Las profesiones diseñan un armazón legal que proteja su autonomía colegial

Las profesiones sanitarias han movido ficha para evitar que el Gobierno siga adelante con la modificación del Real Decreto que atribuye a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) el poder de evaluar los códigos deontológicos de los consejos generales y los colegios autonómicos de profesionales antes de su aprobación. El trámite de audiencia al Real Decreto se ha saldado con 88 alegaciones presentadas por distintos consejos y colegios de diversas profesiones, quienes piden que se paralice esta normativa.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) ha instado al Ministerio a retirar este proyecto de Real Decreto, justificando este intento de asemejarse a la directiva europea de "intromisión desproporcionada" a la autonomía normativa y organizativa de consejos y colegios. Además, señalan, al igual que otras profesiones, que el proyecto no dispone de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN): "Es especialmente necesaria para entender las motivaciones de la Administración toda vez que el Proyecto no consta en el Plan Anual Normativo de 2023 y que se ha omitido el trámite de consulta pública. Ninguna de estas carencias de motivación se solventa en la parte expositiva del Proyecto".

"Los colegios ordenan la profesión, pero no la regulan. Esta ordenación, que cristaliza en la deontología, es la esencia del colegio profesional; siendo éste es la instancia idónea, por la acumulación de conocimientos y de experiencia de sus miembros, para enjuiciar las conductas profesionales. Así, el colegio es la garantía frente a la sociedad del correcto ejercicio de las respectivas profesiones", añaden desde el Cgcom. El listado de alegaciones de los médicos concluye que, al no considerar que la normativa no se ajusta a derecho, insta a la retirada del proyecto. 

La supervisión previa de los códigos deontológicos es, como indican los médicos, una "antigua aspiración" de la autoridad estatal de competencia, por lo que consideran que se ha tramado una reforma del test de proporcionalidad "como excusa para llevar a efecto esa aspiración". "El principio de autonomía normativa de los Colegios Profesionales, que encuentra su máxima expresión en los códigos deontológicos, implica que, ni siquiera cuando se exige la participación gubernamental en el proceso de aprobación, se va más allá de un control de legalidad. Por lo tanto, si ni siquiera donde ya está establecido un procedimiento bifásico se permiten valoraciones de oportunidad, tanto menos será posible allá donde no existe habilitación de rango legal para efectuarla", insisten. Estas alegaciones redactadas por el gabinete jurídico de la Organización Médica Colegial, han servido de ejemplo para la gran mayoría de los colegios de médicos de España, que se han adherido a ellas.

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"La Administración emplea justificaciones desacertadas para esta reforma y usa el test de proporcionalidad como excusa para implantar una antigua aspiración para controlar los códigos deontológicos"

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Alegaciones de los médicos de Madrid y Baleares

A estas alegaciones del Cgcom, se adhiere el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Médicos y hasta 41 colegios de médicos. Además, dos de ellos han presentado unas alegaciones extra a las del Cgcom. Por un lado, el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, quienes indican que el proyecto normativo supone una "intromisión" en la autonomía normativa y organizativa de los colegios a la hora de ordenar la profesión, ya que esta se halla "reconocida constitucional y legalmente".

El Colegio Oficial de Médicos de Baleares aporta, entre otras alegaciones, que la exigencia de independencia y objetividad de la evaluación "no implica necesariamente que deba supervisarse por un tercero distinto del redactor de la norma reguladora". Además, añade que la Administración emplea "justificaciones desacertadas" para esta reforma: "Realmente se usa el test de proporcionalidad como excusa para implantar una antigua aspiración por parte de las autoridades de competencia para controlar preventivamente los códigos deontológicos". 

Más profesiones sanitarias presentan alegaciones

Los médicos no han sido la única profesión sanitaria que ha presentado alegaciones. El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería indica en las suyas la petición de proceder a la retirada del proyecto "a la vista de las irregularidades" y añaden que la intervención de la CNMC supone una "intromisión inaceptable" en el sistema de autorregulación profesional. A estas alegaciones se adherido el Colegio de Enfermería de Ávila.

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"Esta modificación es un paso más para desnaturalizar a las profesiones"

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El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos aporta un 'extra' en caso de que el proyecto no se pueda retirar: "Se ofrece una propuesta de redacción alternativa consistente en que sean los propios colegios, y no la CNMC, quienes efectúen la evaluación de proporcionalidad. En el caso de que no se acojan las pretensiones anteriores, se insiste en la falta de habilitación competencial de la CNMC para efectuar el informe propuesto, de modo que se propone una redacción alternativa que otorgue esta tarea al Ministerio competente", indican. Por su parte, el Colegio de Farmacéuticos de Alicante también se adhiere a esta petición.

Otras profesiones sanitarias que se suman a las alegaciones son el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España y los respectivos colegios de Madrid, Galicia, Extremadura, Asturias y Baleares quienes insisten en que si, a pesar de ya tener estos controles, se considera necesario introducir otro, se propone que sea el Ministerio competente y no la CNMC el encargado de asumirlo.

El Consejo General de Fisioterapeutas de España está incluido en el documento, al igual que los colegios de Asturias y Andalucía, y son críticos con el Real Decreto: "Esta modificación es un paso más para desnaturalizar a las profesiones. Se está reduciendo al profesional al cumplimiento de reglas generadas de manera externa y se trata de una injerencia en el principio de autonomía colegial. La propuesta denota un profundo desconocimiento de la función deontológica y del régimen de autorregulación de las corporaciones colegiales".

A todas estas profesiones sanitarias se adhieren el Consejo General de Ópticos y Optometristas, el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos, el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos, además del Colegio Oficial de Psicología de Galicia.

La Abogacía pide modificar el RD

El Consejo General de la Abogacía Española también participa en estas alegaciones al RD. Esta profesión insiste en que la modificación pretendida parte de unas "premisas erróneas", desconociendo el principio de autorregulación corporativa consagrado constitucionalmente en el artículo 36 de la Constitución, así como "un ataque a la misma", a la regulación contenida en la Ley 2/1974, instituyendo un "intervencionismo falto de motivación y encomendado a un órgano que en principio entendemos que carecería de competencias para ello".

"Este Real Decreto, al introducir la necesidad de un informe preceptivo, vulneraría el principio de reserva de ley consagrado en el
artículo 79 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que exige expresamente que tratándose de informes preceptivos deban incluirse en los procedimientos correspondientes por una disposición legal. De este modo, no puede incluirse la obligatoriedad de informe por una norma de carácter reglamentario, como ocurre en el presente caso", concluyen.