El Congreso tumba una dirección central en salud para emergencias rurales

El Partido Popular quería blindar la prestación de servicios públicos esenciales, entre los que se encuentra la sanidad, en los municipios rurales de pequeño tamaño ante posibles emergencias. Bajo la sombra del recuerdo de la DANA y del apagón del 28 de abril, el grupo parlamentario liderado por Alberto Núñez Feijóo ha llevado al Congreso una Proposición de Ley para incorporar un Nuevo Criterio de Emergencia de Interés Nacional. La iniciativa insta a establecer una protección prioritaria cuando no pueda garantizarse la prestación de los servicios públicos necesarios para mantener funciones sociales básicas, como la seguridad o la salud. Sin embargo, la mayoría de los grupos parlamentarios se ha opuesto a la propuesta. Con todo, el resultado de la votación ha sido de 177 votos en contra y 170 a favor.

Nuevo Criterio de Emergencia de Interés Nacional

La Proposición de Ley llama a introducir un nuevo supuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, el de Emergencia de Interés Nacional. Este se aplicará cuando una crisis afecte simultáneamente a más de siete municipios rurales de una misma comunidad autónoma o a más de cinco repartidos entre dos comunidades.

En materia sanitaria, la propuesta establece una disposición adicional que regula que los municipios deberán recibir una protección prioritaria cuando no puedan garantizar, por sí mismos o en coordinación con otras administraciones, la prestación de los servicios públicos esenciales. En la práctica, esto permitiría que, en caso de emergencia, se movilizaran con carácter urgente los recursos necesarios para asegurar la continuidad de la asistencia médica, el suministro farmacéutico, el traslado de pacientes o el funcionamiento de centros de salud.
Además, se prevé que la Administración General del Estado financie la actualización de los Planes de Protección Civil y promueva formación específica para la población designada, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta local.

La declaración de esta protección prioritaria corresponderá a la Delegación del Gobierno, que deberá coordinar la actuación del conjunto de administraciones implicadas para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de los ciudadanos del ámbito rural. “Que los vecinos no vuelvan a quedarse sin teleasistencia. Que ningún pueblo vuelva a quedarse tirado en medio de una emergencia”, ha explicado el diputado del Partido Popular, Tomás Cabezón, durante la presentación de la iniciativa ante el pleno de la Cámara Baja.

Resultado de la votación

Sin embargo, la gran mayoría de los grupos parlamentarios se han opuesto a la Proposición presentada por el Partido Popular. En su argumentario, han defendido que vulnera la constitucionalidad en materia de bloque de gestión de competencias. “Se declaran insolventes”, ha señalado el diputado de Bildu, Mikel Otero, durante el turno de debate. Además, son muchos los que se han hecho eco de su explicación ante el Congreso para retratar la falta de “rigor” de la iniciativa.

“En la Comunidad Autónoma del País Vasco las nevadas están en el catálogo de riesgos de Protección Civil”, ha recordado. Con esto, ha explicado un ejemplo práctico de la aplicación de la Proposición de Ley con una tormenta de nieve fuerte en el entorno rural de Álava. Según lo dispuesto, en lugar de aplicarse el Plan Foral de Nevadas, habría que activar la Emergencia de Interés Nacional. “Esto supone que la dirección de la emergencia pasaría directamente a manos del ministro Marlaska, supone que se despliega la Unidad Militar de Emergencia (UME), que está en Zaragoza, y que la dirección operativa por la Ley 37.4 de Protección Civil recaería directamente en el general jefe de la UME, que está en Madrid. Y que todos los medios de todas las administraciones, desde los bomberos hasta los quitanieves, pasarían a estar bajo el mando del general jefe de la UME”, ha explicado.

Además, la reposición de los servicios básicos de salud, bienestar social o conectividad, si fallan, pasarían a estar bajo la responsabilidad del Gobierno español. “¿Se dan cuenta de lo que está proponiendo para una nevada de un valle de Álava?”, ha añadido. Finalmente, la votación de la propuesta se ha saldado con 177 votos en contra y 170 a favor.