Celima Gallego: “La cartera de servicios de las mutualidades está engordada”

Carlos Cristóbal. Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
El nuevo concierto de las tres entidades de mutualismo administrativo es uno de los aspectos de mayor actualidad esta semana. Con las primas congeladas y las aseguradoras pensándose su presencia en el modelo, la solución pasa por ajustar la cartera de servicios. Así lo piensa la gerente de la Mutualidad General Judicial, Celima Gallego, que ve necesaria una “lógica combinación de la ética de la responsabilidad y las convicciones” como base del concierto de la nueva Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) como referencia.

Mutualidades y aseguradoras están inmersas en la negociación de un nuevo concierto para 2014. ¿En qué punto se encuentra?

Las negociaciones están, en la parte que nos corresponde a las mutualidades de elaborar el borrador correspondiente y trasladarlo a las entidades con las que tenemos colaboración, que para Mugeju son seis desde el anterior concierto: SegurCaixa Adeslas, Asisa, Mapfre, DKV, Caser y Sanitas, además de la parte de nuestro colectivo que opta por el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Empezamos a trabajar antes del verano, por un lado partiendo de las peculiaridades de nuestro colectivo. Somos la mutualidad más pequeña, con 95.952 mutualistas y beneficiarios, pero creemos que nos caracterizamos por haber hecho siempre un uso racional de la oferta de asistencia sanitaria. Podemos destacarnos por no tener la premura de las otras mutualidades, pero hay un principio básico que se ha mantenido históricamente y se ha intensificado con los dos responsables de las otras mutualidades por la buena sintonía existente, que es la de trabajar en una línea de sinergia. Primero por interés de las tres, dado que a las entidades privadas les parecía más eficiente una propuesta conjunta cuando se les propuso la colaboración con el mutualismo administrativo.

Obviamente, el sentir del colectivo es no solo el de mantener el umbral asistencial sino incluso mejorar alguna deficiencia. No obstante, creo que es necesario hacer una lógica combinación de la ética de la responsabilidad y la de las convicciones. Entiendo las reivindicaciones, exigencias y sensibilidades del colectivo, pero creo que en este momento, en la que la partida presupuestaria del anteproyecto que conocemos es de, al menos, mantenimiento para la asistencia sanitaria, no podemos ofrecer un aumento de prima.

Gallego considera que ante las circunstancias es necesario adelgazar la cartera de servicios.

Este concierto se ha ido prorrogando anualmente, según estaba previsto,  y puede que este fuera el momento de revisar la oferta contenida en el mismo. El principio básico es adaptarnos y utilizar como referencia la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud. Hay prestaciones que nosotros estábamos ofreciendo que el SNS no ha ofrecido ni históricamente ni ahora, con toda la reforma del sistema sanitario público. Aspectos como el transporte sanitario no urgente, la reproducción asistida…hay una serie de prestaciones que estamos sopesando y ponderando. Hay algunas cosas, como la reagrupación de municipios, en las que se debe trabajar. Ahí estamos muy en línea con la propuesta de Muface.

Las negociaciones son siempre así. Las sugerencias de las entidades son estrategias empresariales que tienen en cuenta la valoración del coste-beneficio, aunque indudablemente creo que este nicho de mutualismo administrativo muy interesante para la sanidad privada. Y para nosotros es un distintivo, nuestra esencia.

Hablaba de sinergia con Muface e Isfas, pero, ¿cuál es la postura particular de Mugeju con respecto a qué se debe hacer en este nuevo convenio?

Mantener en todo lo posible el umbral asistencial es una prioridad. Además, debemos asegurarnos de que este concierto tenga una vida que le permita ser un instrumento de colaboración con cierta vocación de futuro. Es decir, que se establezca un sistema de prórrogas suficiente, como el que teníamos. Valoraremos el sistema de incentivos, dado que las primas no se pueden elevar y no queremos que nos ocurra como a Muface, que tenía un sistema de incentivos para las entidades muy ambicioso y ha sido incapaz de sostenerlo en las condiciones económicas actuales.

El concierto anterior se había quedado algo obsoleto. Por ejemplo, aún se proponían incentivos por la prescripción de genéricos cuando ahora hay obligación de hacerlo por principio activo. Por lo tanto, es algo que se va a suprimir. Estamos valorando la posibilidad de introducir otro tipo de incentivos por calidad de la prestación o, por ejemplo, incentivar a aquellas entidades que asisten a grupos de miembros más numerosos o con más mutualistas de una edad elevadas o unas determinadas patologías. Para ello se crearía una especie de fondo de compensación para esas entidades que acojan a los más frecuentadores de la asistencia sanitaria.

¿Sería este proceso, por tanto, una adaptación de los servicios a la situación económica?

Claro. La verdad es que en la asistencia sanitaria no se ha producido un recorte tan drástico como en las prestaciones sociosanitarias y sociales, donde ha habido recortes de hasta el 80 por ciento en las partidas presupuestarias correspondientes. Se ha procedido a una reducción muy severa, adaptando los servicios a niveles de renta muy estrictos. En cuanto a la asistencia sanitaria complementaria (prótesis dental, gafas…) también se han suprimido algunas.

¿Qué disposición han encontrado por parte de las aseguradoras? ¿Temen que alguna rehúse firmar el nuevo convenio?

