Ribera Salud: "El Consell no tiene base legal para cambiar el convenio"

Otro ‘no’ tajante. Eso es lo que le ha contestado Ribera Salud a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ante la reiteración de modificar el convenio colectivo de Alzira, según el comunicado enviado por el gerente de este hospital, Javier Palau, a todos los profesionales y al que ha tenido acceso Redacción Médica. 

Y para argumentar su negativa, la concesionaria se apoya en hasta cinco argumentos. En el primero de ellos, afirma que este convenio se “decidió unánimemente” entre la empresa y los representantes de los trabajadores, por lo que “no corresponde a la Administración”. La concesionaria también alega que el Consell no tiene “la base de argumentación ni el sustento legal” para realizar juicios sobre el futuro laboral de estos empleados, así como para denegar el registro de este acuerdo, y más cuando –prosigue- “traslada seguridad jurídica a los profesionales y elimina la incertidumbre ante un posible escenario de finalización de la concesión administrativa”.

Y termina reafirmando su deseo de “asegurar las condiciones laborales de todos los profesionales del a UTE más allá del 31 de marzo de 2018” y que “pase lo que pase”, este convenio colectivo se mantenga vigente y no dependa de una nueva negociación de las condiciones laborales.

“Imposible para Sanidad asumir estos trabajadores”

Se trata de la segunda ocasión en la que la Generalitat Valenciana solicita a la concesionaria del Hospital La Ribera modificar la fecha de finalización del IV Convenio Colectivo que rige la situación laboral de estos trabajadores, para finales de marzo de 2018 (misma fecha en la que acaba el contrato con Ribera Salud) en lugar de diciembre de ese mismo año, fecha que aparece oficialmente en el convenio.

En su última alegación, la Consejería de Economía da los mismos argumentos que hace escasamente un mes, es decir, afirma que es “imposible para la Administración” admitir la plantilla de este centro (en su gran mayoría, personal laboral) porque esto supondría un agravio comparativo para el resto de trabajadores que ha superado unas oposiciones. O lo que es lo mismo, el Ejecutivo valenciano no garantiza la “asunción de todo el personal porque supone vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad” que caracterizan la función pública.

Por todo ello, el departamento que dirige Rafael Climent, como entidad laboral que registra y publica dichos convenios colectivos de la comunidad, ha exigido expresamente (y hasta en dos ocasiones) que se modifiquen todos los párrafos que permitan a los empleados de estas concesionaras acceder a la Administración pública. Una petición que parece provocar el distanciamiento con la Consejería de Sanidad, tal y como informa El Mundo, después de que Carmen Montón mandara un mensaje de tranquilidad hace escasas semanas que “estos trabajadores seguirán en sus puestos de trabajo”.

Acceda al comunicado interno del Hospital La Ribera