Redacción Médica
16 de julio de 2018 | Actualizado: Domingo a las 18:30
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Economía avisa: revertir Alzira acabará con 1.800 empleos sanitarios

"Si Puig ha decidido acabar con la concesión, debe asumir también sus trabajadores", defiende CESM

Rafael Climent, consejero de Economía de la Comunidad Valenciana, y Ximo Puig, su presidente.
Economía avisa: revertir Alzira acabará con 1.800 empleos sanitarios
Redacción
Lunes, 19 de septiembre de 2016, a las 19:00
El futuro laboral de los trabajadores de las concesionarias sanitarias de la Comunidad Valenciana corre peligro. Después de que la Generalitat anunciara la semana pasada que los trámites para recuperar la gestión del Hospital de La Ribera (ahora en manos de Ribera Salud) estan en marcha, su Consejería de Economía ha dado más detalles sobre la situación laboral de estos profesionales.

A través de un escrito oficial, la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo exige a la mesa negociadora (compuesta por la empresa y los representantes de los trabajadores) que cambie una cláusula del convenio colectivo que afecta a la subrogación de estos profesionales, tal y como ha podido saber Redacción Médica. ¿El motivo? Economía admite ahora que es “imposible para la Administración” admitir la plantilla del Hospital de La Ribera (en su gran mayoría, personal laboral) porque esto supondría un agravio comparativo para el resto de trabajadores que ha superado unas oposiciones. Es decir, el Ejecutivo no garantiza la “asunción de todo el personal porque supone vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad” que caracterizan la función pública. Pero esta petición no se limita solo a Alzira (cuya concesión expira en 2018), sino al resto de acuerdos y que caducan años posteriores.

Pero no solo eso. Economía entiende que “las partes no pueden firmar un convenio que vaya más allá de la fecha de expiración del contrato de concesión (fechado a 31 de marzo de 2018)”, y, sin embargo, el convenio colectivo expira a finales de ese mismo año, es decir, nueve meses después. Ribera Salud, por su parte, se defiende alegando que actualmente no existe comunicación oficial que manifieste la finalización de la concesión. 

Por todo ello, el departamento que dirige Rafael Climent, como entidad laboral que registra y publica dichos convenios colectivos de la comunidad, exige expresamente que se modifiquen todos los párrafos que permitan a los empleados de estas concesionaras acceder a la Administración pública. Una petición que desdice lo anunciado por el propio Ximo Puig hace escasos días, quien prometió  la reversión anticipada se hará “con la máxima seguridad jurídica y el mínimo coste para los valencianos”.

En concreto, el convenio colectivo especifica en su disposición adicional quinta que “la Generalitat Valenciana aceptará la subrogación de los empleados si cambia la titularidad de la empresa”. Es decir, en virtud de este acuerdo, la entidad que se queda con la gestión de las instalaciones asume también la plantilla y “sirve para reforzar lo establecido y tranquilizar a los profesionales en el caso de que se produzca la finalización del contrato de concesión”, indica este mismo texto. Una premisa que no está dispuesta a aceptar Economía, que rechaza de lleno la inclusión de la citada cláusula porque la subrogación “no se aplica automáticamente y, por lo tanto, no se puede completar como obligación para la Administración la asusción de todas las condiciones actuales”.

Una medida “ridícula” para los sindicatos

La propuesta de Economía no solo ha levantado ampollas entre las plantillas afectadas, sino entre los sindicatos que operan en esta comunidad autónoma. Para Andrés Cánovas, presidente de CESM-CV, esta medida es “ridícula e imposible de llevar a cabo”, ya que “si el Gobierno ha decidido revertir la concesión, debe asumir también sus trabajadores con la misma condición laboral que tenían”.

Cánovas hace referencia a los 1.800 empleados que trabajan bajo régimen laboral en el Hospital de La Ribera, frente a los 400 que lo hacen en régimen estatutario, y que, en su opinión, “su puesto de trabajo no corre peligro”, zanja.

Acceda al comunicado de la Consejería de Economía