Redacción Médica
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El PSOE pide desterrar de las cárceles el visado de fármacos

Exige que se elimine este trámite para prescribir tratamientos no recogidos en la guía de Instituciones Penitenciarias

Jesús María Fernández, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso.
El PSOE pide desterrar de las cárceles el visado de fármacos
Redacción
Jueves, 15 de septiembre de 2016, a las 16:05
El PSOE ha presentado este martes una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados sobre la prestación sanitaria en los centros penitenciarios para que sea debatida en la Comisión de Sanidad. El texto reclama que se paralicen una serie de instrucciones del Ministerio de Interior que, a juicio del PSOE, “profundiza en la desigualdad de derechos de unas personas y otras a la hora de recibir un tratamiento médico”.
 
En concreto, la PNL se refiere a una instrucción enviada el 1 de junio de 2016 a los centros penitenciarios en los que se establece la obligación de un visado para dispensar los fármacos no recogidos en la Guía Farmacoterapéutica de Instituciones Penitenciarias. Además, recuerda que si el Ministerio deniega la autorización, el paciente deberá pagar el medicamento. Por eso, pide paralizar esta orden y anular la emisión de visados.
 
En opinión del PSOE, esta orden se trata de “una suerte de ardid” para eludir una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba una instrucción similar de septiembre de 2011. Esta orden ha permitido al Gobierno recortar el gasto farmacéutico en 8.107.595 millones de euros, según recuerda el PSOE, citando datos del Ministerio de Hacienda.
 
En un redactado especialmente duro, el PSOE describe las situaciones que esta última orden está provocando: dificultad de seguir tratamientos de crónicos no recogidos en la guía por nuevos reclusos, imposibilidad de prescribir nuevos tratamientos con mejor perfil terapéutico y la sustitución de tratamientos sin estar el especialista prescriptor presente.
 
La PNL concluye con la afirmación de que la “búsqueda constante del recorte presupuestario” por parte del Gobierno y “la indefinición competencial de la prestación sanitaria” en las prisiones no contribuyen a “solucionar los problemas de profesionales y pacientes”. Una situación que “contribuye a profundizar cada vez más en la distancia entre los reclusos y las personas en libertad”.