El CES ve riesgo de desprofesionalización en la atención a la dependencia

El 12 de junio de 2025, el Ministerio de Derechos Sociales solicitó al Consejo Económico y Social (CES) un dictamen urgente sobre la reforma del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Esta reforma busca adaptar la normativa a la reciente modificación constitucional y a la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Entre sus novedades destacan la redefinición de la inclusión, la ampliación de derechos en salud, educación y empleo, y la promoción de la autonomía. Así, y aunque el CES celebra los avances normativos, también señala algunas carencias, poniendo el foco en la profesionalización de los cuidadores y demandando una formación reglada.

Qué dice el CES sobre las leyes de discapacidad y dependencia

La calidad de las prestaciones en el sistema de atención a la dependencia está directamente vinculada a la calidad del empleo en el sector, como establece la LAPAD en su artículo 35.3. En este sentido, y aunque se han logrado avances normativos y reglamentarios, CES advierte que aún queda un largo camino para mejorar las condiciones laborales y profesionales en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El Plan de Choque aprobado en 2021 incluyó la mejora del empleo como un objetivo clave para garantizar una atención de calidad, pero el CES considera que la normativa actual no aborda esta cuestión con la suficiente contundencia, poniendo en riesgo la profesionalización del sector.

Frente a la creciente demanda derivada del envejecimiento poblacional, se estima que para 2030 será necesario aumentar la plantilla entre 261 mil y 639 mil profesionales. Por ello, el CES subraya la necesidad de incorporar indicadores claros sobre cualificación, ratios y retribuciones para evaluar la calidad del empleo y fomentar la profesionalización.

Por otra parte, el citado organismo también destaca el fuerte componente de género del sistema, donde más del 80 pr ciento de las cuidadoras y beneficiarias son mujeres. Por este motivo, insiste en la necesidad de promover la formación profesional, reconocer la experiencia y fortalecer los derechos de las cuidadoras no profesionales, incluyendo la cotización a la Seguridad Social. Asimismo, advierte sobre el riesgo de desprofesionalización derivado de nuevas formas de convivencia, y demanda que cualquier cambio garantice la calidad, profesionalización y perspectiva de género, protegiendo así tanto a las cuidadoras como a las personas atendidas.

Un avance clave para la igualdad

Finalmente, CES valora positivamente el Anteproyecto de Ley que modifica el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Así, señala a esta iniciativa legislativa como un avance clave hacia la igualdad real de oportunidades y la garantía de derechos, en línea con los principios recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No obstante, también recuerda que el reconocimiento legal debe ir acompañado de mecanismos efectivos que aseguren su cumplimiento, seguimiento y evaluación.

Del mismo modo, CES destaca la necesidad de articular un sistema sólido de apoyos personalizados, accesibles y sostenibles que permita a las personas con discapacidad participar de forma plena en todos los ámbitos de la vida. Además, recuerda que cualquier mejora normativa debe contar con una financiación adecuada y estable, así como con un compromiso firme por parte de las administraciones públicas.