Los consejeros de País Vasco y Castilla- La Mancha han pedido al Ministerio el reinicio de las negociaciones

Los consejeros de País Vasco y Castilla- La Mancha han pedido al Ministerio el reinicio de las negociaciones, pero la ministra se niega.
La ministra de Sanidad, Mónica García.


La oposición al Estatuto Marco de Sanidad se extiende también entre las consejerías ajenas al Partido Popular.  El rechazo autonómico se hizo tangible antes del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), y ahora se ha vuelto a hacer evidente. Este miércoles, tanto el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, como el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, han pedido a la ministra de Sanidad que retire el actual proyecto de Estatuto Marco y abra una nueva negociación con los sindicatos y las comunidades autónomas. Ante estas declaraciones, fuentes del departamento de García han confirmado a este medio que se mantiene firme  en su propuesta. El departamento insiste en que “ha hecho su trabajo” y que ahora  el reto de la armonización de condiciones les corresponde a las comunidades autónomas.

La oposición de las consejerías al Estatuto Marco de García


Muy crítico se ha mostrado el consejero del País Vasco, que ha denunciado que la tramitación del Estatuto Marco "ha seguido un camino unilateral, sin las comunidades autónomas y sin los profesionales, introduciendo elementos de fractura que se han traducido en meses de huelgas y tensión sostenida en todo el Sistema Nacional de Salud". Frente a ello, ha defendido la necesidad de "retirar el Estatuto Marco y empezar de nuevo, ampliando consensos y construyendo una base compartida con las comunidades y los profesionales sanitarios", con especial atención a las demandas del colectivo médico. De hecho, en una entrevista reciente en Redacción Médica ya habló de la necesidad de poner solución a la situación de los facultativos a partir de la aprobación de "un marco singular para la profesión médica".

En este sentido, Fernández Sanz se ha mostrado bastante más conciliador. Además de reclamar un reinicio de las conversaciones, ha apelado a la cordura de los convocantes de la huelga. "Vamos a ser sensatos y vamos a medir bien el impacto que está teniendo", ha expresado, insistiendo en que los paros están teniendo importantes consecuencias  en Castilla-La Mancha.

La huelga médica indefinida amenaza al SNS


En el fondo de la cuestión resuenan las amenazas de las organizaciones médicas de convocar una huelga indefinida tras los meses de verano. Desde el comité de huelga ya explicaron que esta decisión respondía a "una ausencia total de propuestas" por parte del gabinete ministerial. Así, si la situación no cambia y no se alcanza un consenso entre médicos, comunidades autónomas y Ministerio antes de septiembre, la presión sobre el Sistema Nacional de Salud aumentará. Pese a ello, el consejero castellano manchego se mantiene optimista y confía en que finalmente la huelga no llegue a convocarse. "Vamos a intentarlo porque en Castilla-La Mancha ha afectado mucho", ha confesado.

Por su parte, Alberto Martínez ha mostrado su apoyo a los profesionales médicos y ha defendido la necesidad de incorporar al debate  estatal "más diálogo, más corresponsabilidad y más acuerdo, también en la definición del marco normativo que regula la profesión médica". En este punto, cabe recordar la carta que todo el bloque autonómico, a excepción de Cataluña, envió antes del último Cisns.  Los consejeros subrayaron  entonces la necesidad de alcanzar un “acuerdo de ámbito estatal” para poner fin al “conflicto” generado por el Estatuto Marco. Destacaron también que Ministerio de Sanidad es el que tiene la “capacidad normativa para modificar el Estatuto Marco y dar respuesta a las demandas planteadas”. "Es precisamente el contenido y la tramitación de esta norma lo que ha motivado la actual convocatoria de huelga de ámbito estatal, dirigida al Ministerio", sentenciaron,

Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad, que actualmente está valorando las aportaciones recibidas durante el proceso de audiencia pública del proyecto de reforma del Estatuto Marco, insisten en que la desescalada del conflicto depende ahora  de las comunidades autónomas. Aseguran que son ellas las que tienen las competencias para aplicar las reformas necesarias y mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
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