La subida de tasas europeas a los genéricos no es compatible con el ahorro, advierte la patronal

Belén Crespo y Beata Stepniewska.

Marcos Domínguez. Madrid
La implantación desde Europa de importantes directivas para garantizar la calidad y seguridad de los medicamentos, como las de Farmacovigilancia y Ensayos Clínicos, ha llevado aparejado un aumento de las tasas para cualquier procedimiento regulatorio en el continente. Esto, denuncia Beata Stepniewska, subdirectora de la Asociación Europea de Genéricos (EGA), “contradice el papel de esta industria” como reguladora del precio de los medicamentos al tener que aumentar el precio de los productos para no ver peligrar su rentabilidad.

Stepniewska ha realizado estas declaraciones durante la vigésima Conferencia Anual de la EGA, que se desarrolla en Madrid. En una mesa dedicada a analizar el impacto de los costes regulatorios en el acceso a estos fármacos, ha advertido del peligro de cortes en el suministro ciertos productos. Y es que las tasas se han incrementado entre un 20 y un 30 por ciento, los laboratorios están aportando entre 200.000 euros y dos millones en la instalación de las bases de datos que exigen las nuevas medidas europeas, y la adaptación a la normativa de medicamentos falsificados también exige un grave esfuerzo económico. “Necesitamos un mecanismo sostenible para la financiación de los procesos regulatorios”, ha concluido la subdirectora de la EGA, que ha sugerido medidas como un precio según cantidad o un impuesto específico destinado a este aspecto, como el que hay actualmente para medio ambiente.

En dicha mesa ha figurado como invitada Belén Crespo, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), que ha hecho hincapié en que la nueva regulación sirve para mejorar el compromiso de las administraciones y la industria con los ciudadanos. Sin embargo, también ha señalado la necesidad de aumentar la coordinación entre autoridades centrales y estatales para “evitar duplicidades”. También ha considerado necesaria una política de comunicación active que transmita la importancia del trabajo de los reguladores.

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