La inversión finalista en sanidad aumenta el agravio comparativo entre CCAA

La inversión en sanidad, un año más, será clave en 2026. En juego, la financiación de la mayor partida económica de quince comunidades que dependen de un modelo de régimen común diseñado por el Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero. Esta misma semana, la titular de la cartera nacional ha explicado que la nueva propuesta de su departamento, que aumentará en 20.975 millones de euros el importe repartido a todos los territorios mencionados, permitirá reforzar el gasto sanitario, y así podrá ser, aunque su planteamiento de convertir las transferencias relativas a la sanidad en finalistas podría reducir la autonomía fiscal de las comunidades e 'incentivar' el agravio comparativo entre ellas.

El miércoles tuvo lugar el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera de 2026. Un foro en el que Montero trasladó a los Gobiernos autonómicos cómo será el nuevo modelo de financiación "voluntario" que se pondrá en marcha en 2027. Entre los objetivos de esta nueva iniciativa de Hacienda están blindar los servicios públicos y, de esta manera, reforzar las políticas sanitarias. Ese mismo día, la propia ministra abrió la puerta a que la financiación regional fuera "finalista" para sanidad, algo que podría no ser tan beneficioso para las Administraciones que gestionan el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Concretamente, hacer "finalista" una transferencia autonómica significa asignarle un destino o finalidad específica, convirtiendo una transferencia genérica a una subvención o aportación condicionada a un fin concreto. Este proceso se debería hacer mediante una Orden o Decreto, donde se tendría que detallar el objeto, la aplicación presupuestaria, la cuantía, los plazos, la justificación y las causas del reintegro. Es decir, las transferencias serían más 'estrictas' y estarían más 'acotadas'.

Choque entre el federalismo fiscal y las partidas sanitarias finalistas

No obstante, los economistas consideran que la idea de Montero traerá más problemas que beneficios a la gestión sanitaria. Según explica a Redacción Médica el catedrático en Economía e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Diego Martínez, convertir las transferencias sanitarias en finalistas "sería un motivo más para el agravio comparativo entre comunidades autónomas". 

"Es un modelo que se eliminó en la actual financiación respecto a la anterior. En 2002, por ejemplo, sí había un módulo específico de financiación sanitaria, pero a mi juicio es un principio que está relativamente superado en el federalismo fiscal", subraya a este medio. 

Desde su punto de vista, si esa posibilidad se hiciera realizar, "las autonomías se podrían quejar con más fundamento de que no tienen suficientes recursos para aumentar el gasto sanitario". Una realidad que, aunque se podría solucionar con una subida de impuestos o un endeudamiento por parte de los Ejecutivos regionales, dejaría a la Administración central en una situación compleja. Pero no solo eso, ya que, en palabras de Martínez, las transferencias finalistas en sanidad "reducen la autonomía fiscal de los territorios para gastar el dinero en lo que crean conveniente".

Lo mismo opina Santiago Lago, investigador de Funcas. "No es lo que recomienda la teoría del federalismo fiscal ni es lo que se observa en los países federales", advierte. De hecho, según añade, "teniendo en cuenta que la sanidad y la educación suponen más de la mitad del gasto autonómico, será un paso atrás en la descentralización de España".

"Cuestiones como la autonomía, la transparencia, la corresponsabilidad y el autogobierno encajan mal con la compartimentación y la financiación finalista. Ésta tiene su espacio e interés en líneas específicas, pero no en las grandes competencias que suponen la mayor parte del presupuesto", señala.

La fragmentación de la población ajustada...¿beneficiará a la sanidad?

Otro de los cambios que llevará consigo el nuevo modelo puesto encima de la mesa por el Ministerio de Hacienda es la mayor fragmentación de los grupos de edad a la hora de concretar la población ajustada de las autonomías. Así, desde el departamento de Montero se pretende adecuar el reparto, por ejemplo, del gasto sanitario a las realidades de cada una.

Y sí, esa población ajustada es importante para la sanidad, ya que equivale el 38 por ciento de la población equitativa, que pondera la población real por factores que elevan el coste de los servicios -como el envejecimiento o la dispersión geográfica- para reflejar las necesidades reales de gasto, y no solo el número de habitantes, buscando una asignación más justa de recursos para sanidad o educación.

