La Airef contrata ayuda externa para recopilar información que se utilizará para el análisis encargado por el Gobierno

 Cristina Herrero, presidenta de la Airef, sobre la auditoría de Muface.
Cristina Herrero, presidenta de la Airef.


21 feb. 2024 10:10H
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Evaluar si la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) es rentable y eficaz es uno de los principales propósitos del Gobierno de España. Por ello, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que es la encargada de mirar con lupa si este modelo es útil, acaba de fichar a una empresa para que le dé el servicio de asistencia técnica para el desarrollo de este estudio. Así se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles.

Concretamente, se ha resuelto un contrato para dos lotes diferenciados. Por un lado, para llevar a cabo la revisión del gasto público referido a los instrumentos financieros del sector público reforzados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) parar el apoyo a la Pequeña y mediana empresa (PYME) y, por otro, para la asistencia técnica a la Airef para el desarrollo del estudio sobre la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo.

Tal y como se detalla en el documento oficial, el adjudicador es la Presidencia de la Airef y tras haber recibido dos ofertas en este segundo lote, el adjudicatario ha sido, finalmente, Analistas Financieros Internacionales, S.A. - Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. En cuanto al valor de la oferta, se cifra en 271.160 euros y está firmada por Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad.

De esta manera, se pretende que la Airef siga las órdenes dadas por Europa con el objetivo de que esta evaluación adjudicada por el Ministerio de Hacienda analice la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria del mutualismo y, en particular, "de la que se provee a través de entidades privadas".

Reparto de los gastos de la asistencia técnica


No obstante, la memoria justificativa publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público desglosa cómo sería el reparto de este contrato. El coste de personal representa el 85 por ciento del precio y asciende a 256.404,96 euros y en él se han tenido en cuenta tanto los costes de personal como las retribuciones salariales establecidas en el sector, de acuerdo con el Convenio colectivo de Consultoría, Estudios de Mercado y de Opinión Pública.

Mientras que en gastos directos, están aquellos que se asocian a la ejecución del contrato, como son los de adscripción al contrato de los medios materiales que le resulten imputables al adjudicatario. "Se ha estimado, de acuerdo con criterios de mercado, que dichos costes tocan el 2,5 por ciento del precio ascendiendo a 7.541,32 euros durante toda la vigencia del contrato", especifican.

En esta misma línea, la previsión de los costes indirectos llegan a 19.607,44 euros durante toda la vigencia del contrato, esto es un porcentaje máximo del 6,5 por ciento. Dentro de ellos están los gastos de la sede de la entidad, el personal de la empresa que indirectamente tenga relación con el servicio, el material de oficina, los gastos financieros, los seguros, así como los tributos de los que la entidad adjudicataria deba responder.

Además, en dicho contrato está también el beneficio industrial, que se incluye el margen empresarial sobre los costes del contrato. Se ha estimado, de acuerdo con criterios de mercado, un porcentaje máximo del 6 por ciento, lo que implica una previsión de 18.099,17 euros durante la duración del contrato. A lo que también habrá que sumar el 21 por ciento del IVA. El importe total llega a 365.000 euros.
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