"Es necesaria una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial"

El senador y exsecretario general de Sanidad aporta su perspectiva al documento 'Lecciones del Covid-19'

Rubén Moreno Palanques, senador.
"Es necesaria una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial"
jue 21 mayo 2020. 09.10H
Con la colaboración de
Solo él ha sido secretario de Sanidad en dos gobiernos de España diferentes, bajo el mandato de José María Aznar (con Celia Villalobos de ministra), y años más tarde con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo y Alfonso Alonso de la cartera ministerial.

Su trayectoria en la gestión de la sanidad también incluye otras responsabilidades estatales (presidente del Insalud, secretario general de Gestión y Cooperación Sanitaria) y autonómicas (en los 90 fue director general del Servicio Valenciano de Salud y subsecretario de Sanidad).

Además de médico, Rubén Moreno Palanques es científico, con una dilatada labor investigadora en Estados Unidos. En España dirigió el Centro de Investigación Príncipe Felipe.

Después de dos legislaturas como diputado nacional, fue elegido recientemente senador. 

Su amplia experiencia se une a 'Lección del Covid-19 (qué ha aprendido el sector sanitario español ante la pandemia)', el documento que Redacción Médica pone a disposición de la reformulación del Sistema Nacional de Salud para evitar situaciones similares a la causada por el coronavirus en nuestro país.

¿Cuáles son los aciertos y errores que considera que se han cometido durante esta crisis?

Es opinión ya generalizada, nacional e internacionalmente, que hablar de errores en la gestión, en la planificación y en la toma de decisiones frente al coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) es describir la actuación del Gobierno central ante esta pandemia.

El Gobierno de Pedro Sanchez ha actuado tarde y mal ante todo lo que debería haber hecho frente al Covid-19, tanto antes como después de que se decretase el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

Ha actuado tarde en cuestiones como la suspensión de eventos multitudinarios, permitiendo la celebración de actos en la primera semana de marzo, o en la falta de aprovisionamiento de material sanitario de protección, y todo ello, a pesar de las advertencias de instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

El de 3 febrero, la OMS y la Unión Europea (UE) hicieron llamamientos para hacer acopio de material sanitario. Sin embargo, el Gobierno no vio necesario hacer compras adicionales -preventivas- para garantizar la protección del personal sanitario, y permitió la exportación de mascarillas durante un mes.

El 11 de febrero, la OMS advirtió de una nueva ventana de oportunidad para comprar equipamiento que le permitiera afrontar un posible contagio masivo. El Gobierno tampoco hizo nada.


"España se encuentra entre los peores países del mundo en lo relativo al número de casos de Covid-19 registrados"


El 13 de febrero, los Estados miembros de la UE llegaron a la conclusión de que había que vigilar el riesgo de desabastecimiento de medicamentos y equipos importados desde China. El ministro de Sanidad dijo que España tenía suficiente suministro de equipos personales de emergencia en ese momento, y que se estaba trabajando para seguir asegurando existencias en caso de una ampliación del brote. Pero en realidad no se hizo nada hasta un mes después cuando se anunció el estado de alarma.

Por si faltaba algo, el 27 de febrero la OMS acabó por reconocer la verdadera peligrosidad del virus, y recomendó actuar agresivamente para marcar la diferencia entre tener 1 caso y 100 casos en los días y semanas siguientes.

El 28 de febrero, Sánchez ya sabía que el 83 por ciento de los infectados venía de Italia, pero hasta el 10 marzo no hizo nada.

El 2 de marzo, ECDC y el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) advirtieron contra la celebración de reuniones multitudinarias, y sin embargo se permitieron conciertos, partidos de futbol, mítines de partidos políticos, y marchas multitudinarias por el 8M.

Pero si es un hecho objetivo que se actuó tarde, no lo es menos que también se actuó mal –difícilmente podría haberse hecho peor– en la adquisición de equipamiento de protección individual y material sanitario, con la compra de test y mascarillas fallidos, adquiridos a intermediarios sin experiencia en el sector salud, con domicilios fiscales desconocidos o falsificados, y cuyas implicaciones a todos los niveles, sanitarios, sociales, económicos y judiciales, aun estamos por dilucidar.

Han pasado ya varios meses desde el inicio de esta pandemia, de la que podríamos haber aprendido multitud de lecciones de otros países, y sin embargo, el Gobierno sigue dando muestras claras de falta de capacidad para su gestión. Y lo está demostrando en ámbitos como el diseño y la implementación de la desescalada, que tiene lugar a ciegas por no realizar pruebas diagnósticas generalizadas, ni utilizar sistemas digitales de rastreo de contactos, y sin la necesaria segmentación de la población por edad y riesgo.

La mejor prueba de esta actuación deficiente, es el hecho de que España se encuentra entre los peores países de todo el mundo en lo relativo al número de casos de Covid-19 registrados, a la cuantía de fallecimientos totales y por millón de población confirmados, al número de enfermos graves ingresados en las unidades de cuidados intensivos, y a la proporción de profesionales sanitarios contagiados, entre otras variables.

