El SNS avanza en la desburocratización de otra parcela sanitaria clave

El Ministerio de Ciencia lanzará un proyecto piloto dirigido a reforzar la financiación de los grupos de investigación de excelencia, incluidos los vinculados al ámbito sanitario, así como a flexibilizar la burocracia del proceso. Según ha avanzado la titular del departamento, Diana Morant, se trata de un “nuevo modelo de financiación basal” que priorizará la flexibilidad “sin reducir los costes directos” que perciben los profesionales.

Durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados, que esta semana acoge el debate de las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, la ministra de Ciencia ha ofrecido algunos detalles de este nuevo proyecto piloto, el cual ha englobado dentro de la estrategia de impulso a los profesionales investigadores que se pretende desplegar en 2023.

Entre otras mejoras, Morant ha apuntado a la mayor estabilidad de los investigadores del Sistema Nacional de Salud (SNS), que suscribirán un contrato indefinido “por defecto”.

“Además, gracias a este Presupuesto reforzaremos la financiación de los grupos de investigación de los grupos de investigación de excelencia”, ha añadido. Esto supone, entre otros efectos, un incremento de los costes directos “del 21 al 25 por ciento” de este tipo de proyectos innovadores “para fortalecer a las instituciones”.

“Es un nuevo modelo de financiación menos burocrático y más flexible”, ha zanjado la ministra.

Nueva Ley de Ciencia

Los grupos del Congreso dieron luz verde el pasado junio a la Ley de Ciencia, que entre otras novedades recoge el desarrollo de la carrera investigadora para el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

Más allá de la citada modalidad de contrato indefinido vinculado al desarrollo de actividades científicos-técnicas, la norma establece un nuevo itinerario posdoctoral que busca reducir la edad de entrada al sistema y facilitar la incorporación estable al mismo. En concreto, diseña un nuevo contrato de hasta seis años, con una evaluación intermedia que conlleva promoción y una evaluación final, que permite obtener el certificado R3.

Este certificado facilitará consolidar una plaza permanente porque se exime de parte de las pruebas de acceso y porque se reserva un mínimo del 25 por ciento en los puestos en los organismos públicos de investigación y del 15 por ciento en universidades.