Las CCAA invertirán 950.000 euros en personal para la Red de Salud Pública

El Ministerio de Sanidad ha diseñado ya el borrador para la creación de la futura Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, que se encargará de detectar potenciales amenazas sanitarias en todo el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS). Aunque el grueso de la financiación corre a cargo de los Fondos Europeos, el Gobierno ha contabilizado ahora una inversión adicional de casi un millón de euros a la que tendrán que hacer frente las comunidades autónomas para garantizar la presencia de personal de guardia las 24 horas del día.

La memoria del anteproyecto de ley ha cifrado en 946.000 euros el impacto económico que tendrá en las distintas regiones el despliegue de un sistema de emergencias y alertas sanitarias que opere en todo momento y los 365 días del año, tal y como se especifica en el artículo 23 de la normativa. Once comunidades autónomas ya disponen de un modelo organizado de guardias para garantizar este servicio, pero el resto deberán contratar sanitarios para tener, al menos, a dos personas por semana en cada provincia.

El resto de la financiación para el desarrollo de esta nueva institución que dependerá del Ministerio de Sanidad se ha logrado fundamentalmente a través de la inyección económica derivada del Plan de Recuperación. En total, el presupuesto asciende hasta los 27,4 millones de euros, de los cuales 16,2 millones se han transferido a las comunidades autónomas y el resto se gestionará a través de la Administración General del Estado.

¿Cómo funcionará la Red de Salud Pública?

Más allá del desembolso económico, el borrador que el Gobierno ha sacado a audiencia pública también recoge los detalles sobre cómo se articulará esta Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, que recabará información tanto de las administraciones públicas como de los sujetos privados. Además de detectar precozmente cualquier alerta, también se encargará de asistir a las autoridades públicas y a la ciudadanía en la toma de decisiones, así como de evaluar las políticas públicas aplicadas.

La estructura contará con seis sistemas de vigilancia diferentes adaptados a varios campos del conocimiento (enfermedades transmisibles, no transmisibles, salud laboral, ambiental y respuesta rápida). Mientras que se evaluarán fundamentalmente amenazas de cinco orígenes diferentes: biológicas, químicas, ambientales, nucleares o desconocidas.

El proyecto también contempla la creación de un registro estatal de vacunaciones dependiente del Ministerio de Sanidad pero en el que todas las comundiades autónomas estarán "obligadas" a aportar sus datos. La nueva hoja de ruta ha establecido que este sistema de información deberá estar operativo como tarde un año después de que la norma entre en vigor. 

Los laboratorios de referencia del SNS

Entre las grandes apuestas para materializar esta red figura el establecimiento de un registro con los laboratorios nacionales de referencia que trabajarán de manera coordinada con la unidad central para facilitar los análisis. Cualquier empresa pública o privada podrá presentar su solicitud para incorporarse a este grupo durante un periodo de cinco años hasta que el Ministerio de Sanidad evalúe de nuevo si cumple con los criterios.

Para poder contar con esta etiqueta, es necesario que el laboratorio cuente con experiencia técnica y científica, disponga de los recursos tecnológicos y el equipo suficientes, de cobertura en todo el territorio nacional, cumpla con las normas de bioseguridad, disponga de un sistema de información accesible, participe en actividades de investigación y pueda demostrar su “imparcialidad” ante un potencial conflicto de intereses.

En todo caso, el proyecto todavía se encuentra en fase de borrador. El Ministerio de Sanidad ha abierto un plazo para que las organizaciones o personas a título particular puedan presentar sus aportaciones antes del próximo 2 de marzo. Un requisito previo para que la norma pueda pasar por el Consejo de Ministros.