Falta de médicos y copago centran las quejas en sanidad, que crecen un 52%

El Defensor del Pueblo tramitó en 2018 un total de 849 expedientes, frente a los 554 del año anterior

Francisco Fernández Marugán.
Falta de médicos y copago centran las quejas en sanidad, que crecen un 52%
mar 11 junio 2019. 11.00H
La Oficina del Defensor del Pueblo tramitó en 2018 un total de 849 quejas de caracter santiario, un 53,25 por ciento más que el pasado año (554); de ellas, 629 fueron individuales y 195 agrupadas, y en 25 se actuó de oficio. Las quejas más frecuentes estaban relacionadas con la merma de la calidad de la atención, debido a "carencias humanas y materiales"; la situación de vulnerabilidad de algunos colectivos frente al copago farmacéutico, y la falta de facultativos, sobre todo en Pediatría y Atención Primaria.

Así consta en el Informe Anual 2018 que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y al presidente del Senado, Manuel Cruz. En él se observa que, como el año pasado, se ha producido un empeoramiento de la calidad en la atención especialmente en centros hospitalarios de menor tamaño, y han aumentando las quejas por las dificultades asociadas a la dispersión o a la ubicación geográfica y problemas relacionados con el transporte sanitario, tanto en su modalidad programada como urgente.


Según el informe, hay una especial preocupación por la dotación de RRHH en la sanidad pública. "Es insuficiente"


Respecto al copago farmacéutico, las quejas se dieron sobre todo por parte de pacientes que, a pesar de encontrarse en una situación de gran vulnerabilidad social y económica, tienen asignado un tipo de aportación farmacéutica igual a la de un trabajador en activo.

El informe recuerda que la situación de personas con un grado de discapacidad muy alto, incluso superior al 90 por ciento, para las que la legislación actual señala el deber de abonar el 40 por ciento de los medicamentos que precisan, no disponiendo apenas de ingresos propios. La Institución realizó en 2018 un seguimiento de las recomendaciones realizadas sobre este asunto.

Por otra parte, destacan las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en materia de listas de espera y en el ámbito de la Atención Primaria, principalmente en lo relativo a la falta de facultativos, tanto pediatras como médicos de familia.

Estas quejas reflejan desde la preocupación de los profesionales sanitarios por las condiciones en que desarrollan su trabajo, con particular incidencia en una dotación de recursos humanos "insuficiente" y en condiciones de precariedad laboral, además de otras cuestiones de carácter estructural y organizativo.


Deterorio de la atención sanitaria pública


"Se trata de circunstancias arrastradas desde hace varios años, para las que las administraciones públicas no estarían ofreciendo la debida respuesta, a pesar de estar bien identificadas, cronificándose algunos problemas que hacen temer por un deterioro de la atención sanitaria pública", advierte el informe.

"La calidad del SNS es bueno pero también altamente dependiente de la dedicación de sus profesionales"


En este sentido, el Defensor del Pueblo considera que las quejas que plantean los ciudadanos a esta institución en materia de sanidad muestran "importantes carencias" en el nivel de Atención Primaria del sistema público de salud, "en forma de precarización y falta de medios", lo que "exige una reacción efectiva" de todos los poderes públicos, que pudiera concretarse en un acuerdo estatal que garantice la suficiencia del sistema, adaptado a las diferencias territoriales y necesidades en cada CCAA.

"Son muchos los estudios que señalan que la fortaleza y la calidad del SNS, en todos los niveles asistenciales, es bueno pero altamente dependiente de la dedicación y excelencia de sus profesionales, lo que debe llevar aparejado un adecuado reconocimiento y su puesta en valor", recuerda.

Desde hace años, el Defensor del Pueblo viene recibiendo diversas quejas que reflejan la preocupación de los profesionales sanitarios por las condiciones en que desarrollan su trabajo, como consecuencia de los problemas derivados de una infradotación presupuestaria de los servicios de salud.


RRHH insuficientes y precariedad laboral


Es el caso, entre otros, de la escasez de pediatras constatada en las respuestas obtenidas de administraciones sanitarias como las de Castilla y León, Andalucía, Galicia y Madrid; o el la atención especializada, la carencia de algunos servicios o especialidades en determinados hospitales o áreas concretas, la falta de suficientes medios personales y materiales, y los problemas con los edificios e infraestructura.


Las mayores quejas sanitarias están relacionadas con "criterios de organización y actuaciones materiales"


Asimismo, recuerda que la atención específica a determinadas enfermedades o síndromes, y el desplazamiento y derivación de pacientes entre comunidades autónomas, son los temas a los que con mayor frecuencia se refieren las quejas en este ámbito.

"Es preciso señalar que las actuaciones referidas a los medios personales y materiales, así como a los criterios de organización, se encuentran estrechamente vinculadas a las listas de espera, respecto a pruebas, consultas externas e intervenciones quirúrgicas", finaliza el documento.


Condiciones de trabajo aceptables: algo impresicindible


En opinión de la Institución, es "imprescindible" que todas las administraciones implicadas propongan de manera coordinada unas condiciones aceptables de trabajo para todo el personal que atiende en los centros de salud, consultorios o servicios de urgencias no hospitalarios, y promuevan, desde el ámbito formativo y de desarrollo profesional, "mejores condiciones de incentivo y de atracción para los distintos colectivos de profesionales".

Respecto al acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), y a pesar de la aprobación en 2018 de un nuevo marco legal, persisten dudas sobre el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en determinados casos, como son familiares de ascendientes de españoles o residentes en régimen comunitario, o personas que se encuentran en estancia temporal en España como los estudiantes extranjeros.
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