La Sociedad de Patología Dual exige otro CI para blindar la salud mental

La Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) y la Fundación Patología Dual han criticado el bloqueo “de algunas comunidades autónomas” a la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (SNS) y han instado a los poderes públicos a convocar otro Consejo Interterritorial donde se apruebe el proyecto de forma extraordinaria.  

Según esta sociedad científica, el bloqueo a la actualización de la estrategia por estas comunidades autónomas supone una negativa a las propuestas que han sido producto de dos años de trabajo desinteresado de aproximadamente 150 personas entre psiquiatras, psicólogos, representantes de asociaciones de familias, enfermeras, trabajadores sociales y representantes de sociedades científicas.

Por esta razón –argumentan en un comunicado– “resulta intolerable que se antepongan sus intereses políticos a los intentos de mejora de la salud mental de los ciudadanos en todo el territorio nacional”.

Y añaden que “como directamente implicados en el cuidado de la salud mental de nuestro país, se va a producir una reacción de asociaciones de familias, profesionales y sociedades científicas exigiendo explicaciones sobre esta negativa a asumir las propuestas referidas, y que el Consejo Interterritorial se reúna de forma extraordinaria y, por una vez, anteponga a las personas que padecen enfermedades mentales, y aprueben la Estrategia Nacional”.

Entre las propuestas que incluye la estrategia se encuentran las siguientes: la integración y coordinación de la intervención y del tratamiento de las personas con Patología Dual; contar con las sociedades científicas; realizar y evaluar un plan de intervenciones en la lucha contra el estigma y la discriminación social dirigido tanto a la población general como a pacientes y familiares, medios de comunicación y sistema educativo así como aumentar el número de personas con trastornos mentales que reciben el servicio de empleo con apoyo o empleo protegido.

Asimismo, se reclama en el proyecto que las comunidades autónomas dispongan de un plan de Promoción de Salud Mental y Prevención de los trastornos mentales; una mejoría en el manejo y la detección del riesgo suicida en Atención Primaria; la implantación del Código de Riesgo de Suicidio, y, además, la atención a las personas cuidadoras, familiares y allegados de personas que han fallecido por un suicidio consumado.

También se incluyen como peticiones, entre muchas otras, “que las comunidades autónomas potencien el desarrollo de grupos de autoayuda, escuelas de salud y todo tipo de iniciativas comunitarias para la prevención de la soledad y las situaciones vitales estresantes así como el fomento de la resiliencia y la salud mental positivas”.