El gasto hospitalario peca de descontrol con diferencias de precios del 97%

El Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias estructurales en la gestión del gasto farmacéutico hospitalario en Cantabria, Extremadura, Región de Murcia y La Rioja durante el ejercicio 2022. En estas comunidades (que carecen de órgano de control externo propio, según este informe) se identificaron prácticas generalizadas contrarias a la normativa de contratación pública, desigualdades significativas en los precios pagados por los mismos medicamentos y carencias en sostenibilidad, control de inventario y procedimientos asistenciales.

Según el informe fiscalizador aprobado el 28 de julio de 2025, la compra de medicamentos en los hospitales analizados se realiza en gran medida fuera del marco legal establecido por la Ley de Contratos del Sector Público. En el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria), el 99 % del gasto se ejecutó sin contrato. En otros centros, como el de Badajoz o el de Logroño, se detectaron fraccionamientos de contratos menores para eludir los límites legales, mientras que en Murcia se emplearon procedimientos negociados sin publicidad o sin expediente de licitación, sin justificación adecuada.

Además de las irregularidades contractuales, el informe revela una amplia dispersión de precios entre hospitales para un mismo medicamento. En algunos casos, las diferencias alcanzan hasta el 97 %, sin que se justifique dicha variación por la vía de compra empleada ni por condiciones logísticas. Esta disparidad pone en cuestión la eficiencia del sistema y evidencia la ausencia de una política de compras homogénea o coordinada.

El Tribunal también detecta deficiencias en el control de inventarios. En el Hospital San Millán–San Pedro de La Rioja, todos los almacenes (salvo el de pacientes externos) presentaron falta de fiabilidad entre las existencias físicas y las registradas, especialmente en productos de bajo coste como sueros y alimentación enteral. Esta falta de trazabilidad podría traducirse en desaprovechamiento de recursos o problemas de gestión logística.

En materia de sostenibilidad ambiental, uno de los tres objetivos transversales evaluados junto a la igualdad y la transparencia, solo el Hospital de Valdecilla contaba con protocolos establecidos para el uso de medicamentos en formato unidosis, mientras que el resto de los hospitales auditados se limitaban a consultar recomendaciones externas sin aplicarlas formalmente ni realizar seguimiento de su impacto.

Falta de dispensación ambulatoria

El informe también pone el foco en la falta de procedimientos normalizados en la dispensación ambulatoria. En el caso de La Rioja, el Tribunal constató que durante el periodo fiscalizado no existían protocolos oficiales de prescripción, validación y dispensación a pacientes externos, lo que representa una deficiencia en la calidad del proceso asistencial y un riesgo potencial en la seguridad del paciente.

En cuanto a la planificación presupuestaria, se observa una gestión muy deficiente en varias comunidades. Murcia ejecutó un gasto farmacéutico tres veces superior al presupuestado, mientras que Extremadura partía de una dotación inicial de cero euros para este fin. Estas desviaciones provocaron el retraso sistemático en los pagos a proveedores y la consiguiente generación de intereses de demora, que en el caso de Cantabria ascendieron a 1,45 millones de euros.

Pese al contexto general, el informe recoge algunas iniciativas de racionalización del gasto. La Región de Murcia presentó el mayor ahorro estimado, con 73,5 millones de euros atribuidos en parte a la contratación centralizada del Servicio Murciano de Salud. Asimismo, se identificaron buenas prácticas en el uso de biosimilares y en la dosificación ajustada por peso en inmunoterapia, aunque sin planes formalizados ni evaluación sistemática de resultados.

El Tribunal concluye que muchas de las irregularidades detectadas persisten desde fiscalizaciones anteriores y no se han corregido en las dos últimas décadas. Por ello, insta a las administraciones autonómicas a adoptar medidas estructurales urgentes en materia de contratación, planificación, gestión farmacéutica e interoperabilidad de los sistemas de información, para garantizar un uso eficiente, legal y equitativo de los recursos públicos.