La regulación de la denominada
'violencia obstétrica' (entendida como aquella ejercida por un profesional a su paciente durante el proceso del parto) continúa generando polémica entre el colectivo médico. La profesión ya expresó su total rechazo a este término que consideran
"injusto" y que esperan no menoscabe su valor como profesionales sanitarios.
Algo que el Gobierno ha salido a desmentir, asegurando que
no existe falta de confianza de la ciudadanía hacia los
profesionales sanitarios que prestan sus servicios en la sanidad pública. En respuesta escrita a la cuestión formulada por
Vox, niega que la incorporación del neologismo pueda conllevar la "alteración de la confianza en ginecólogos, obstetras y matronas que prestan sus servicios en el SNS", tal y como sugería la formación.
El Ejecutivo destaca que dicha confianza es, además, "merecida y reside en el buen hacer de los profesionales sanitarios por su dedicación y vocación". Sobre todo, en estos últimos tiempos, con de "gran esfuerzo y sacrificio en su labor diaria" frente al Covid-19.
Recuerda además que son las comunidades y ciudades autónomas, las competentes en el abordaje del de la atención al parto a través de sus servicios sanitarios, "al haber recibido todas las competencias sanitarias".
Competencia autonómica en la realización de cesáreas
Preguntado acerca del "posible incremento del número de cesáreas en los servicios de Obstetricia y Ginecología", el Ejecutivo remitía a la formación a las publicaciones del Ministerio de Sanidad sobre la Atención al Parto Normal, en las que se incluyen los casos de cesárea.
El Ejecutivo recuerda que las sociedades científicas también abordan esta situación y tienen protocolos y recomendaciones sobre el
uso adecuado e inadecuado de la cesárea como método de intervención ante el parto.
Precisamente la cesárea, junto con la
maniobra de 'Kristeller', es una de las técnicas más criticadas en la asistencia al parto. Aunque reconocen no "ser conscientes" de practicar violencia obstétrica y aplican cierta autocrítica, los especialistas en Ginecología creen que el problema principal recae "en la falta de comunicación entre profesional y paciente".
En cualquier caso, desde Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) creen que el término
"criminaliza las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y la ética médica".
Recientemente, el Ministerio de Igualdad, dirigido por
Unidas Podemos, promovía la
reforma de la Ley del Aborto. En ella se incluye un apartado por el que se pretende impulsar una estrategia que
acabe con la violencia obstétrica para un “parto respetuoso”.
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.
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