En el modelo actual, la población ajustada se dividía en siete grupos de edad. Ahora, Montero ha propuesto que sean 20. En su intervención del pasado viernes, la ministra de Hacienda aseguró que al concretarse más grupos se conseguiría "un gasto sanitario más real", pero es algo "que no está demostrado", según ha planteado Martínez.

"No conocemos el estudio que permite relacionar el gasto sanitario con los 20 grupos. Esos 7 grupos del anterior modelo llevan establecidos más de 20 años a raíz del trabajo de Guillem Gómez Casasnova y su equipo. Será una mejora cualitativa, porque permite ajustar más el gasto por tramos, pero no se conoce la vinculación", concreta el catedrático en Economía. 

No obstante, esta reorganización de indicadores "no va a suponer un incremento de financiación generalizada para todos los territorios". "Lo que ganan unas lo van a perder otras", incide.

Unos 21.000 millones de euros para invertir más en sanidad

Eso sí, el factor que sí que se transformará en una mayor inversión sanitaria será el aumento de los 20.975 millones de euros en el reparto autonómico. "Es un manguerazo de dinero espectacular y va a beneficiar a todas las políticas, y especialmente a la sanitaria. Con el gasto en sanidad en las autonomías ocurre lo mismo que con el gasto en pensiones a nivel central, que es muy inelástico e insensible al ciclo, lo que políticamente satisface al gasto en sanidad", desglosa.

De esta forma, con base en el análisis realizado por Fedea sobre la propuesta de financiación, el mapa que queda en territorio español es muy ambiguo. En primer lugar, la Comunidad de Madrid pasaría a ser la mejor financiada de España con 3.820 euros por habitante ajustado.

Por detrás, Cataluña, con 3.738 euros. Seguidas de ellas se encuentran las Islas Baleares, con 3.733 euros por habitante ajustado; Aragón y Cantabria, con 3.676 euros; y la Comunitat Valenciana, con 3.669 euros.

Recaudación de cada comunidad autónoma (con el nuevo modelo) por habitante ajustado

A continuación, se puede observar de manera detallada cuál sería el esquema actual (euros por habitante ajustado), basado en la financiación normativa por habitante ajustado tras la nivelación horizontal, cuyo objetivo es reducir desigualdades entre autonomías de régimen común (Euskadi y Navarra no entran en él) según capacidad recaudatoria:

• Comunidad de Madrid: 3.820 euros por habitante ajustado
• Cataluña: 3.738 euros por habitante ajustado
• Islas Baleares: 3.733 euros por habitante ajustado
• Aragón: 3.676 euros por habitante ajustado
• Cantabria: 3.676 euros por habitante ajustado
• Comunitat Valenciana: 3.669 euros por habitante ajustado
• La Rioja: 3.656 euros por habitante ajustado
• Castilla y León: 3.651 euros por habitante ajustado
• Principado de Asturias: 3.651 euros por habitante ajustado
• Galicia: 3.635 euros por habitante ajustado
• Andalucía: 3.630 euros por habitante ajustado
• Región de Murcia: 3.625 euros por habitante ajustado
• Castilla-La Mancha: 3.616 euros por habitante ajustado
• Extremadura: 3.591 euros por habitante ajustado
• Islas Canarias: 3.525 euros por habitante ajustado

Como se pude observar, la diferencia entre el territorio más financiado por habitante ajustado y el menos benefeciado es de 295 euros. La mayoría se posicionan por encima de los 3.600 euros, y es que solo las Islas Canarias y Extremadura no llegan a ese número. 

Reacción autonómica negativa ante la propuesta de Montero

Ante esta realidad, las comunidades autónomas no están de acuerdo. Al salir del Consejo General de Política Fiscal y Financiera fueron los representantes de las mismas los que trasladaron a los medios de comunicación su disconformidad. Incluso el Principado de Asturias, cuyo Gobierno está liderado por el PSOE, fuerza que encabeza el Ejecutivo central. Solo Cataluña votó a favor. Aunque todavía se puede moldear, este esquema de financiación deberá aprobarse en el Consejo de Ministerio con una posterior parada en el Congreso de los Diputados.

Por lo pronto, el futuro del reparto autonómico de fondos es incierto. El modelo actual sigue estando ahí y el acuerdo entre las autonomías parece cada vez más difícil. No obstante, España ya ha empezado a diseñar una nueva fórmula con la que ser más equitativa. La duda está en si este es el camino.