Precio de la luz: la privada denuncia un "hachazo" de 90 millones al año

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha calculado el sobrecoste que el sector tendrá que asumir por el posible cambio unilateral de las condiciones de los contratos fijados con las eléctricas. La tarifa pasa del entorno de los 40 a los 120 euros por megavatio/hora, lo que "supondrá una factura complementaria al mes a la ya acordada de 7,5 millones de euros (90 millones de euros al año) para el sector de la provisión sanitaria privada".

ASPE ha indicado que los hospitales privados pagarán la minoración de ingresos de las eléctricas tras el Real Decreto-Ley 17/2021, de 14 de septiembre, definido por el Gobierno como “plan de choque para rebajar el precio de la electricidad”, por contener supuestamente medidas que “benefician a todos los consumidores, las pymes y el tejido industrial”.

"Ese plan de medidas se puede traducir en realidad ya desde el 15 de septiembre en una factura complementaria emitida por las eléctricas que triplicará el precio de tarifa previamente negociado, al sumar, a la tarifa negociada ya existente, la minoración aproximada de 80 euros por megavatio/hora que la nueva normativa establece para la generación eléctrica sin emisiones de efecto invernadero. Es decir, las grandes eléctricas pretenden trasladar el coste íntegro del RDL al sector hospitalario".

ASPE ha apuntado que gran parte de los contratos de los hospitales firmados con las grandes compañías eléctricas, como la comercializadora Iberdrola (las consideradas verticales, que no han sido excluidas de la nota aclaratoria del Ministerio al respecto del RDL), son negociados con antelación a su entrada en vigor, a precios fijos y por plazos que suelen ser de un año. En 2020, muchos de estos contratos de los operadores hospitalarios privados se negociaron para todo 2021 en el entorno de los 40 euros/MWh, precisamente para evitar la posible inestabilidad del mercado. Mucho antes de las subidas que el mercado está sufriendo en estos momentos.

Sin embargo, tras el RDL 17/21, con la "imposición del impuesto" a la generación de tecnologías que no utilizan el gas como medio de producción, y sin que los contratos establecidos a precios fijos en el período de aplicación del RDL salgan de la minoración, el sector hospitalario se ve gravemente dañado con un sobrecoste que las eléctricas pretenden repercutir íntegramente y que se vería reflejado desde este mes de octubre, cuando las empresas comercializadoras facturen "un sobrecoste inasumible para un sector muy castigado por la pandemia en 2020 y que empieza a recuperarse".

"Hachazo" de las eléctricas a la privada

La situación creada lleva ahora a los grupos hospitalarios a buscar alternativas a "este ‘hachazo’ tarifario que las grandes eléctricas pretenden imponer unilateralmente y en una posición de fuerza". Para Carlos Rus, presidente de ASPE, “rechazamos de plano que las grandes eléctricas se escuden en el RDL para trasladar a los hospitales una carga fiscal que en absoluto les corresponde asumir”.

Y añade “el espíritu del RDL es reducir los elevados precios que ponen en riesgo la competitividad de la economía y minorar los beneficios de las eléctricas que puedan resultar excesivos, no es en ningún caso repercutir esos impuestos al tejido productivo y de servicios, por lo que nos unimos a otras muchas otras voces empresariales y reclamamos que los contratos fijados con anterioridad a la escalada de precios del mercado eléctrico, a tarifa fija, para el período de vigencia de la minoración que decreta el RDL e independientemente de la comercializadora con que se hayan firmado, queden excluidos de forma clara de la aplicación de este RDL”.