Los directivos no temen la nueva evaluación del SNS: "Ya se viene haciendo"

La aprobación del proyecto de Ley de Gestión Pública no ha alterado los biorritmos de los directivos del Sistema Nacional de Salud (SNS), que defienden que las medidas de evaluación y rendición de cuentas que ampara la norma ya se aplican en los centros de gestión directa. Lo que va a hacer el Ministerio de Sanidad, aventuran, es plasmar sobre un texto legal “algo que ya se hace”. Pese a ello, aguardan con interés la “redacción final” de una Ley para la que piden “voluntad política” y el “compromiso de las instituciones”. 

Hace una semana, Sanidad anunciaba por todo lo alto la aprobación en Consejo de Ministros de esta Ley de Gestión Pública, que, de salir adelante en las Cortes Generales, se convertirá en el faro del Gobierno para detectar irregularidades en la dirección de hospitales y poner “coto al lucro” en el Sistema Nacional de Salud (SNS). En efecto, el departamento de Mónica García pondrá el foco con especial intensidad sobre la gestión indirecta, aunque en el cuerpo de la norma se enfatiza también la necesidad de realizar un mayor esfuerzo en la evaluación del desempeño y la rendición de cuentas de las administraciones públicas.

---

"Que levante la mano quien no se haya visto sometido a estos trabajos de intervención"

---

“Las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), en el ámbito de sus competencias y atendiendo a los principios de transparencia, participación democrática, integridad y competencia, deberán dotar a las organizaciones y centros sanitarios públicos de instrumentos de buena gobernanza para ampliar y reforzar la autonomía, flexibilidad y agilidad en la gestión, la participación profesional y de la ciudadanía, la rendición de cuentas y la gestión profesionalizada en los centros sanitarios que forman parte del Sistema Nacional de Salud, a fin de contribuir a la eficiencia, evaluación y mejora continua de los mismos, sean gestionados de forma directa o indirecta”, reza el documento.

Incertidumbre sobre los efectos de la Ley de Gestión Pública

“No vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva normativa porque ya lo estamos”, comienza José Soto, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), quien si bien no desprecia la opción de plasmar en un proyecto de Ley las medidas para la transparencia en la gestión de los hospitales públicos, considera que esta no trastocaría el funcionamiento de los centros. “Sería poner en un papel lo que ya se viene haciendo”, zanja.

En este sentido, incide en que los administradores de los hospitales de gestión directa “hace años que se ven sometidos a una evaluación periódica constante” por parte de la Administración General del Estado (AGE). “Que levante la mano quien no se haya visto sometido a estos trabajos de intervención”, sentencia.

Jesús Sanz, presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), concede que la propuesta de Ley de Gestión Pública “puede fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”. No obstante, considera que su éxito a la hora de garantizar un buen control de la gestión de los centros “dependerá no solo de su redacción final”, sino también de “cómo se implemente en la práctica”.

El máximo responsable de ANDE considera esencial, en este aspecto, que exista “voluntad política” y un “compromiso de las instituciones” para conseguir un “seguimiento y evaluación” de la gestión de la sanidad.