No se esperan modificaciones de última hora en las condiciones



17 dic. 2014 20:01H
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Enrique Pita. Madrid
El concierto de Muface con SegurCaixa Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio Médico Quirúrgico de Cantabria para la prestación de asistencia sanitaria a sus mutualistas se firmará este jueves, tras varios días envuelto en la incertidumbre. En principio, las previsiones indicaban que sería el pasado lunes, pero el Ministerio de Hacienda optó por retrasar la firma en lo que se interpretó en algunos foros como un intento de ganar tiempo y presentar a las compañías alguna modificación en las condiciones que pudiera mejorar las propuestas de estas.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (izq.), y Gustavo Blanco, director general de Muface.

Fuentes del sector asegurador han señalado a Redacción Médica que estas modificaciones no se han producido y que en principio este jueves se van a firmar las mismas condiciones propuestas en octubre, entre otras, un incremento de la prima del 0,9 por ciento que las compañías han considerado desde el principio insuficiente para hacer frente a los costes de la asistencia sanitaria que prestan a los beneficiarios de Muface. Aun así, no es descartable que se produzca alguna sorpresa de última hora, aunque las mismas fuentes no confían en ello. En este sentido, fuentes ministeriales consultadas por Redacción Médica han preferido no pronunciarse al respecto.

De este modo, el Consejo General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) del viernes debatirá el concierto con el documento firmado sobre la mesa y una segura reducción de cuadros médicos y de oferta hospitalaria, como se ha venido confirmando en las últimas semanas. Precisamente en este sentido, fuentes del sector sanitario privado consideran que “la negociación del concierto para 2015 es un toque de atención a la Administración”, que debe decidir si apuesta decididamente por el modelo de mutualismo administrativo o no.

Los sindicatos temen una ‘desbandada’

Con la firma de este concierto se desvelarán algunas incógnitas, pero habrá que esperar a que transcurra el mes de enero para saber cómo se enfrentan los beneficiarios a estas novedades. Desde el ámbito sindical se teme que pueda producirse una ‘desbandada’ desde la sanidad privada a la pública, lo que conllevaría importantes incrementos en los costes de esta última y en otras variables como las listas de espera para pruebas diagnósticas. Sin embargo, desde el sector asegurador confían en que no se produzca una migración significativa, aunque cuentan con la posibilidad de que sí haya cierto trasvase.

En este sentido, el estudio ‘Rol de las aseguradoras privadas en la sostenibilidad del sistema sanitario público’, premiado por Edad&Vida el pasado mes de julio, aporta algunas pistas al respecto. Según este informe, dirigido por José Antonio Herce, tras homogeneizar los datos ajustando las diferencias entre el gasto sanitario público y el del mutualismo administrativo para hacerlas comparables, el gasto sanitario por persona en el colectivo de funcionarios es un 27 por ciento menor que el gasto por persona en la sanidad pública (723 euros anuales frente a 995), según datos de 2011.

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