La subida salarial se modera en el SNS a cambio de más derechos laborales

La reunión de la Mesa de Función Pública para decidir la subida de los salarios para la sanidad y el resto de cuerpos de funcionarios ha finalizado sin un acuerdo definitivo. El Ministerio de Hacienda ha presentado a los sindicatos esta tarde su propuesta económica que pasa por elevar los sueldos en el orden de un 3,5 por ciento, aunque los representantes de los empleados han solicitado un “esfuerzo adicional” por su parte. Para tratar de acercar las posturas, las organizaciones han puesto sobre la mesa una serie de reformas en materia de derechos que permitirían moderar sus expectativas. A la jornada laboral de 35 horas, se suman otros hitos como la supresión de las tasas de reposición o la reclasificación profesional.

El equipo de la ministra María Jesús Montero ha llevado a la cita una escalada plurianual que continuaría con una subida del 2,5 por ciento en el 2023 y otro 2 por ciento en 2024. La suma de las actualizaciones se queda tres puntos por debajo de la cifra que manejaban sindicatos como Comisiones Obreras que aspiraba a conseguir un alza del 10 por ciento entre los tres ejercicios para compensar la inflación y la pérdida de poder adquisitivo derivada de los recortes del 2010. “Creemos que hay que hacer un esfuerzo adicional a las cifras que propone el Gobierno”, ha apuntado Humberto Muñoz, coordinador del Área Pública de CCOO, a la salida de la cita. 

A diferencia de la negociación para el pacto de rentas del sector privado, el portavoz sindical sí que ha dejado caer la posibilidad de hacer más concesiones a nivel salarial si sobre la mesa se consolidan otras reivindicaciones históricas que quieren incluir en la misma negociación. “Moderamos las peticiones salariales y las ligamos a la consecución de avances en derechos”, ha subrayado.

Muñoz ha explicado que su voluntad es avanzar en la modernización y transformación de los servicios públicos con acciones como la reclasificación profesional. Algo que podría incidir directamente sobre colectivos sanitarios como los enfermeros que llevan años pidiendo un ascenso al grupo A1 del funcionariado. “Llevamos desde que se aprobó el Estatuto del Empleado Público sin adaptar nuestras titulaciones y clasificación profesional al marco educativo europeo. Eso es algo que tenemos que revertir y culminar”, ha acentuado.

La posibilidad de que algunos fondos de los Perte se abran a la negociación sindical, la regulación del teletrabajo o la creación de la Ley de Función Pública son otras de las bazas que han propuesto desde la contraparte sindical.  “Si no se consigue plasmar negro sobre blanco en un papel y acompañarlo al esfuerzo de moderación salarial que hacemos sobre la parte social, no podrá cristalizar en un acuerdo”, ha apuntado Muñoz.

Los miembros de la Mesa de Función Pública han decidido hacer un receso en la reunión para poder valorar en el fondo la propuesta de Hacienda y dejar tiempo al Gobierno para clarificar sus límites. En 24 horas, se reanudarán de nuevo las conversaciones.

Jubilación anticipada en el SNS

También UGT ha tildado de “insuficiente” la propuesta del Gobierno. La central ha anunciado su rechazo a la subida escalonada de los sueldos públicos, y pide que se incluyan cláusulas de revisión que permitan “frenar la pérdida de poder adquisitivo” de los funcionarios.

El sindicato ha informado de que ha puesto sobre la mesa otros aspectos de materia salarial como la recuperación de la prestación económica del 100 por 100 en las situaciones de incapacidad temporal, el incremento del complemento de residencia o insularidad, del precio del kilometraje o el reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo del personal laboral en el exterior (PLEX).

Asimismo, ha defendido un conjunto de propuestas destinadas a impulsar el rejuvenecimiento del personal de las administraciones mediante el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada de los funcionarios públicos y la reactivación del Observatorio del Empleo Público, “que permitiría realizar un seguimiento de lo regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público”.

Finalmente, desde CSIF han valorado "de manera positiva el inicio de las conversaciones y que el Gobierno haya accedido a revalorizar el sueldo de 2022 para compensar los efectos de la inflación". No obstante, consideran que esta propuesta "es muy insuficiente, teniendo en cuenta el poder adquisitivo perdido por la evolución de los precios y los recortes sufridos desde 2010".

"Además, esta oferta debe complementarse con otras cuestiones salariales como la equiparación salarial entre comunidades autónomas (especialmente en ámbitos como Instituciones Penitenciarias, educación, sanidad…), la actualización de las indemnizaciones por razón de servicio (dietas por desplazamiento), las indemnizaciones por residencia e insularidad o la mejora salarial del personal laboral en el exterior", añaden.