La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI comienza a tomar forma. En su tramitación como anteproyecto deberá hacer frenta a los 'peros' impuestos por el Consejo Económico y Social, para evitar, entre otros aspectos, que se interfiera en las competencias autonómicas cuando se trata de garantizar la atención sanitaria a estos colectivos.
En su dictamen, el organismo insiste en la necesidad de asegurar la equidad en el acceso a la atención sanitaria específica y adecuada para las personas LGTBI mediante su incorporación a la cartera común de servicios del SNS, sin que esto suponga "un perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en esta materia", matiza.
En cuanto al ciberacoso, dados los "efectos muy nocivos en la salud de las personas LGTBI afectadas", el CES insta a reforzar la prevención de esta conducta en el texto normativo, independientemente de la edad y con especial consideración de todos los factores de vulnerabilidad de las víctima, incluyendo mecanismos de tipificación y sanción "adecuados". Así considera que esta modalidad de violencia y el uso inadecuado de algoritmos deberían tenerse en cuenta a la hora de proteger contra la discriminación.
Aunque comparte la necesidad de contar con un marco normativo común de ámbito estatal que garantice de forma homogénea la seguridad jurídica y ls igualdad en los derechos de estas personas, echa en falta una mayor profundidad en la redacción de ciertas partes del articulado y teme que esto pueda restar eficacia a su aplicación.
Falta de participación de agentes sociales
Asimismo, lamenta que se haya omitido la participación previa de organizaciones sindicales y empresariales en la elaboración de estas disposiciones legales, perdiendo así la "oportunidad de enriquecer el texto con sus aportaciones " en la fase de consulta pública.
"Para que los efectos pretendidos por el anteproyecto se trasladen a la realidad laboral, es preciso contar con los interlocutores sociales en los diferentes ámbitos de actuación que les son propios, resultando innegable el valor que ofrece el marco del diálogo social". Además, entiende que se prodían haber aprovechado los
protocolos específicos preventivos ya existentes y con "buenos resultados" respecro a otras formas de violencia en el trabajo, como al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
En este sentido, el CES considera "particularmente importante superar las barreras de acceso al empleo de las personas LGTBI en su conjunto por lo que considera que debería hacerse un mayor esfuerzo para su inclusión como destinatarias de las políticas activas". Pide, asimismo prestar especial atención a las personas de este colectivo migrantes y aquellas con discapacidad, dada su vulnerabilidad añadida.
En su lista de sugerencias, también cree que sería conveniente perfilar mejor el círculo de personas físicas y jurídicas legitimadas para la defensa de las personas víctimas de discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, además de las propias afectadas, en algunos procedimientos a los que se refiere el anteproyecto legislativo.
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