La incógnita de Muface: bajo el ala de Función Pública o absorción del SNS

El reinicio de la legislatura ha reabierto el debate sobre el futuro del modelo de las mutualidades sanitarias, como Muface, una vez que se conforme un nuevo Gobierno. La posibilidad de que las competencias para su gestión migren de ministerio o que incluso los servicios sean absorbidos por el Sistema Nacional de Salud (SNS) forman parte del debate interno de los partidos. Sin embargo, los economistas consultados por Redacción Médica se han mostrado algo más conservadores en su diagnóstico y desaconsejan desviarse del camino marcado.

Una de las opciones sobre la mesa pasa por que las mutuas queden ahora bajo el control del Ministerio de Sanidad, ya que actualmente están gestionadas directamente por la cartera de Hacienda. Algunos altos cargos de Podemos sospechan que esta estrategia forma parte del ideario del Partido Socialista como mecanismo para seguir expandiendo el modelo de Muface, según ha podido saber este periódico. Aunque no se ha recogido ninguna referencia en el programa político de las elecciones de Pedro Sánchez.

Sin embargo, este giro de guion no lo respaldan los economistas. El analista de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Miguel Ángel García, ha apuntado que la gestión de las mutuas debería seguir formando parte de la estructura del Ministerio de Hacienda que actualmente dirige en funciones María Jesús Montero, ya que es la autoridad sobre el cuerpo de funcionarios que se beneficia de esta iniciativa. “Entiendo que salvo que el Gobierno establezca otro criterio, esa prestación debe estar en Función Pública”, ha apostillado.

La reconversión pública de Muface

La otra opción que hay sobre la mesa pasa directamente por la absorción de los servicios que ofrecen las mutualidades por parte de la sanidad pública. Es una iniciativa que Unidas Podemos ha repetido en varias ocasiones durante la última legislatura y que Sumar ha incorporado también en el programa electoral con el que Yolanda Díaz compitió el 23J.

Aunque desde la plataforma política no han querido fijar un calendario definido para la supresión de Muface, su objetivo pasa por ir trasladando de manera “paulatina, escalonada y programada” a los funcionarios hacia la órbita de la sanidad pública. Mientras que a la par se prohíba que las entidades locales puedan realizar nuevos aseguramientos privados colectivos para sus empleados con el fin de mitigar esta opción. 

García ha reconocido que esta “alternativa” llevaría a integrar a los funcionarios en los respectivos Servicios de Salud de las comunidades autónomas para que se les “trate como al resto de ciudadanos”. Aunque ha puesto en duda la viabilidad económica de una medida de este calado, lo que condiciona su futuro. “Esta decisión, no obstante, implicaría más personas a tratar con el mismo presupuesto”, ha zanjado.

El convenio actual de Muface establece un presupuesto total de 3.571 millones de euros para que las aseguradoras puedan ofrecer asistencia sanitaria a sus beneficiarios entre 2021 y 2024. Aunque la cifra representa un aumento del 10 por ciento en comparación con el anterior acuerdo, las compañías han advertido que el dinero no les permite cubrir los gastos debido a la inflación generada en el sector tras la Guerra de Ucrania o al aumento de actuaciones tras el Covid-19. Miembros como DKV ya han amenazado con salir del barco si no sube la prima un 40 por ciento a partir del próximo año. Algo que también condicionará el debate sobre el futuro del modelo.