Feaps estima en 24.200 euros el gasto extra anual para las familias con una persona con discapacidad intelectual

Nuria Martín. Madrid
La media de sobreesfuerzo económico que asumen las familias de personas con discapacidad intelectual en España es de 24.237 euros al año, una cifra que en el caso de las personas que tienen una mayor necesidad de apoyo llega a alcanzar los 47.237 euros. Ésta es la conclusión del estudio que ha realizado la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Feaps).

El informe aporta otro dato importante y es que la cifra media ha crecido desde 2008 en 4.966 euros, debido a “los recortes sociales y el actual sistema de copago de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal”, ha señalado Juan Pérez, vicepresidente de Feaps.

Tal cuantía  media se ha alcanzado al analizar aspectos como los costes por tiempo –horas de atención que necesita la persona con discapacidad intelectual-, por ejecución –asociados a la compra de un producto o servicio bien específico bien necesario para la vida diaria- y de oportunidad –en el ámbito laboral-.

Juan Pérez, Cristina Gutiérrez, Ricard Valls y Enrique Galván.

Así lo ha explicado el director del estudio, Ricard Valls, quien ha añadido sobre este último punto que de este colectivo trabaja sólo una de cuatro personas, lo que supone una tasa de actividad del 28 por ciento frente al 77 por ciento del conjunto de la población. Además, la tasa de paro alcanza el 35 por ciento y el salario medio es un 56 por ciento menor frente a una persona sin discapacidad intelectual.

Estos costes, que de media alcanzan los 39.543 euros, se ven reducidos por las medidas compensatorias establecidas por las administraciones públicas a través de prestaciones, subvenciones o deducciones fiscales, que alcanzan 9.334 euros de media en nuestro país. Esto supone, destaca Valls, que “en ningún grado son suficientes para absorber los costes que genera la discapacidad en la persona y en la familia”.

El estudio presentado por Feaps concluye que este sobreesfuerzo incide a corto plazo en la pérdida de capacidad adquisitiva y, a medio plazo, en la descapitalización de las familias. Además, a largo plazo afecta a la posibilidad de que los familiares puedan percibir prestaciones contributivas, al tener que renunciar a trabajar o a hacerlo sólo a tiempo parcial.

En definitiva, señalan desde la entidad, estas condiciones impiden que muchas personas con discapacidad intelectual puedan desarrollar un proyecto de vida digna e incluso en muchos casos las familias están en grave riesgo de exclusión social. Por ello, exigen una legislación que articule las necesidades de estas personas y acabar con el copago confiscatorio que, según puntualizan, “anula por completo la política social en España”.