CESM y Satse reclaman hasta 5 puntos más pero Sánchez vincula el aumento en el SNS al acuerdo del sector privado

El pacto de rentas destroza la subida salarial 2023 de médicos y enfermeros
Manuel Cascos y Gabriel del Pozo.


18 abr 2022. 18.30H
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Medicina y Enfermería han recibido con escepticismo el anuncio de Pedro Sánchez sobre el aumento del sueldo de los funcionarios públicos, que según el presidente del Gobierno dependerá de lo que surja del llamado ‘pacto de rentas’ entre patronales y sindicatos. Lo cierto es que las condiciones que han puesto sobre la mesa las partes negociadoras están lejos de satisfacer las demandas de CESM y Satse, que piden para el próximo año subidas salariales de entre el 6,5 y el 7,5 por ciento para evitar la pérdida de poder adquisitivo de estos profesionales ante el incremento de la inflación.

Esta es la respuesta de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato de Enfermería (Satse) a las declaraciones del jefe del Ejecutivo, que, en una entrevista a Antena 3, explicó que “la evolución de la negociación” sobre el salario de los funcionarios públicos, incluidos los del ámbito sanitario, estaría ligada a un ‘pacto de rentas’ enfocado a repartir el coste de la inflación entre profesionales y empresas.

Por el momento, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) defiende tomar como referencia la inflación subyacente, de forma que el incremento del sueldo sea del 3,5 por ciento este ejercicio y del 2,5 por ciento en 2023. Son subidas similares a las que reivindican los sindicatos (3,4 y 2,5 por ciento, respectivamente), aunque estos rechazan renunciar a las cláusulas de revisión salarial.

Dichos incrementos, en cualquier caso, no satisfacen las expectativas de médicos y enfermeros. Desde CESM indican al respecto que si la inflación se sitúa en el próximo año en el 7,5 por ciento, esta debería ser la subida “mínima” de los salarios.

Pérdida progresiva de poder adquisitivo 


Fuentes de la confederación subrayan que sus reclamaciones se han centrado desde hace años en recuperar los recortes en la paga extra de 2010 y los trienios, “algo que aún no se ha producido”. En este sentido, apuntan que “no se trata de mantener el poder adquisitivo que se recortó y no se ha recuperado”, sino de alcanzar “unas retribuciones más acordes a la responsabilidad de los profesionales, incluidos los MIR”.

“En definitiva, además de recuperar los recortes tenemos pendiente una actualización de las retribuciones, incluidas las horas de guardia, para acercarnos a las de Europa, algo que han defendido incluso los políticos, a quienes solo queda pasar de los dichos a los hechos”, recalca la confederación, que añade que “debería producirse una subida en todos los conceptos fijos del 150 por ciento unido a un cambio en el Estatuto Marco para que las guardias se reconozcan al fin como horas extra y puedan retribuirse como tales”.

"Todo esto, en el caso de los residentes, debería sumarse a un incremento salarial de 500 euros mensuales", concluyen.

Al igual que los médicos, Enfermería viene reclamando desde antes de la pandemia un incremento salarial mínimo anual del 6,5 por ciento y denuncia que, desde el recorte salarial del 5 por ciento impuesto en 2010 por el Gobierno estatal, los y las enfermeras sufren "una progresiva pérdida de poder adquisitivo que alcanza el 30 por ciento".

Fuentes de Satse apuntan que "no es acertado ni lógico" que el Gobierno pretenda vincular el aumento del sueldo de los funcionarios públicos, incluidos los sanitarios, a la negociación colectiva que está llevando a cabo con patronales y sindicatos.

"Desconocemos las razones que mueven al Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de pretender relacionar dos realidades laborales completamente diferentes, como son el ámbito público y el privado, el cual, además, también se rige por acuerdos y negociaciones distintas en función de la actividad o empresas", sentencian estas mismas fuentes, que sugieren que, con esta propuesta, el Gobierno "busca ganar tiempo" en lugar de acometer una "necesaria" subida salarial para los trabajadores públicos.
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