El Gobierno lleva al Constitucional la subasta andaluza

Redacción. Madrid
Finalmente, el Gobierno ha decidido parar los pies a la subasta andaluza de medicamentos, y el pasado viernes el Consejo de Ministros anunciaba la presentación ante el Tribunal Constitucional de un conflicto positivo de competencias a la resolución del Servicio Andaluz de Salud que promueve la selección de medicamentos a dispensar en las oficinas de farmacia, la conocida como subasta andaluza de fármacos, que queda suspendida ante este planteamiento del conflicto al Constitucional.

La ministra Ana Mato, la consejera andaluza María Jesús Montero, y la secretaria genreal de Sanidad y Consumo Pilar Farjas.

La decisión adoptada por el Consejo de Ministros, avalada por un dictamen favorable del Consejo de Estado, se basa en lo que el Gobierno entiende como una vulneración “clara” de las competencias estatales, y por tres motivos diferentes: la subasta andaluza fija la regulación de prescripción de medicamentos sin tener competencia para ello, puesto que quien tiene la competencia en materia de legislación farmacéutica es el Estado; modifica la cartera básica de servicios establecida por el Estado, excluyendo prestaciones a las que podría acceder aplicando la normativa básica, y por último, establece un régimen que viene a modificar la cobertura de la prestación de financiación de fármacos del Sistema Nacional de Salud.

Hay que recordar que el Consejo de Estado emitió dos dictámenes en los que respaldaba que se recurriera tanto el Decreto Ley andaluz que regula el concurso público como la Resolución por la que la Junta de Andalucía convocó el procedimiento, al considerar que la iniciativa andaluza invade competencias estatales en materia de fijación de precios y rompe la equidad de acceso a los medicamentos.

El Gobierno agotó el plazo inicial de tres meses para presentar recurso, pero consiguió una prórroga de otros seis al activar el procedimiento negociador recogido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para resolver discrepancias entre Administraciones. De hecho, el Ministerio de Administración Pública y la Consejería de Presidencia de Andalucía habían constituido una comisión bilateral Junta-Estado para iniciar negociaciones y designar un grupo de trabajo que buscara soluciones.