto perderán competencias en sanidad
Martes, 03 de mayo de 2016, a las 14:30
Finalmente, el Gobierno ha logrado disparar la bala que le quedaba para reducir el gasto sanitario y farmacéutico, una que tenía en la recámara desde hace un año pero que hasta ahora no había podido utilizar. Se trata del instrumento de sostenibilidad creado mediante la reforma de la financiación autonómica aprobada por el Congreso de los Diputados en 2015, al que las comunidades autónomas se tendrán que adherir a lo largo del segundo trimestre de 2016 si quieren acceder al reparto del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
 

El Gobierno espera
que el conjunto de las medidas tomadas sobre el gasto sanitario reporte un ahorro de unos 1.000 millones


De esta manera, el Gobierno logra poner en marcha este mecanismo (que no había logrado más que críticas por parte de regiones como Andalucía o Canarias) por el que se limita el gasto sanitario y farmacéutico, cuyo crecimiento no podrá ser superior a “la tasa de referencia del PIB a medio plazo de la economía española, de forma compatible con la regla de gasto prevista en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, crecimiento, que para el ejercicio 2016, está establecida en un 1,8 por ciento”, según indica la Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019.
 
Y, como ya contó Redacción Médica durante el desarrollo de este mecanismo, las consecuencias para las regiones que no cumplan con estos límites  conllevarán un gran pérdida de autonomías y competencias en materia sanitaria: “no podrán aprobar cartera de servicios complementaria ni prestar servicios distintos de la cartera común de servicios del sistema” y “su acceso a los recursos económicos que en materia sanitaria se realice por parte del Estado” estará sujeto a informes previos.
 
Es con esta iniciativa, sumada al protocolo pactado con Farmaindustria para establecer un techo de gasto en medicamentos innovadores y otras medidas de racionalización del gasto sanitario como los precios de referencia o la estimulación del consumo de genéricos, como el Gobierno espera lograr unos ahorros anuales de en torno a 1.000 millones de euros en los próximos años
 
Así lo indica la actualización del programa de estabilidad, que reconoce que el retraso de la aplicación del instrumento de sostenibilidad provocó que el ahorro en 2015 en materia de medicamentos fueran unos escasos 48 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno afirma que esta cifra se va a superar holgadamente  en 2016, dado que estima que solo el impacto del acuerdo con Farmaindustria va a ser de unos 425 millones de euros, a los que hay que sumar 100 millones más derivados de la compra centralizada de medicamentos. En total 525 millones, aproximadamente la mitad del ahorro anual previsto por el Estado.

Más de 2.000 millones de ahorro en dependencia
 
El documento detalla, asimismo, que el ahorro estimado por todas las medidas incluidas en la reforma sanitarias y otras de política farmacéutico alcanza, entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2015 los 9.265,1 millones de euros. También detalla los ahorros logrados en otros ámbitos, como el de la dependencia, que entre 2012 y 2014 ascendieron a 2.278 millones de euros.
 
Esta cifra se ha logrado gracias a medidas basadas en la modificación y simplificación en el proceso de valoración de situaciones de dependencia, de las intensidades de los servicios y prestaciones y de la retroactividad en el pago de las prestaciones económicas y aplazamiento de la efectividad del Grado I, incluyendo  las modificaciones de las cuantías máximas de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y sus efectos en las cuantías del nivel mínimo así como la suspensión del Nivel convenido (acordado) ; la modificación de la determinación de la capacidad económica y aportación del beneficiario, y la suspensión de la obligación del Estado de cotizar a la Seguridad Social por las personas no profesionales que cuidan de personas en situación de dependencia en el entorno familiar, manteniendo el Convenio Especial de Seguridad Social.

Acceda a la Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019