L
a reforma laboral recibe el visto bueno del Gobierno con
más dudas que certezas para la sanidad privada. Desde el sector, agradecen que se restrinjan los
contratos temporales a causas "justificadas" y se penalice aún más el fraude, pero echan de menos un mayor
impulso a la contratación de personal con la que solucionar las carencias actuales.
El nuevo marco laboral conseguía salir adelante antes de acabar el año con el apoyo de los agentes sociales, tal y como estaba previsto, gracias al acuerdo del ultimo
Consejo de Ministros celebrado en 2021 y pese al rechazo de formaciones como ERC y PNV. Con él, el Ejecutivo pretende cumplir uno de los objetivos acordados con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Se trata, en palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de un
acuerdo "histórico" con el que "se pasa a página a la precariedad en nuestro país" al elminar las "anomalías estructurales" vigentes como el
fraude en la temporalidad. Y es que el 40 por ciento de los contratos realizados en España tiene una "duración menor de 5 días".
La norma pretende en este sentido hacer del
contrato indefinido el ordinario dentro del sistema labora, acotando a
dos las causas que avalarían un
contrato temporal:
circunstancias de la producción o sustitución de una persona trabajadora (baja médica, embarazo, procesos selectivos...) por un
plazo máximo de tres meses.
Tres meses para adaptar contratos temporales
De esta forma, la relación temporal queda
limitada a un máximo de seis meses y se obliga a la empresa a aportat razones "justificadas y puntuales" para que se realicen
tareas ocasionales por un plazo de no más de 90 días. Estos cambios entrarán en vigor una vez se publique enel Boletín Oficial del Estado, aunque se establecerá un
margen de 3 meses para que las empresas puedan adecuar "las vacantes restringidas y transformar los contratos temporales" actuales.
El Real Decreto pretende además dar carpetazo a los
contratos por obra y servicio, uno de los que más "irregularidades" produce,
acotando su duración de los 4 años actuales a 6 meses, con posibilidad de prórroga medio año más mediante negociación colectiva. Además si entre los 18 y los 24 meses que dure el contrato se prodce alguna irregularidad, "el trabajador pasará a formar parte de la plantilla fija de la empresa".
Como garantía de cumplimiento, las
sanciones, que hasta ahora tenían carácter único, pasarán a ser individualizadas con hasta
10.000 euros de indemnización por cada trabajador afectado por una situación de fraude, 2.000 euros más que el tope actual.
En el caso de los
contratos fijos-discontinuos, tanto Trabajo como Seguridad Social creen que deberían servir para cubrir los sectores con estacionalidad laboral, garantizando "los mismos derechos de protección social que el resto de contratos".
Formación durante ERTE
La ley modifica con ello algunos puntos de la reforma laboral del PP en 2012, al dar prioridad al convenio sectorial en materia salarial e impulsar una
nueva modalidad de ERTE que permita la reestructuración de un sector concreto, de forma transitoria, y con "el despido como recurso último", aclaraba el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
La formación será, según el ministro, otro de los puntos claves en los que se apoya la reforma para, de esta forma, "reparar los desjaustes entre la oferta y la preparación de los trabajadores". Su intención es utilizar aquellos periodos de inactividad, como los citados ERTE, para implementar la cualificación de los trabajadores.
"Las empresas deben invertir más en formación de trabajdores y los trabajadores en ellos mismos", aseveraba Escrivá, al mencionar los incentivos públicos que plantea la nueva ley a este respecto. "Es la mejor forma de conseguir mejores empleos. Una mejor cualificación permite mejores trabajos, más productivos y mejores salarios", explicaba el ministro, en contra de la devaluación salarial como factor competitivo en el sistema de nuestro país.
Por ello se perseguirá una formación dual "hasta los 30 años" con alternancia de teoría y práctica en empresas españolas a través e un proceso de tutorización y retribuciones "ajustadas al convenio colectivo".
En lo referente al
ámbito público, la normativa
impedirá el despido objetivo en el seno de las administraciones públicas en base a la disposición adicional decimosexta del actual estatuto. Hasta ahora, los trabajadores contratados a través de procesos selectivos podían ser despedidos por "causas económicas", es decir, "insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos durante tres trimestres consecutivo"; por "causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio" o por "causas organizativas al modificarse el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal".
El acuerdo deja pendiente el desarollo del
Estatuto de Personas Becarias, que los ministerios de Trabajo, Universidades y Educación deberán acometer antes de junio de 2022 y las inspecciones de trabajo, con un plan específico de Salud Laboral para Trabajo en Menores que estará listo, previsiblemente, en el primer trimestre.
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