En cuanto a los aciertos, junto con actuaciones extraordinarias como el hospital desarrollado por la Comunidad de Madrid en Ifema en un tiempo record, lo mejor ha sido, sin duda, la respuesta de los profesionales sanitarios en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), que les ha consolidado como los profesionales mejor valorados y como el principal activo del propio SNS.


Ante una crisis similar futura, ¿qué medidas deberían adoptarse ya de forma preventiva en cuanto a recursos humanos, recursos materiales, y gestión/organización?

Si algo hemos aprendido en los meses que llevamos inmersos en la pandemia, es la necesidad de contar con un Gobierno competente y diligente para tomar las decisiones adecuadas y a tiempo. En ausencia del mismo, es muy difícil que cualquier sistema sanitario, por preparado que esté, pueda resistir a una pandemia de estas características.

Hasta ahora hemos asistido a continuos cambios de opinión y criterio del Ejecutivo central: primero las mascarillas no eran útiles y luego su uso ha de ser obligatorio; los test de diagnóstico rápido pasaron de ser esenciales a totalmente prescindibles; se ha cambiado en varias ocasiones el sistema de contabilización de afectados; se ha cambiado el criterio para la realización de test o para la reincorporación al trabajo de los profesionales sanitarios sintomáticos, o para hacer el diagnóstico entre los residentes de centros de la 3ª edad, entre otros. A ello hay que añadir la falta de transparencia: ¿Quiénes son los expertos que asesoran al ministro de Sanidad para decidir qué Comunidades Autónomas pasan de fase en la desescalada?, ¿cuáles son sus informes? ¿Qué criterios se han utilizado para seleccionar las empresas proveedoras de material sanitario?

Sin duda hay otras formas de abordar una pandemia de estas características. Más allá de las medidas que hemos propuesto desde la perspectiva económica, del empleo, y desde el punto de vista jurídico, hemos puesto sobre la mesa una serie de medidas en el ámbito sanitario cuya implementación garantizaría una respuesta ágil y efectiva ante futuras pandemias.
  • Aplicación masiva de pruebas diagnósticas para la caracterización inmunológica de la población mediante la realización masiva de test serológicos y PCR
  • Segmentación de la población en función de su riesgo para la protección y seguimiento activo de los más vulnerables, mientras se permite la vuelta a la actividad de los recuperados y susceptibles con menos riesgo
  • Puesta en funcionamiento del rastreo y seguimiento digital de los contactos, y el pasaporte biológico digital
  • Acceso rápido y efectivo al sistema sanitario, incluyendo el basado en la atención telemática, especialmente para personas de riesgo y contactos
  • Aumento de la flexibilidad y capacidad de adaptación de los centros sanitarios a una demanda de rápido crecimiento, mediante mecanismos previstos en planes continuamente actualizados
  • Creación de un 'pool' nacional de personal sanitario especializado que pueda desplazarse temporalmente entre CCAA
  • Depósitos de material de protección centralizados
  • Creación de un comité público de expertos de prestigio y trayectorias reconocidas

Son algunas de las medidas que proponemos, entre las que quiero destacar especialmente, la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial dirigida y coordinada por el Estado y con representación permanente de todas las CCAA.

En todo caso, es necesario desarrollar y mantener una estrategia nacional que nos prepare para responder a las amenazas que representan las enfermedades infecciosas emergentes, las pandemias, e incluso el bioterrorismo.

La capacidad de un país para responder a esos desafíos, que siempre estarán presentes, no se improvisa, se construye desde el liderazgo y gestión públicos, que son necesarios para crear y mantener un programa que integre todas las capacidades, públicas y privadas, suprima los obstáculos existentes, modernice la supervisión reguladora, y apoye las tecnologías transformadoras, incluyendo específicamente las plataformas de producción de vacunas. Solo así estaremos mejor preparados para afrontar sanitariamente la próxima emergencia en salud pública, cuya llegada es solo cuestión de tiempo.

¿Qué podría haber aportado el 'entorno político' que no haya podido hacer por la premura en el estallido de la crisis?

El término premura podría entenderse para el primer mes de la crisis, pero ya han pasado cuatro meses y no ha sido posible un mayor entendimiento político por falta de una voluntad real y sincera de diálogo y de consenso por parte del Gobierno central y del conjunto de partidos políticos que lo sustentan.

El Gobierno ha tomado decisiones sin valoración ni consulta previa con el principal partido de la oposición, ha criticado sin fundamento a CCAA en las que gobernamos, incluso nos ha faltado al respeto desde las tribunas del Congreso de los Diputados y el Senado, a pesar del apoyo incondicional que se les ha otorgado hasta hoy... y así es difícil sumar esfuerzos.

Desde el principal partido de la oposición, el Partido Popular, siempre se ha tendido la mano para cooperar, para hacer frente al virus, y se ha sido constructivo, incluso desde la necesaria crítica cuando la actuación del Gobierno no ha sido la correcta o adecuada en opinión de la oposición, realizando propuestas en línea con las realizadas por la OMS, el ECDC, los consejos de colegios profesionales..., propuestas que el Gobierno ha ignorado casi tantas veces como ha tenido que rectificar, asumirlas y sobredimensionar su presencia en los medios de comunicación para, finalmente, hacerlas suyas sobrepasado por los acontecimientos.


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