Belén González, comisionada de Salud Méntal.                                             
                                        
                                        
                                            El 
Ministerio de Sanidad pondrá en marcha un
 nuevo proyecto con el objetivo de abordar y erradicar prácticas controvertidas en el tratamiento de la salud mental, como las
 contenciones mecánicas, los tratamientos farmacológicos no consentidos, y los 
ingresos involuntarios. Así lo ha anunciado la comisionada de Salud Mental, Belén González, que ha sido la encargada de presentar el 
nuevo plan de acción para el periodo 2025-2027, que ha definido como “el más ambicioso” de su organización hasta la fecha.
"Estas prácticas vulneran la 
Convención de Derechos de Personas con Discapacidad", ha declarado González durante la 
Comisión de Sanidad de este jueves. Con esta premisa, y con el fin de erradicar ese tipo de prácticas, la comisionada ha destacado que se pondrán en marcha una serie de medidas, entre las que se recogen tanto "
modificaciones normativas y legislativas", como planes de formación a profesionales y a la ciudadanía.
Según ha detallado, se trata de un proyecto que contará con la implicación de la inspección del 
Ministerio de Sanidad, junto a un
 trabajo interministerial, el reemplazo de estructuras institucionalizadoras por otras comunitarias, y un trabajo con las 
comunidades autónomas "para modificar la cartera de servicios con perspectiva de derechos".
"Esperamos que cuente con el
 respaldo de la ciudadanía, los expertos en primera persona, los profesionales, los ministerios implicados, así como las autonomías y los partidos políticos. Vamos a iniciar el camino para ampliar, blindar y hacer cumplir los 
derechos de los pacientes que sufren trastornos mentales".
Entre las medidas concretas, González ha destacado la 
inclusión de expertos "en todos y cada uno de los proyectos, desde su inicio hasta su puesta en marcha". Además, también ha anunciado el inicio "
inmediato" de un estudio sobre la situación de la 
institucionalización en la salud mental, lo que marcará el comienzo de este plan de acción integral.
Para su puesta en marcha, la comisionada ha destacado que este plan conllevará
 financiación a las comunidades autónomas para fomentar que los cambios necesarios se hagan con la mayor rapidez y eficacia posible.
	
	Menos fármacos y más "prescripción social"
Además de este proyecto, González ha profundizado en el ya conocido 
plan integral para la deprescripción de psicofármacos. Tal y como ha detallado, este también se centrará en la "mejora" del uso de los mismos, con programas dirigidos tanto a
 Atención Primaria como a la red de salud mental especializada y a la población. "Vamos a crear 
materiales formativos a disposición de los clínicos, como guías o cursos", ha explicado la comisionada.
Al mismo tiempo, ha destacado la necesidad de 
promover la "prescripción social" como una 
alternativa a los tratamientos farmacológicos. "Si alguien necesita 
acompañamiento porque sufre soledad no deseada, deberíamos poder prescribirlo", ha explicado. "Queremos que esta alternativa sea más frecuente y eficaz", ha señalado.
Para ello, tal y como ha detallado, es necesario llevar a cabo una "
coordinación" con agentes y Servicios Sociales, así como barrios y ayuntamientos. "Las comunidades tienen la capacidad de curar y cuidar", ha sentenciado. Para estudiar la mejor manera para poner en marcha esta iniciativa, la 
Comisión de Sanidad se reunirá con la 
dirección general de Servicios Sociales.                                         
                                        
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