La norma 'colisiona' con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el Estatuto Marco

Los médicos ven "inviable" tener plaza fija sin examen hasta cambiar la ley
Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).


12 nov. 2021 15:00H
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Los funcionarios de la administración que se encuentren en situación de interinidad y que lleven cinco años en su plaza pasarán a ser fijos sin necesidad de realizar una Oferta Pública de Empleo (OPE). Una medida acordada entre el Gobierno y los grupos de ERC y PNV que, sin embargo, podría “no ser muy factible” con la actual legislación de nuestro país. Así lo asegura Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), a Redacción Médica, donde apunta que esta propuesta es “inviable” según lo establecido en normas como el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) o el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

“Con la situación legal actual no resulta muy factible llevar a cabo lo aprobado respecto a los interinos que lleven 5 años en una misma plaza, pero parece haber compromiso de todos los grupos políticos favorables a esta medida para introducir todas las enmiendas legales necesarias para que salga adelante”, comienza del Pozo, subrayando que la medida ‘colisiona’ con las citadas normas respecto a la forma de acceso a la condición de funcionario o personal estatutario. “Cuando se hizo ese planteamiento por parte del entonces ministro Iceta hubo una respuesta jurídica y en alguna institución ya se comentó que habría que hacer muchos cambios legales para que se pudiera llevar a cabo”, sostiene.

Soluciones a la alta temporalidad y precariedad


Asimismo, desde CESM aseguran seguir “pendientes” de que se articule una solución al problema de la alta temporalidad y la precariedad, “muy variable” entre las diferentes CCAA, algunas de ellas con situaciones “muy graves”. A este respecto, el sindicato aboga por encontrar una solución “que garantice la igualdad y que contente a todos los profesionales”. “No pueden resolver el problema de unos perjudicando a otros”, agrega.

Por ello, ante esta situación, el secretario general de CESM aboga por articular una solución para todos. “Antes de hacer una estabilización debe haber un concurso de traslados permitiendo al resto del personal fijo optar a una serie de plazas, todo ello adaptado a los mecanismos legales pero ofreciendo una solución a la temporalidad para fijos, interinos, eventuales, etc. Articular una solución para todos y a partir de ahí, como ya hemos planteado en ocasiones anteriores, opciones de manera anual o bienal para todos los temporales que se van generando”, remarca del Pozo, subrayando que se está queriendo resolver un problema similar al que se produjo con la OPE de 2001 “cometiendo los mismos errores”.


CSIF afronta la medida antitemporalidad "con prudencia"


Por otro lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que garanticen la seguridad jurídica en el proyecto de Ley sobre temporalidad para evitar que los tribunales tumben los procesos selectivos y ocasionen más perjuicios al personal temporal.

CSIF afronta la tramitación de esta norma con prudencia. “No podemos hacer una valoración precisa hasta conocer el resultado de las enmiendas pactadas entre los diferentes grupos parlamentarios y el texto final de la norma”, apunta el sindicato.

En este sentido, CSIF considera necesario aclarar los criterios para determinar que las plazas que hayan estado cubiertas durante más de cinco años (con anterioridad al 1 de enero de 2015) se cubran por el sistema de concurso. “Hay que recordar que el Tribunal Supremo modificó su jurisprudencia y estableció que aquellos contratos temporales que excedan de los tres años se consideran abusivos”, explica la organización sindical.

“Los grupos parlamentarios también deben aclarar si esta enmienda afecta a todas las plazas, o solo a aquellas que no han salido a oferta de empleo público”, concluyen.
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