Sanidad se abre a renovar el Real Decreto que regula la publicidad en salud

En el pasado mes de marzo, el Consejo General de Dentistas hizo un llamamiento, a través de la prensa especializada, para aprobar cuanto antes una ley de Publicidad Sanitaria que “proteja al consumidor” de prácticas engañosas y de desinformación en el ámbito de la salud bucodental. Y es que, ante la presencia de anuncios no regulados en las redes sociales, los peligros crecen. Por ello, el Partido Popular preguntó al Gobierno si se está trabajando en medidas concretas para esto. Por su parte, el Ejecutivo ya ha adelantado que se está estudiando la actualización del Real Decreto que regula la publicidad sanitaria, con el objetivo de adaptarlo a los nuevos canales de comunicación y reforzar la protección de los pacientes.

La petición del Consejo General de Dentistas al Gobierno

Así pues, el Consejo General de Dentistas reclamó la aprobación de una ley estatal de Publicidad Sanitaria que establezca límites claros y específicos a las afirmaciones comerciales en el ámbito de la salud. Según la institución, es urgente contar con un marco legal que regule una comunicación cada vez más presente en medios digitales y redes sociales, donde los mensajes pueden ser confusos o incluso engañosos.

Por tanto, los dentistas subrayan que los contenidos publicitarios en el sector sanitario deben basarse en hechos comprobables, nunca en percepciones subjetivas que puedan inducir a error o generar falsas expectativas entre los pacientes. Insisten en que toda información dirigida a la ciudadanía debe ser rigurosa, veraz, comprensible y sustentada en criterios clínicos y evidencia científica actualizada.

La respuesta del Ejecutivo a una nueva Ley Publicitaria

De esta forma, el Ejecutivo en respuesta a la pregunta planteada por el Partido Popular de si se van a tomar acciones sobre esta solicitud, ha informado de que está considerando, a través del Ministerio de Sanidad, la posibilidad de actualizar el Real Decreto 1277/2003. Esta norma establece las bases generales para la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Así, el objetivo de la revisión sería “definir los requisitos mínimos de la autorización y publicidad de centros, además de actualizar las definiciones de unidades, centros y establecimientos, actualizar las definiciones de unidades, centros y establecimientos, así como actualizar el articulado consolidando las normativas autonómicas actualmente vigentes”.

La reforma busca reforzar la seguridad jurídica y la homogeneidad del sistema sanitario en todo el territorio nacional. En este contexto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), órgano clave de coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado, desempeñará un papel fundamental en la promoción de la cohesión del sistema y en la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos.

Asimismo, el Gobierno ha subrayado que la participación de la sociedad civil y del colectivo sanitario será un pilar esencial en este proceso. Por ello, esta implicación se garantizará, al menos, mediante el trámite de audiencia pública, que permitirá recoger las opiniones y aportaciones de ciudadanos, profesionales y entidades afectadas.