Covid-19: contratar más sanitarios costará 9.000 millones, según la AIReF

Este organismo cree que el aumento del gasto sanitario generado por la Covid-19 se estima entre 0,7 y 1 punto del PIB

Cristina Herrero.
Covid-19: contratar más sanitarios costará 9.000 millones, según la AIReF
vie 17 julio 2020. 10.10H
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima un gasto comprendido entre 7.010 y 9.595 millones de euros la contratación de personal sanitario de refuerzo para hacer frente a una segunda ola de coronavirus Covid-19.

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Así lo ha puesto de manifiesto en su nuevo informe sobre sobre ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, donde además empeorado sus previsiones de PIB, empleo, déficit y deuda para este año, un ejercicio en el que la economía española podría contraerse hasta un 12,4 por ciento, y retrasa a 2022 la vuelta al nivel previo a la crisis.

En este sentido, la AIRef considera que contratar a más personal sanitario de refuerzo, el pago horas extras e incrementos retributivos relacionados con el Covid-19, supondrá un importante impacto en el déficit, el cual no contempla el Gobierno español. Tampoco tiene en cuenta los gastos derivados de la de atención hospitalaria, gastos en productos farmacéuticos, material sanitario y otros gastos corrientes. Gastos en conciertos de asistencia sanitaria. Inversiones relacionadas con la repuesta sanitaria a la pandemia. Todo esto, según este organismo, costaría a las arcas públicas entre siete mil y nueve mil millones de euros.


El Gobierno tampoco tiene en cuenta en sus estimaciones los gastos derivados de la de atención hospitalaria y los conciertos sanitarios


Además, la AIReF expone en su informe que el aumento del gasto sanitario generado por la Covid-19 se estima entre 0,7 y 1 punto de PIB. Mientras que el gasto en la administración central se mantiene respecto al informe anterior.

La mala evolución del segundo trimestre -que arrojará una caída del PIB del 17,5 por ciento- ha llevado a revisar a la baja las previsiones de contracción económica para este año, hasta un 10,1 por ciento en un primer escenario -donde solo hay brotes locales-, 1,2 puntos más que en su anterior informe, y un 12,4 por ciento en un segundo escenario -donde es necesario un nuevo confinamiento-, 7 décimas más.

Pese a ello, en 2021, la economía española crecerá entre un 5,2 por ciento en el primer escenario (seis décimas más) y un 5,8 por ciento en el segundo (sin cambios), lo que dejaría el PIB español al cierre de ese año cinco puntos porcentuales por debajo del de antes de la crisis, un nivel que no recuperará al menos hasta la segunda mitad de 2022. El buen comportamiento de 2021 está relacionado, según la AIReF, con el aumento previsto del consumo y con las mejores perspectivas para el empleo tras la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Coste total de las medidas


La AIReF calcula el coste de todas estas medidas entre 46.065 y 54.001 millones de euros tras incrementarse entre 8 y 7 décimas de PIB con respecto a mayo por la aprobación del ingreso mínimo vital y la ampliación de los ERTE, entre otras iniciativas políticas.

La AIReF también modifica el reparto del déficit entre administraciones después de que la administración central haya compensado con transferencias a la Seguridad Social y las comunidades autónomas.

Con este aumento del déficit, la deuda pública se elevaría hasta una horquilla de entre el 117,6 por ciento (2,6 puntos más) y el 123,2 por ciento (1,2 puntos más) del PIB, por lo que incluso con equilibrio presupuestario la deuda no se situaría por debajo del umbral del 60 por ciento del PIB hasta al menos 2050.

Con esta receta sobre la mesa, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha recomendado al Gobierno que clarifique "cuanto antes" el marco fiscal aplicable a todas las Administraciones Públicas y, sobre todo, de cara a la elaboración del Plan Presupuestario y los presupuestos de cada administración.

Además, pide que se establezca una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera "realista" la sostenibilidad financiera de las Administraciones.

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