El plan de emergencias de la UE, bajo la lupa por falta de coordinación

La pandemia del covid-19 marcó un antes y un después en la organización de los estados. Desde entonces, gobiernos e instituciones internacionales trabajan para reforzar sus sistemas de preparación y mejorar la coordinación frente a posibles nuevas crisis. Ante este panorama, el Tribunal de Cuentas Europeo ha evaluado la propuesta de la Comisión Europea, que pretende unificar bajo un mismo marco legal la protección civil y la preparación sanitaria. La reforma supondría no solo un ajuste administrativo, sino también cambios significativos en la gestión financiera y operativa.

Los profesionales sanitarios también se verían afectados. Entre otras medidas, se plantea la creación de un nuevo Centro de Coordinación de Crisis para gestionar emergencias intersectoriales, que trabajaría junto al actual Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias. Sin embargo, el Tribunal advierte de que las funciones de ambos organismos no están claramente definidas y podrían generar confusión en momentos en los que la rapidez en la toma de decisiones resulta vital. Además, también se detectan posibles problemas en el ámbito de la financiación.

El análisis financiero de la nueva propuesta de la UE

La propuesta plantea destinar 10.700 millones de euros al nuevo marco entre 2028 y 2034, una cifra que supone casi triplicar los 3.600 millones asignados al Mecanismo de Protección Civil de la UE en el actual periodo presupuestario (2021-2027). Sin embargo, el Tribunal de Cuentas Europeo ha criticado la ausencia de un análisis técnico detallado que justifique este incremento. Además, señala que tampoco se ha aclarado cómo se repartirá el presupuesto entre la protección civil y la preparación ante emergencias sanitarias.

El organismo también señala riesgos en la gestión de los fondos. La ausencia de una asignación mínima obligatoria para actividades de prevención y preparación podría aumentar la discrecionalidad en el uso del dinero y, con ello, afectar a la transparencia y a la rendición de cuentas. Además, alerta del riesgo de doble financiación, ya que la existencia de varios programas europeos que cubren ámbitos similares podría provocar que una misma iniciativa reciba fondos de más de un programa.

Para los profesionales sanitarios, la reforma implicaría cambios relevantes. La preparación frente a crisis sanitarias, que hasta ahora dependía del programa EU4 Health, pasaría a integrarse dentro del marco de protección civil. La idea es crear un sistema más coordinado, en el que tanto las operaciones de respuesta como el almacenamiento estratégico de suministros médicos se gestionen bajo un mismo conjunto de reglas.

En este contexto, la Comisión plantea crear un nuevo centro encargado de coordinar crisis intersectoriales, que trabajaría junto al actual Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (ERCC). No obstante, el Tribunal advierte de que las funciones de ambos organismos no están claramente definidas, lo que podría generar confusión precisamente en situaciones en las que la rapidez en la toma de decisiones resulta clave.

Las carencias de aplicación en el ámbito sanitario

El informe también detecta lagunas en el diseño del marco sanitario. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la protección civil, la propuesta no incluye una lista clara de acciones financiables ni establece tasas específicas de cofinanciación para las actividades relacionadas con la salud, lo que podría generar incertidumbre entre las autoridades nacionales a la hora de planificar inversiones a largo plazo. Por último, la propuesta mantiene la coordinación de las principales agencias europeas de salud, como HERA, el ECDC y la EMA. No obstante, el Tribunal advierte que sus responsabilidades deben definirse con mayor claridad para evitar solapamientos y confusión, problemas que quedaron evidentes durante la pandemia, cuando la rapidez en la toma de decisiones fue clave.