Función Pública ha informado de las propuestas recibidas para la ley de transparencia en grupos de interés

 El Gobierno estudia no considerar lobbies a los Colegios profesionales
Víctor Francos Díaz, secretario de Estado de Función Pública.


24 jun 2021. 13.50H
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El Gobierno valorar excluir de la categoría de lobby a los Colegios Profesionales, tales como los de Enfermería, Farmacia y Medicina, en el marco de la ley de Transparencia e Integridad en las actividades de los grupos de interés. En este sentido, el Ministerio de Función Pública ha recibido una propuesta que defiende que la naturaleza de estas organizaciones “es precisamente ser corporaciones de derecho público, representando intereses profesionales”.

Esta es una de las proposiciones que el Ejecutivo ha recibido durante el proceso de consulta pública a la que sometió el anteproyecto de ley de Transparencia e Integridad en las actividades de los grupos de interés, que entre otros objetivos persigue endurecer el régimen vigente en torno a los lobbies y prevenir las conocidas como “puertas giratorias”.

En un comunicado, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública pone de relieve el “consenso” que existe en torno a la decisión de “optar por un concepto amplio de grupo de interés” de manera que no solo se aplique a organizaciones o agencias que se dediquen “profesionalmente” a la actividad de representar a terceros ante los responsables políticos “sino que se incluya a todos aquellos que realicen actividades de influencia”.

El área que dirige Miquel Iceta ha informado del recibimiento de otras propuestas que sugieren que se incluya la expresión “para finalidades propias”, que indica que la actividad de influencia se desarrolla “dentro de la actividad propia de su objeto social, con otras funciones, “pero que en un momento o ante determinada circunstancia asumen puntualmente este rol de tratar que los intereses del grupo sean tomados en consideración”.

Respecto a la actividad de influencia ejercida directamente a través de departamentos especializados de organizaciones empresariales (“in-house lobby”), “se ha indicado la necesidad de establecer criterios objetivos para delimitar en qué supuestos se está ante una auténtica actividad de lobby”.

Más “publicidad y control” de los grupos de interés


Paralelamente, el Gobierno ha destacado que la mayoría de las propuestas son favorables a que se establezcan “derechos y deberes para los representantes de los grupos de interés”, especialmente para garantizar la “transparencia e integridad en sus actividades, así como el establecimiento de códigos de conducta de obligado cumplimiento”.

Asimismo, se han recibido consideraciones sobre la imposición de un régimen sancionador para los responsables públicos y los lobistas. “Es de resaltar algunas aportaciones que han demandado mayor publicidad y control respecto de los datos económicos de los lobbies para evaluar la independencia de estos, especialmente si reciben fondos públicos. En igual sentido, mayoritariamente se considera conveniente establecer limitaciones para el ejercicio de actividades privadas al cese de cargos públicos (las “puertas giratorias”) entre altos cargos y grupos de interés”, destaca.

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