Por dificultar el acceso “efectivo” de los ciudadanos a los servicios sanitarios



25 jun. 2012 15:46H
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Redacción. Almería
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba este martes la interposición del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el RD 16 /2012 de recortes sanitarios aprobado por el Gobierno central en abril al entender que lo “desmonta” al dificultar el acceso “efectivo” de los ciudadanos a los servicios sanitarios.

José Antonio Griñán.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha argumentado que el recurso se fundamenta, asimismo, en que el Real Decreto “invade” competencias autonómicas en alguno de sus articulados ya que el Estatuto andaluz recoge el derecho al acceso directo a los servicios sanitarios de toda la población sin distinción y “residan donde residan”.

Griñán lo ha anunciado este lunes tras el acto de inauguración de un consultorio en Los Gallardos (Almería) donde ha indicado que la norma aprobada el 20 de abril “vulnera” la Constitución al “no garantizar” el derecho a la protección de la salud reconocido en la Carta Magna y se lo “hurta” a los inmigrantes y a los colectivos “más desfavorecidos”.

Al hilo de esto, ha señalado que la decisión no debe ser interpretada “como un elemento de confrontación” con el Gobierno que preside Mariano Rajoy sino como un paso más de la Junta en la “defensa de un modelo” y en su intención de, “en la medida de nuestras posibilidades”, garantizar un sistema de salud “eficiente, que aporte riqueza y bienestar social”.

Griñán ha trasladado la necesidad de celebrar una conferencia de presidentes autonómicos “capaz” de establecer “donde se ha de priorizar el gasto público y donde se debe ahorrar” al tiempo que ha considerado que la comunidad “puede ser ejemplo en el tema sanitario” para otras regiones a la hora de aplicar políticas sanitarias “sin deteriorar y perjudicar el sistema de protección de salud”. Ha advertido, en esta línea y tras inaugurar las nuevas instalaciones en atención primaria en Los Gallardos, de que una política “indiscriminada” de control y de reducción del gasto público “no da resultados”.


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