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España limita vía RD la venta y el uso de los cigarrillos electrónicos

El Consejo de Ministros aprueba una normativa con la que finaliza la incorporación de la directiva europea

Consejo de Ministros.
España limita vía RD la venta y el uso de los cigarrillos electrónicos
Redacción
Viernes, 17 de noviembre de 2017, a las 14:00
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto que termina de incorporar la directiva europea 40/2014 de medidas contra el tabaquismo que regula los cigarrillos electrónicos. Así lo ha confirmado el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al consejo, donde ha indicado que el objetivo es avanzar en la protección de la salud de los fumadores de tabaco y de los fumadores pasivos. Esta normativa establece limitaciones a la venta a distancia de cirgarrillos electrónicos y la equiparación de la publicidad de estos dispositivos a la de la venta de productos del tabaco. 

El pasado mes de junio ya puso en marcha una normativa, el RD 579/2017, que normalizaba por primera vez estos productos, obligando a las compañías del sector a incluir advertencias sanitarias en los envases. Comenzaba así, aunque con años de retraso (la UE aprobó las directrices en 2014), la incorporación de la directiva comunitaria sobre los productos del tabaco y los productos relacionados a la legislación española. Esta primera normativa recoge que los cigarrillos electrónicos y los líquidos de recarga deben llevar advertencias sanitarias, que tienen que ocupar un 30 por ciento de la cara exterior del envasado, y seguridad a prueba de niños. Al mismo tiempo, se establece un sistema de vigilancia de efectos de adversos.

Ahora, el nuevo Real Decreto, que completa la transposición de la legislación europea, incluye medidas de control exhaustivas que regulan todos los aspectos de los cigarrillos electrónicos: publicidad, consumo, etiquetado e ingredientes. Según esta norma, las compañías fabricantes, distribuidoras e importadoras estarán obligadas a figurar en un registro público y a proporcionar a las autoridades competentes información detallada de sus productos, de los procesos de fabricación y de los sistemas de seguridad y calidad.

Con esta normativa, España pasa a tener una de las legislaciones más restrictivas del mundo respecto al comercio y uso de los cigarrillos electrónicos.