No lo sé. Recibo a Caser la primera, y ellos sí nos han comunicado sus reservas acerca de la posibilidad de seguir colaborando con nosotros. Pero, de alguna manera, en la negociación y el diálogo que se establece a la hora de renovar un concierto ambas partes despliegan sus estrategias y planteamientos, como es lógico. Además, somos sensibles a sus preocupaciones por alguna cuestión, principalmente relacionadas con los diferentes precios por comunidades autónomas. Ese es un tema complicado. Hay una cuestión espinosa, que son los llamados conciertos rurales. Hasta ahora habíamos solventado esa utilización de los medios públicos por parte de alguien que no corresponde a dicho sistema a través de conciertos con las comunidades autónomas. En la última época hay algunas que se han negado, como Canarias y Comunidad Valenciana, mientras que en el resto de los casos, lo que se hace es abonar una cantidad per cápita. En ese sentido, la disparidad que se genera es enorme y a las entidades aseguradoras no les gusta. Ellos preferirían un baremo estándar que fuéramos capaces de concertar para que los precios fueran equilibrados, más homogéneos y más coherentes. Existe otra posibilidad, que consiste en abonar por cada acto médico. En vez de abonar una renta per cápita, cada vez que un mutualista precise, por residir en un territorio donde su aseguradora no tiene posibilidades, de atención en el sistema público, se pague por cada acto médico.

El acuerdo de las tres mutualidades cuenta con mantener los conciertos rurales, bien si es posible abonando una cantidad por cada uno de los eventuales usuarios o bien por acto médico. Veremos.

El mantenimiento de los conciertos, que es una de las principales reclamaciones del sector privado, supone además un balón de oxigeno para el mutualismo en un momento delicado.

Sí. Ellos tienen claro que en urgencia vital y otros aspectos el uso de medios públicos es necesario. Pero entiendo que en otros casos lo consideren una sangría desde el punto de vista económico. También hay reservas sobre la transfronteriza, la directiva comunitaria, que era un deber postergado del Estado español. No comparto esa preocupación porque la privada no tiene listas de espera, y la posibilidad de poder operarte o aplicarte un tratamiento está sometido a que haya lista de espera en el país de origen. No me parece un problema real y no creo que les presente mayor problema.

Volviendo al convenio, se ha planteado la posibilidad de realizar un ajuste en la cartera de servicios. ¿Es la única alternativa posible?

Sí, porque la prima es imposible subirla. Es imposible.

¿A qué servicios irían orientados dichos ajustes?

Adelgazar la cartera de servicios, que quizás es un concepto inquietante, consiste más que nada en adaptarla a las condiciones de la cartera pública. Estamos hablando de ajustar la reproducción asistida a lo que va a ser el desarrollo de la normativa que se va a implementar en el SNS. Hablamos también de temas como la periodoncia o beneficiarias en periodo de maternidad, continuidad asistencial, la agrupación de municipios… Yo creo que hay propuestas como la exclusión de los catálogos en papel que deben tenerse en cuenta para aligerar costes. Lo que tratamos es de asimilarnos al máximo posible con el Sistema Nacional de Salud. Todos los extras que de alguna manera se ofrecían deben moderarse.

¿Podría decirse que la actual cartera de servicios está hinchada?

No se puede acoger la propuesta de las entidades aseguradoras, que se basan en que cada uno ofrezca los medios de que disponga. Eso desvirtúa el modelo. Pero entre ese planteamiento de extremos y el de tener engordada la cartera de servicios con un montón de prestaciones que van a correr a cargo de las entidades privadas, hay un término medio. Y es precisamente ahí donde estamos trabajando.

También se ha barajado la posibilidad de reducir los cuadros médicos. ¿Es algo que podría suceder?

Trataremos que no, porque la gente es muy sensible a eso. Es cierto que hemos retocado los niveles de oferta de especialidades. Se han reordenado porque la obligación de presencia de medios en determinados lugares y determinadas asistencias se ha revisado y se ha actualizado.

¿Corre peligro el modelo del mutualismo administrativo?

Yo diría que no. Hubo una propuesta que se refería a la creación de sinergias comunes para las tres mutualidades con el objetivo de racionalizar esfuerzos y trabajar en la misma línea. Parecía un anuncio no tanto de la desaparición del modelo, sino de una fundición de las tres mutualidades en una como primer paso hacia su supresión. Defendimos el modelo actual porque funciona perfectamente, liberando de carga al SNS y satisface a los funcionarios. Además, el sistema público podría no estar preparado para los dos millones de mutualistas.

A pesar de seguir una línea similar a las otras mutualidades, Gallego defiende las particualridades de Mugeju.

También hemos defendido la singularidad de Mugeju. Es cierto que todos somos funcionarios, pero en nuestro caso, sirve de soporte al colectivo que sirve a un poder del Estado, en este caso el judicial, y necesita de su grado de independencia. Es verdad que muchas condiciones son las mismas, pero creo que la historia también cuenta de alguna manera justifica la singularidad de cada mutualidad. De momento no hay intención concreta, pese a que sea un lugar común y algo que siempre ha estado en el amiente, replantearse el hecho de que los funcionarios tengan un régimen especial. Yo creo que a la función pública no se le pueden pedir más sacrificios en estos momentos.

¿En qué situación se encuentra Mugeju actualmente?

Este ha sido un año duro, en el que hemos tenido que hacer ajustes en prestaciones que afectan a colectivos muy vulnerables y que, por supuesto han sido muy desagradables para nosotros. Pero ha sido inevitable, dado ha habido una reducción del crédito del 80 por ciento. Eso ha sido lo más doloroso.

En materia de inversiones, la congelación o rebaja está siendo sistemática, por lo que nos estamos limitando a consolidar inversiones anteriores. Continuamos trabajando en el portal de mutualista, el registro electrónico y tratamos de combatir el desaliento. No son tiempos fáciles y el nivel de crispación es alto. Aunque debo decir que estoy orgullosa de la capacidad de comprensión de mi colectivo, porque pensaba que las reacciones iban a ser mucho más negativas. Yo creo que, con transparencia y explicando por qué se hacen las cosas, la gente lo entiende.