Economía 'ajusta' el tamaño de la pyme sanitaria a causa de la inflación

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa está trabajando en un anteproyecto de Ley por el cual se modifican los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa. Esto puede afectar, por tanto, a las más de 160.000 compañías vinculadas a sanidad. A finales de 2022 en España se contaba concretamente con 163.997 compañías vinculadas a sanidad, según el Directorio Central de Empresas (Dirce) del Instituto Nacional de Estadística (INE). De estas, casi el 70 por ciento no tenía en ese momento asalariados: esta cifra baja hasta el 57,7 por ciento en el caso de clínicas médicas y odontológicas.

Con este anteproyecto de Ley se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), en lo referido a la presentación del balance abreviado y la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas con el fin de incorporar parámetros que definen a las sociedades pequeñas y medianas. Además, también se requiere adaptar normas referidas a estos umbrales. La estructura de la ley, por tanto, se basa en dos artículos, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales. Además, en la justificación de este proyecto, que ha salido en consulta pública, se basa en otra modificación de la Comisión Europea al respecto, donde la inflación es la principal 'motivación'.

En el primer artículo se modifica el mencionado texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Concretamente, se cambia el apartado 1 del artículo 257 y queda de la siguiente manera: podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a fecha de cierre de cada uno de ellos, como mínimo dos de estas circunstancias: que el total de las partidas en activo no supere los cinco millones de euros (en la ley actual está en cuatro); que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los diez millones de euros (ahora mismo la cifra se sitúa en ocho); y que el número medio de trabajadores empleados no sea superior a 50, al igual que ocurre en la actualidad.

"Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior", recoge el documento.

El artículo dos versa sobre la modificación de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de Cuentas y se cambia los apartados 9 y 10 del artículo 3. Con el cambio, las entidades pequeñas son aquellas que cumplan con, al menos, dos de los siguientes requisitos:

• Que el total de las partidas del activo no supere los cinco millones de euros (actualmente son cuatro).
• Que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los diez millones de euros (ahora mismo es de ocho millones).
• Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50 (número que se mantiene).

Por otro lado, las entidades medianas son aquellas que, sin tener la consideración de entidades pequeñas, durante dos ejercicios consecutivos (a la fecha de cierre de cada uno de ellos) cumpla con un par, como mínimo, de estas circunstancias:

• Que el total de partidas del activo no supere los 25 millones de euros (actualmente son 20).
• Que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los 50 millones de euros (en la ley sin modificar se especifica ahora mismo 40 millones de euros).
• Que el número medio de empleados no sea superior a 250 (este criterio se mantiene).

Cambio de la normativa Europea

En la exposición de motivos de este anteproyecto de ley se recuerda que la Comisión Europea ha variado alguno de los tres criterios de tamaño de las empresas (que son el total de balance, el volumen de negocios neto y el número de empleados durante el ejercicio). Los dos primeros se han modificado en un 25 por ciento "para ajustar los umbrales a los efectos de la inflación, como consecuencia de la tendencia en la zona del euro en los últimos años, especialmente en los dos últimos".

Este aumento de criterios de tamaño no solo reducirá el ámbito subjetivo de aplicación de requisitos de presentación, auditoria y publicación de los estados financieros, como para el de los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad.